Tras el desalojo de cerca de 9.000 mineros ilegales de Buenos Aires (Urcuquí, Imbabura), la alerta ante una posible migración hacia otros proyectos se encendió. Uno de esos es Río Blanco, en la parroquia rural cuencana Molleturo, cerca del Parque Nacional Cajas, una zona considerada por la Unesco dentro de la Red de Reservas de Biósfera.

Los trabajos en el campamento están paralizados desde junio del 2018 por orden del juez Paúl Serrano, quien dictaminó que la empresa china Ecuagoldmining South America S.A. violó el derecho a la consulta previa, libre e informada, dispuesto en el artículo 57 de la Constitución.

En un recorrido por el campamento, el martes último, se observaron grandes rocas de color rojizo y gris que, según los pocos empleados que se mantienen ahí, son mineralizadas y en su interior tienen oro y plata que se puede obtener tras un largo y demorado proceso técnico y químico.

El subgerente de Río Blanco, Xavier Sánchez, dice que si bien es un proyecto subterráneo, el yacimiento es superficial y a escasos 20 metros de profundidad de los túneles se encuentra material. “En la superficie se encuentran grandes valores y es un botín fácil para minería ilegal”, aseguró.

Con esto coincidió el presidente de la Cámara de Minería del Azuay, Patricio Vargas, quien el martes evidenció que la veta está al descubierto y el riesgo es mayor.

Agregan el desempleo nacional y el hecho de que se pueda acceder a la mina fácilmente, en especial por la zona de Migüir. “Si a Buenos Aires llegaron 10.000, acá serán 20.000 (ilegales)”, dice Martínez.

Luego de un enfrentamiento en mayo del 2018, que terminó con la quema parcial del campamento de Ecuagoldmining, los moradores de San Pedro de Yumate instalaron una caseta para controlar el paso por la vía pública. Ellos disponen quién sube y quién baja. Lauro Urgilés, directivo de la zona norte de Molleturo, recuerda que esto comenzó por problemas internos, porque querían evitar que gente suba y siga trabajando.

Siguen con restricción para evitar a los informales por ser una potencial amenaza de contaminación a las fuentes hídricas. A pesar de que están muy pendientes, reconoce que hay gente que se les ha escapado.

En la zona están 19 oficiales de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) distribuidos en las oficinas de Ecuagoldmining, en Migüir y Cochapamba. Los del último lugar tienen la tarea más dura, porque la semana pasada comuneros les quitaron la cocineta y el tanque de gas con el que calentaban sus alimentos, contó Wilson Yugsi, suboficial.

Quienes defienden y apoyan el proyecto Río Blanco esperan que la Corte Constitucional resuelva una Acción Extraordinaria de Protección interpuesta por el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, para que se reabra la mina.

El abogado de la comunidad Río Blanco y actual prefecto de Azuay, Yaku Pérez Guartambel, aseguró que en la zona se vive “una guerra fría”, provocada por la empresa minera que confrontó a los pobladores. Confía en que la Corte ratificará la sentencia a su favor. Dice que en dos semanas el contralor general del Estado presentará en Cuenca un informe donde se demuestra que la fase de explotación comenzó sin el permiso de la comunidad.

Mientras, el subgerente del proyecto, Xavier Sánchez, espera “que la paciencia del directorio llegue a fin de año”. Y aunque sienten el respaldo del Gobierno, la idea de iniciar un arbitraje internacional si no pueden avanzar con la explotación, es una opción.

Nuevo ataque

Denuncia de ministra

María Paula Romo denunció la tarde de ayer incidentes violentos en la zona de Río Blanco, provincia de Azuay. El hecho se habría perpetrado entre ‘grupos antimineros’ que atacaron a un patrullero policial que hacía un recorrido por esa zona, publicó, en su cuenta de Twitter, la ministra de Estado. (I)

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