Un informe reservado que revelaría que la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, quien fue llamada el jueves pasado a juicio por el delito de rebelión, «pretendería evadir el accionar de la justicia adquiriendo asilo político en la Embajada de México», en Quito, originó ayer que el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, solicite al juez de la causa día y hora para una audiencia de revisión de las medidas cautelares que pesan sobre la integrante de la Revolución Ciudadana (RC).

Pabón inmediatamente respondió al pedido del fiscal Santillán. En su cuenta de Twitter calificó de «pretextos ridículos» los argumentos con que «su perseguidor» solicita se señale día y hora para cambiar la medida cautelar» que pesa en su contra; mientras en una reunión en Calderón, al norte de Quito, aseguró que a ella no le van a encontrar por los tejados, ni golpeando la puerta de la embajada.

Según Santillán, la alerta con la información resaltaba el «antecedente» de que varias personas que se han encontrado cumpliendo medidas cautelares han aprovechado estas circunstancias para salir del país. «Se tuvo conocimiento que Paola Pabón, prefecta de Pichincha, estaría realizando acercamientos con la Embajada de México, a fin de solicitar asilo político», habría referido el informe reservado.

La Embajada de México en Ecuador respondió en su cuenta institucional informando que «no ha recibido solicitudes de asilo de ningún nacional ecuatoriano».

La exministra de Transporte del correísmo María de los Ángeles Duarte, quien fue sentenciada a ocho años por el delito de cohecho agravado dentro del caso Sobornos, ingresó el 12 de agosto pasado en la residencia de la Embajada Argentina, en Ecuador, en donde se encontraría como «huésped por razones humanitarias». Duarte ingresó a esa delegación diplomática usando el grillete electrónico e incumplió la medida cautelar de presentación periódica dispuesta para ella en el caso Sobornos.

Para la Fiscalía, con el supuesto acercamiento de Pabón se pretendería impedir el efecto jurídico de las medida cautelares vigentes dentro del proceso por rebelión en que fue llamada a juicio el jueves pasado. Santillán solicitaría un cambio de medida cautelar al presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhayya, para asegurar la presencia de la procesada en la causa iniciada el 15 de octubre de 2019.

Desde el 25 de diciembre de 2019, Pabón mantiene la medida cautelar de presentación periódica, uso de grillete electrónico y prohibición de salida del país. Al inicio de la instrucción fiscal la prefecta recibió la orden de prisión preventiva y estuvo internada en el Centro de Rehabilitación Social Regional de Cotopaxi, en Latacunga.

El pedido de Santillán llega a cuatro días de que el juez Jhayya llamó a juicio por el delito de rebelión, tipificado en el artículo 336 inciso primero del Código Orgánico Integral Penal (COIP), a la prefecta Pabón, en calidad de autora mediata; y al secretario de la RC, Virgilio Hernández; y al integrante de la RC, Christian González, como autores directos del delito investigado.

En este caso la Fiscalía anunció que en la etapa de juicio usará para sustentar su acusación contra los procesados un total de 140 pruebas testimoniales y 43 documentales.

La instrucción fiscal en este caso se inició en octubre de 2109, luego de que se registraron en Quito y otras ciudades del país movilizaciones en rechazo a las medidas económicas adoptadas por el presidente Lenín Moreno. A los tres se los acusa de haber participado activamente del delito de rebelión que se habría dado durante los trece días de protestas y movilizaciones. (I)