Tres aceptaron su responsabilidad y fueron sentenciados a dos años de cárcel, mientras otros tres fueron llamados a juicio.

Punto Noticias.- Tres personas fueron sentenciadas por procedimiento abreviado y tres llamadas a juicio por los delitos de asociación ilícita y concusión en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según la Fiscalía, estas personas se aprovecharon de su condición de servidores públicos para exigir cuotas a cambio de agilizar los procesos de pago de proveedores de instituciones públicas.

La denuncia fue presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas, cuando estaba de titular Richard Martínez.

Posteriormente, a través de allanamientos y el decomiso de evidencias, los agentes identificaron una serie de acciones que utilizaban estas personas para delinquir.

Se determinó que los servidores públicos tenían acceso a la lista programada para pagos en el MEF, mientras personas externas se encargaban de tomar contacto con los proveedores.

Con este modus operandi, se exigía el pago del 4% al 5% de comisión sobre el monto pendiente de pago en el MEF y de esa manera agilizar el trámite para el desembolso; incluso, amenazándolos con que no se haría su pago si no accedían a otorgarles la comisión solicitada.

Luego de formular cargos por asociación ilícita y concusión, en concurso real de infracciones, la jueza Yadira Proaño sentenció a los procesados Pilar P., Jenny L. y Álvaro L. (funcionario público) a una pena privativa de libertad de dos años. Los tres se sometieron a un procedimiento abreviado, es decir, aceptaron su responsabilidad en los hechos.

Los ahora sentenciados deberán pagar una reparación material al Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Economía, por el valor de 817.217 dólares.

Mientras, los procesados Walter M., Luis A. y Eduardo V. (funcionario público), fueron llamados a juicio. Y en el caso de Ángel P. se dictó auto de sobreseimiento.

Ante el sobreseimiento a Ángel P., la Fiscalía y la acusación particular presentaron su apelación fundamentada en los elementos con los que se cuenta respecto a la presunta participación del ciudadano en la organización por las versiones de los proveedores que lo identifican.

Conforme los elementos obtenidos en la investigación, el valor recaudado seria de 3’360.348,19 dólares.

Fuente: Fiscalía, redes sociales