La administración encabezada por Donald Trump decidió retirar esta semana las dos apelaciones que había presentado para impugnar fallos judiciales que bloquearon su intento de modificar el Programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público (PSLF). Este mecanismo federal permite eliminar la deuda estudiantil de quienes trabajan en el sector público y en organizaciones sin fines de lucro en Estados Unidos.

El anuncio oficial se realizó el miércoles 21 de octubre de 2026, cerrando así un proceso legal que involucraba a más de un millón de beneficiarios del programa, según reportó la agencia Associated Press.

El Departamento de Justicia materializó la retirada mediante acuerdos conjuntos de una sola oración, en los que cada parte asumió sus propios costos judiciales. Las autoridades federales no brindaron explicaciones públicas sobre las razones del abandono. Como resultado, las resoluciones judiciales que invalidaron la reforma propuesta por el Departamento de Educación quedan firmes, y el PSLF continúa operando bajo las reglas establecidas por el Congreso.

¿Qué decidió la administración Trump sobre la condonación de préstamos?

El gobierno desistió de los recursos que había interpuesto el 27 de agosto de 2026 ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, en el caso originado en Massachusetts, y ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, correspondiente al litigio en Washington. Ambas apelaciones buscaban revertir fallos federales del 30 de junio de 2026 que habían declarado ilegal la reforma del PSLF.

Dan Zibel, abogado de la organización Student Defense, expresó su satisfacción con la resolución. “Esta es una victoria significativa para millones de estadounidenses que han dedicado sus carreras al servicio público”, afirmó en un comunicado reproducido por Associated Press.

¿En qué consiste el PSLF y quiénes pueden acceder?

El PSLF fue creado en 2007, durante el gobierno de George W. Bush, con el objetivo de atraer y retener talento calificado en el sector público. El programa cancela el saldo pendiente de los préstamos federales estudiantiles de quienes completan 120 pagos mensuales, equivalentes a 10 años de servicio, mientras laboran en empleos elegibles.

Entre los potenciales beneficiarios se incluyen empleados de entidades gubernamentales federales, estatales y locales, escuelas públicas, departamentos de bomberos y policía, hospitales públicos y organizaciones sin fines de lucro. De acuerdo con datos de Education Data Initiative citados por CBS News, aproximadamente 720.000 préstamos federales fueron condonados mediante el programa entre 2018 y mediados de 2025.

¿Qué cambios proponía la reforma bloqueada por la justicia?

La administración Trump presentó en agosto de 2025 una nueva normativa que otorgaba a la secretaria de Educación, Linda McMahon, la facultad de excluir del programa a aquellos empleadores que, a su juicio, tuvieran un “propósito ilegal sustancial”. La regla fue finalizada en octubre de ese año.

El concepto de “propósito ilegal sustancial” abarcaba actividades como la violación de leyes migratorias, el apoyo al terrorismo, la trata de personas y lo que la norma denominaba “castración o mutilación quirúrgica y química de niños”, en alusión a la atención médica de afirmación de género para menores. También incluía la participación en iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, y en protestas que, según el texto, buscaran “obstruir o influir en la política del gobierno federal”.

En la práctica, la reforma podía afectar a trabajadores de escuelas, hospitales públicos, grupos de asistencia legal para inmigrantes y organizaciones que brindan servicios a jóvenes transgénero, entre otros sectores.

¿Qué determinaron los jueces federales sobre el PSLF?

El 30 de junio de 2026, un día antes de que la norma entrara en vigor, el juez federal Myong Joun, del Tribunal de Distrito de Massachusetts, anuló la reforma. En su fallo, estableció que las modificaciones excedían la autoridad del Departamento de Educación, resultaban “arbitrarias y caprichosas” y amenazaban con vulnerar las garantías de libertad de expresión protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución.

La sentencia respondió a demandas presentadas por más de 20 estados, organizaciones sin fines de lucro y ciudades como Albuquerque, Boston y Chicago, según informó Associated Press. Entre los demandantes se encontraban Public Citizen Litigation Group y Student Defense, en representación del Centro de Derechos Humanos Robert y Ethel Kennedy y el Consejo Estadounidense de Inmigración, de acuerdo con CBS News.

Ese mismo día, el juez Amir Ali, del Tribunal de Distrito en Washington, emitió una decisión similar en un caso separado promovido por organizaciones sin fines de lucro.

Ambos tribunales optaron por anular la norma en lugar de suspenderla temporalmente, lo que mantuvo en vigor las reglas de elegibilidad previas.

¿Qué impacto tiene esta decisión para empleados públicos y ONG?

La retirada de las apelaciones elimina la posibilidad de que un tribunal superior revierta los fallos y deja el PSLF tal como fue concebido por el Congreso. Diane Yentel, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro, señaló que la resolución brinda certidumbre para los trabajadores del sector.

“Este resultado les da a los empleados de organizaciones sin fines de lucro la seguridad de que el alivio de deuda que ganaron con años de servicio público estará disponible para ellos”, declaró en un comunicado difundido por CBS News.

Para los trabajadores que cumplen los requisitos, el programa sigue operativo bajo sus condiciones originales: quienes se desempeñen en un empleo elegible y completen 120 pagos mensuales cualificados pueden solicitar la cancelación del saldo restante de sus préstamos federales estudiantiles, sin las restricciones que la administración Trump intentó imponer.