Prisión a tesorero del PT por caso Petrobras
Ayer, La Policía brasileña arrestó al tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores, Joao Vaccari, dentro de la investigación por el caso Petrobras.(I)
Joven lanzó confeti a presidente de BCE
La Policía alemana detuvo ayer a una chica que se atrevió a lanzar confeti al presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi.(I)
80%
de los restos del avión estrellado de Germanwings fueron evacuados del lugar de Los Alpes.(I)
El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, reiteró este martes que «no hay razones jurídicas» para iniciar un juicio con miras a la destitución de la mandataria Dilma Rousseff, como exigieron algunos grupos que protestaron este domingo contra el Gobierno.
«Para un proceso de destitución es necesario tener fundamentos jurídicos, no políticos», declaró a los periodistas el presidente de la Cámara de Diputados, organismo responsable por tramitar cualquier pedido de esa naturaleza.
Según Cunha, las razones jurídicas necesarias para dar cabida a un proceso de destitución «no existen», por lo que toda solicitud en ese sentido será rechazada por la Cámara de Diputados.
El pasado domingo unas 700.000 personas tomaron las calles de unas 150 ciudades de todo el país para protestar por la delicada situación económica y los escándalos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, que salpican al Gobierno y al Partido de los Trabajadores (PT), en el poder.
Las protestas tuvieron menos intensidad que las convocadas el 15 de marzo pasado, cuando las autoridades calcularon que movilizaron a cerca de dos millones de personas.
Tanto en la primera como en la segunda jornada de protestas hubo grupos que demandaron el inicio de un juicio político contra Rousseff.
Una encuesta divulgada el pasado sábado por la firma Datafolha indicó que la tasa de aprobación del Gobierno de Rousseff, quien el 1 de enero pasado inició su segundo mandato, se sitúa en un escaso 13 %.
El sondeo también señaló que el 75 % de las personas consultadas aprueba las manifestaciones y que un 63 % apoyaría la apertura de un juicio político contra Rousseff, por su supuesta responsabilidad en las corruptelas que se investigan en Petrobras. (I)
Los principales sindicatos de Argentina iniciaron este martes una huelga general de 24 horas para exigir una rebaja en el impuesto que grava al salario, en medio de la delicada situación económica que vive el país siete meses antes de los comicios presidenciales.
La medida de fuerza afecta principalmente al transporte público de pasajeros, transporte de cargas, vuelos, bancos, gasolineras y puertos, cuyos trabajadores reclaman una respuesta del Gobierno ante la presión impositiva y la caída del poder adquisitivo que según dicen sufren por la alta inflación.
«El paro es la respuesta a no escuchar los reclamos de lo injusto de que nos sigan descontando dinero de los salarios (…) Es un éxito total», dijo a una radio local el secretario adjunto del poderoso Sindicato de Choferes de Camiones, Pablo Moyano.
Un grupo de hombres participa en una manifestación a la entrada de un banco cerrado por la huelga en Buenos Aires. (EFE)
La huelga, que tiene lugar cuando están comenzando las negociaciones salariales entre sindicatos y empresas, fue convocada inicialmente por los gremios de trabajadores del transporte, y luego adhirieron a ella las poderosas centrales sindicales opositoras, partidos de izquierda y algunos gremios oficialistas.
Los líderes sindicales aseguran que la escala del impuesto a las ganancias que se aplica a los salarios quedó desactualizada por la alta inflación y cada vez más trabajadores se ven obligados a pagar una elevada tasa del gravamen.
En Buenos Aires los recolectores de basura están en paro. (Foto AFP)
Una parte de los aumentos salariales otorgados por las empresas y el Estado para compensar la alta inflación se perderían por el impuesto, según los sindicalistas.
«Es necesario que el Gobierno escuche el reclamo de los trabajadores, no es posible que el salario pague impuestos. No solo esto nos afecta, también la inflación carcome el poder adquisitivo», dijo a Reuters la trabajadora bancaria Claudia Ferretti, de 35 años.
Los autos particulares invadieron las calles de Buenos Aires, ya que no había autobuses, trenes ni servicio de metro.
Agrupaciones de izquierda realizaron piquetes en los accesos a la ciudad para disuadir a los trabajadores de ir a sus empleos.
Los mercados financieros operaban con una actividad muy reducida, mientras que los puertos de granos del área de Rosario y la plaza ganadera de Liniers, en Buenos Aires, estaban prácticamente paralizados.
El ingreso de camiones para descargar mercadería en la zona portuaria de Rosario cayó un 55,3 por ciento con respecto al lunes, a 2.543 vehículos.
Críticas del gobierno
A siete meses de las elecciones presidenciales, el Gobierno de Cristina Fernández -quien no podrá presentarse a una nueva reelección- consideró que la huelga tenía carácter estrictamente político, y adujo que el Impuesto a las Ganancias -que grava los sueldos- afecta sólo a los trabajadores de salarios altos.
«¿Por qué están parando? Están parando por defender los sueldos altos de otros gremios (los sindicatos del transporte). Parece que se mofan de quien tiene vocación de trabajar, algo inconcebible», señaló el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a periodistas.
Fernández agregó que la tasa grava sólo al 7 u 8 % de los trabajadores del transporte automotor en huelga.
