La Comisión Multipartidista en el tercer día de comparecencias no logró mayores elementos dentro de la investigación que realiza al legislador Eliseo Azuero (BADI), por supuesto tráfico de influencias y gestión de recursos del presupuesto general del Estado en la construcción del hospital de Pedernales.

De los cinco convocados a comparecer como testigos y aportantes de pruebas del supuesto hecho de corrupción; dos no acudieron; dos se negaron a contestar por ausencia de su abogado; y, uno, si bien recibió las preguntas, pero su aporte fue mínimo.

El procesado Danilo V., que se conectó y contestó al cuestionario formulado por Amapola Naranjo, tampoco aportó a la investigación, pues dijo que no conoce a los asambleístas Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, así como tampoco a René Tamayo, exdirector del Secob.

Lo único que señaló fue que su cargo era de jefe de personal de la compañía Construcciones Pedernales, que llegó a ese puesto por recomendación de su hermano, que era el administrador de la empresa. Que no conocía nada del movimiento de dinero.

Dos mujeres que guardan prisión por el caso de delincuencia organizada Jennifer C. y Tania S. si bien se conectaron, pero éstas señalaron que no rendirían su versión sin la presencia de su abogado; en cambio, el ex legislador, Daniel Mendoza, no asistió a la sesión telemática y la comisión no se instaló.

El primero en no acudir fue el director encargado del Servicio de Contratación de Obras (Secob), Darwin González Espinosa, por lo que el presidente de la Comisión, José Serrano, dijo que insistirán en el pedido.

Un día antes, Azuero envío un vídeo a la Comisión investigadora en el que pide que se pregunte al Presidente de la República que si recibió una carpeta o una llamada telefónica suya para que se proceda al nombramiento de René Tamayo Silva, como secretario del Secob.

“No me he servido del poder. Juro ante Dios, que yo no tengo participación alguna ante ese hecho y lo más grave , que soy la única persona de los 60 legisladores, que por una grabación malintencionada, con doble sesgo, que no debería tener valor alguno, soy llamado a tener prisión preventiva”, subrayó.

Azuero aclaró que Tamayo, uno de los procesados dentro del caso de delincuencia organizada, laboró en el anterior gobierno y en actual en varios cargos, y que él perdió contacto hace unos cinco años; pero que por una situación de su hijo que acabó la universidad lo contactó para pedirle una oportunidad de trabajo, pero que nunca respondió.

Que cuando salió elegido legislador, Tamayo lo contactó a través de un común amigo y pidió una conversación, pero que jamás le tomó la carpeta; y de manera reiterativa afirmó que la actual ministra de Gobierno, María Paula Romo, jamás recibió de su parte un pedido para nombrar a Tamayo; que hay una interés por sacarlo de la Asamblea Nacional.

En torno a la acusación planteada por la denunciante, Amapola Naranjo, de que gestionó cargos públicos, dijo que tiene que probarlo, porque una empresa que tiene a nombre de sus hijos nunca ha contratado con el Estado mientras se ha desempeñado como legislador.

Aclaró que no ha eludido responsabilidad, pero que su reacción fue estar vivo, y comentó que si le revocan la orden de prisión, estará presto a colaborar.

A los legisladores, dijo que lo que venga estará en su conciencia, porque “no van a tener un documento que prueba el tráfico de influencias o de gestión de recursos; tampoco velaciones de que conoce a todos los involucrados en este caso”, subrayó. (I)