Un total de tres testigos solicitados por parte de Fiscalía como parte de su prueba fueron evacuados en la primera jornada de la audiencia de juzgamiento por el delito de peculado contra Walter Solís, exsecretario Nacional del Agua, y cinco personas más, que inició el martes último.

La diligencia se reinstaló la mañana de este miércoles en su segundo día, pocos después de las 09:30, y continuará la fiscal general Diana Salazar evacuando la prueba testimonial, documental y pericial anunciada para sustentar su acusación. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia Dilza Muñoz (ponente), Daniella Camacho e Iván León están a cargo del proceso penal.

Los tres testigos llamados por Fiscalía formaron parte del equipo que practicó el examen especial de la Contraloría General del Estado al proceso de liquidación del acta de mediación, en el que presumiblemente se suscitó el hecho.

En esta causa se procesa a seis personas por el uso de recursos públicos parte de una deuda de la entonces Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí (CRM) , hoy Senagua, con la empresa privada Ondeo Degremont, que fue desviada para pagar una deuda producto de un litigio entre particulares.

Además de Solís, entre los procesados están Marco R., excoordinador general jurídico de Senagua; Lorena B., exjueza del Juzgado Quinto de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Manabí; Cristóbal C., exjuez del Juzgado Decimosexto de lo Civil y Mercantil de Manabí; Jorge M. y Jorge B.

Salazar en su alegato inicial mencionó que el hecho investigado se suscitó entre los años 2012 y 2013 en la Senagua, institución pública que en esa fecha era dirigida por Walter Solís. La teoría fiscal habla de que Solis, junto a Marco R., autorizó, solicitó e insistió al Ministerio de Finanzas una asignación presupuestaria de $ 8.1 millones para la liquidación de un acta de mediación, suscrita el 12 de enero de 2007 entre el Director Ejecutivo de la CRM y el Procurador de la Compañía Ondeo Degremont de Francia, sin tomar en cuenta que en 2012 “ningún beneficiario solicitó ejecución del Acta, que la compañía extranjera ya no operaba en Ecuador y que tampoco tenía representación legal en el país”.

José Guerrero, abogado de Jorge M., aseguró que hasta el momento con lo presentado por Fiscalía no se demuestra que su cliente haya tenido algún tipo de participado en el delito que se investiga. «La Fiscalía no ha logrado desvirtuar el estado de inocencia de Jorge M., no tiene nada que ver con el señor Walter Solís».

Por su parte, Jhon Escobar, abogado de la exjueza Lorena B., asegura que la Fiscalía quiere hacer parecer que su madre y defendida ha dispuesto de dineros públicos mediante una resolución constitucional de medidas cautelares, lo cual, sostiene, es sorprendente al conocer la naturaleza de las medidas cautelares de las cuales son provisionales y no generan derechos. (I)