Una encuesta de la FAO determina que la pandemia profundizó la falta de ingresos en los hogares de la ruralidad.

Punto Noticias. Uno de los efectos de la pandemia del COVID-19 en las zonas rurales del país, es la disminución de ingresos durante los meses del confinamiento, alerta una encuesta del Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) y el Ministerio de Agricultura.

La pandemia maximizó los problemas del campo, a nivel nacional, en el que casi la mitad de su población (48%) sobrevivía con un ingreso mensual menor a $ 84, en diciembre del 2020; casi una tercera parte, el 27,5%, vivía con menos de $ 2 al día ($ 47 al mes).

El 79% de los hogares del campo percibieron ingresos menores durante la pandemia, lo que repercutiría en que haya menos cultivos. El 29% de los hogares encuestados espera una reducción de la superficie plantada este año, ante la falta de dinero para financiar los sembríos y la cosecha.

Se suma la falta de acceso a tecnología. “Como la movilización se vio afectada, entonces el uso de una herramienta como internet fue indispensable, pero la mayoría no tiene acceso”, reclamó Eiter Lozano, un arrocero de 51 años del cantón Santa Lucía, en Guayas.

La afectación se sintió antes de la pandemia, con el incremento de los costos de producción, debido a la disposición gubernamental que llevó a la subida paulatina del precio del diésel, tras las protestas de octubre del 2019.

“Se incrementó casi el 25%, lo que encarece el trabajo. Un tanque de diésel de 55 galones valía $ 60, ahora cuesta $ 81. En bombas de riego, tractores y traslado de los camiones que son a diésel se gasta $ 300 por cada hectárea. Con el combustible subsidiado se gastaba hasta $ 220”, protestó Lozano.

Las restricciones de movilidad desde las 14:00 afectaron el ciclo productivo, porque las cosechadoras entraban a los arrozales a partir de las 18:00, luego de que el grano húmedo se secara durante el día. “Las máquinas perdían de trabajar y parte de la producción se perdió”, indica.

El precio de sus productos fue más bajo de lo normal el año pasado con respecto al mismo periodo del 2019, según el 37% de los hogares encuestados.

Los arroceros vendieron a un promedio de $ 30 por quintal entre abril y octubre del 2020, pero el precio bajó y fluctuó desde noviembre hasta enero del 2021 de $ 22 a $ 25. “Tenemos que vender por encima de $ 25 para pagar las deudas y ganar, por eso hay un precio de sustentación que el Estado fijó en $ 31,5, lo que genera ya una rentabilidad, pero no se respeta”, indicó Lozano.

Otro problema es la intermediación, que afecta al consumidor, ya que la baja de precios no se evidencia en las ciudades, donde la libra de arroz se vende entre $ 0,35 y $ 0,45; es decir, a $ 35 o $ 45 por quintal. “La intermediación aduce que los fletes suben”.

El cierre de los silos públicos para almacenar los granos, por parte del Gobierno Nacional, obliga a los campesinos a vender su producción a las piladoras privadas, al precio que se disponga en ese momento, lo que genera desfases en la economía de las familias rurales.

También afectó a la producción ganadera la caída de los ingresos, lo que limitó el acceso a alimentos para animales, a servicios veterinarios y la compra de insumos que tuvieron precios más elevados.

Los campesinos asumen deudas con tasas de interés y plazos fijos, sin saber lo que finalmente obtendrán por sus productos. No pueden ni planificar el pago de una deuda. Es un ciclo que los lleva a prestar a chulqueros, cuando entran en mora y ya no son sujetos de crédito en las instituciones financieras, o a migrar a las ciudades.

La pandemia irrumpe en un escenario que ya era complejo en toda la región de América Latina y el Caribe desde antes del COVID-19. “Con siete años de bajo crecimiento en las economías y de aumento de la pobreza. Todos los avances en la reducción de las tasas de malnutrición se habían revertido ya hace algunos años. La pandemia lo que hace es profundizar estas desigualdades estructurales, impulsando aún más los niveles de informalidad, desprotección social y baja productividad”, a decir de Agustín Zimmermann, representante de la FAO en Ecuador.

Hay un impacto en la seguridad alimentaria de las familias rurales, que reportaron una disminución de ingresos durante los meses del confinamiento por el COVID-19, agregó.

Una familia de cinco miembros necesita como mínimo un ingreso de $ 8,5 diarios para acceder a una dieta saludable en nutrientes en Ecuador, sin tomar en cuenta el resto de gastos del hogar. “Considerando que el ingreso total per cápita de una persona pobre es menor a $ 84 mensuales y de un pobre extremo, menor a $ 47, hay una brecha importante”, advierte.

Se plantea, desde la FAO, una agenda de recuperación con transformación. La propuesta incluye reforzar los programas de alimentación escolar, apoyar las iniciativas de asistencia alimentaria con las organizaciones de la sociedad civil y facilitar el acceso a insumos para los agricultores y pescadores artesanales, entre otras acciones.

Zimmermann manifiesta que la FAO apoyó al Ministerio de Agricultura y Ganadería en la construcción del Plan Nacional Agropecuario (2020-2030), en el que se abordan estas temáticas y sus soluciones fundamentales. “Con estas medidas entendemos que a largo plazo se puede sacar al sector rural adelante, convirtiéndolo en un motor de crecimiento y de la recuperación económica con transformación”.

Reducir los niveles de intermediación de los circuitos de comercialización, fortalecer la política de asociatividad y la agenda de innovación y de conectividad, es una de las acciones propuestas.

Fuente: FAO, El Universo.