Un femicidio cada tres días se registra en Ecuador desde el 2014. Las cifras de estos asesinatos de mujeres son de espanto. Así, desde el 1 de enero de ese año hasta el 31 de diciembre del 2018, se han dado 600 asesinatos de mujeres en su mayor parte por quienes juraron amarlas para toda la vida.

Esas cifras han sido recopiladas de instituciones públicas y medios de comunicación y sistematizadas por la Fundación Aldea, en alianza con la Red Nacional de Casas de Acogida, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y Taller Comunicación Mujer, con corte a enero del 2019.

Solo en el 2018 se registró el asesinato de 88 mujeres. Pero esas cifras son superiores a las que registra la Policía. Esta entidad, según el reporte de la Unidad de Muertes Violentas (Dinased), en el 2018 existieron 59 casos de femicidio. La diferencia es grande, pues la Policía solo registra el 67% de casos.

De la cifra de las organizaciones (88), sobre las edades de las víctimas: el 58% de las mujeres tenía entre 14 y 34 años, el 7% de las víctimas fueron niñas de 0 a 5 años y el 9% de los femicidios fueron contra niñas y adolescentes menores de 18 años (dos de ellas fueron asesinadas junto a sus madres).

En su mayoría, el 66%, los femicidas fueron parejas, exparejas, esposos o novios, pero el 7% fueron los padres o padrastros. El 16% de los femicidas se suicidó luego de asesinar a sus víctimas.

Entre las cifras, las organizaciones de Derechos Humanos que realizaron el estudio resaltan que el 18% de los femicidios registrados en el 2018 ya tenían antecedentes de violencia que estaban en conocimiento de instituciones públicas.

Además, unas de las secuelas de estas muertes es que cerca de 111 menores quedaron en situación de orfandad.

Para Mayra Tirira, del Colectivo “Vivas Nos Queremos”, que organizó la multitudinaria marcha del lunes en Quito en contra de la violencia de género y la impunidad judicial, los casos de “Martha” (violada en grupo en Quito) y Diana Ramírez (asesinada en público frente a policías en Ibarra) no son aislados ni esporádicos y responden a la violencia estructural, patriarcal y machista.

• Diana Carolina, asesinada en Ibarra, había reportado la violencia de su pareja

Las marchas también se realizaron en otras diez ciudades.

Las organizaciones hicieron el estudio desde el 2014 por ser el año en que se puso en vigencia el femicidio como delito y aunque durante la aprobación del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) estas organizaciones presionaron para que se tipifique el “feminicidio”, que incluye la responsabilidad del Estado en estas muertes violentas de mujeres por causas de género, al final, la mayoría de asambleístas de la época solo dejaron el femicidio.

Elsie Monge, titular de la Cedhu, ratificó que la responsabilidad principal de que el fenómeno del femicidio continúe es del Estado.

La activista Virginia Gómez expresó que el femicidio de Ibarra es de Estado y ante la mirada del mismo, representado en la Policía Nacional que, durante noventa minutos, no hizo nada para salvar la vida de Diana, embarazada de 4 meses y acuchillada por su expareja, un ciudadano venezolano.

Beatriz Bordes, presidenta de la fundación María Guare, aseguró que año a año se represarían en la Fiscalía unas 35.000 denuncias por violencia psicológica y que por la falta de funcionarios no son atendidas de forma oportuna.

Bordes señaló que 6 de cada 10 mujeres son violentadas y que al haber unos 7 millones de mujeres, el Estado necesita estar listo para atender este problema. Ella dijo que se ha concluido que los hombres necesitan ir a terapias. (I)

Frente a estos casos (femicidios en Ecuador), el Estado no ha tomado acciones de forma oportuna ni adecuada, ni ha implementado una política pública adecuada”.

Maira Tirira, Colectivo Vivas nos Queremos