La paralización es impulsada por la principal central obrera opositora al Gobierno, la Confederación General del Trabajo (CGT) -que controla sindicatos clave como el de choferes de camiones-, y la más pequeña Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), con influencia sobre los gremios de empleados estatales.
La inflación fue superior al 30 por ciento el año pasado, según muchos economistas particulares, mientras que se espera que se ubique por encima del 20 por ciento en el 2015, en medio de un estancamiento de la actividad económica por la falta de divisas para financiar la producción y una caída en el consumo. (I)
Obama: «Honramos a César Chávez y su vida de trabajo para hacer que nuestro país sea más libre y justo».
La lista es larga. Ciento tres implicados, entre ellos 51 funcionarios públicos –la mayoría oficialistas–, están bajo investigación dentro del enorme esquema de corrupción de la petrolera estatal Petrobras, que sigue, un año después, revelando más involucrados e indignando a la población en Brasil.
Un escándalo que a los tres meses de su segundo mandato cobra factura a la presidenta Dilma Rousseff, que enfrenta, según encuestas, el desplome de su popularidad (13%), un alto rechazo a su gestión (64%) y un pedido, que se escuchó en las manifestaciones del domingo pasado, de juicio político en el Congreso para su destitución.
Un reclamo que se dio el mismo día en que se cumplían en Brasil 30 años de retorno de la democracia. Cerca de 1,7 millones de ciudadanos reclamó por la corrupción en Petrobras y el deterioro de la economía.
También en este mes la jefa de Estado ha soportado abucheos en su propia cara cuando ingresaba a un foro empresarial en Sao Paulo y cacerolazos, primero, durante su discurso por el Día de la Mujer y, segundo, cuando dos de sus ministros decían que el combate a la corrupción ha sido “siempre” una prioridad del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
La caída de la popularidad de la mandataria de izquierda es considerada, por varios analistas, como la peor para un jefe de Estado brasileño desde 1992, cuando el entonces presidente Fernando Collor de Mello fue sometido a un juicio político por corrupción y renunció.
Lejos del vigor de hace unos años, cuando Brasil sorprendía al mundo con alto crecimiento, la economía hoy está estancada, hay déficit fiscal (equivalente al 0,63% del producto interno bruto, PIB), inflación elevada (7,7% en 12 meses) y el real (moneda oficial) se ha devaluado 30% en 12 meses.
En un intento por recuperar el apoyo a su debilitada gestión, un día después de la masiva marcha, el gobierno anunció que estaba abierto al diálogo con las diferentes posturas.
El martes pasado, al cumplirse un año del destape del escándalo de Petrobras, salió a la luz otro caso de corrupción que involucra al segundo mayor banco estatal, Caixa Económica Federal, en un desvío de 100 millones de reales (unos 31,2 millones de dólares). Además, la fiscalía ordenó nuevas detenciones en el caso Petrobras y se vinculó al exdirector Roberto Duque y al tesorero del PT, Joao Vaccari.
Frente a ello, la reacción del gobierno fue lanzar una serie de medidas anticorrupción que tipifican, por ejemplo, el delito de enriquecimiento ilícito y también castigan más severamente el financiamiento irregular de partidos políticos.
El objetivo de Rousseff es recuperar la confianza como la que tenía el día de su posesión, el 1 de enero de este año, cuando destacó entre sus promesas el aplicar un ajuste fiscal sin gasto social para enderezar la debilitada economía. Pero en la actualidad ha causado disgusto a parte de la izquierda.
La retirada de incentivos tributarios, una de las medidas del paquete de ajuste, fue rechazada por el Congreso, mientras que otras decisiones, como alterar beneficios sociales, entre ellos el plazo del seguro de desempleo, están en vigor, pero son resistidas por los sindicatos, incluso los aliados al PT.
El ministro de Hacienda de Brasil, Joaquim Levy, advierte la necesidad de equilibrar las cuentas públicas y eliminar cambios que habían sido hechos en la época de la crisis mundial, como beneficios fiscales a empresas a cambio de mantener las fuentes de trabajo, entre otros.
Además, comparte con Rousseff la idea de que parte de la crisis económica por la que atraviesa Brasil está relacionada con factores externos como la reducción de políticas de incentivo económico que aplicaron dos de los mayores socios comerciales, China y EE.UU.
El Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), que a pesar de sus críticas apoyó en las elecciones de octubre al PT, considera que el ajuste ya ha afectado planes sociales y compromete el lanzamiento de la tercera fase del programa habitacional Minha Casa, Minha Vida (Mi casa, mi vida), que ha beneficiado en los doce años que el PT está en el poder –según cifras oficiales– a 6,8 millones de brasileños de escasos recursos. Uno de los principales aliados del PT en el Congreso, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, centro), que preside ambas cámaras, ya mostró los dientes a la mandataria. Lidera una suerte de rebelión que incluye la creación de una comisión legislativa para investigar el fraude en la petrolera (cuya red habría desviado unos 3.700 millones de dólares de la estatal entre 2004 y 2012) y el rechazo en el Senado de las medidas de ajuste fiscal muy buscadas por el gobierno para reencauzar las abultadas cuentas públicas.
La renuncia del ministro de Educación, Cid Gomes, del minúsculo Partido Republicano del Orden Social (PROS), generó la declaración de su vicepresidente de una posible reforma de gobierno, lo que ella desmintió. “No la hay”, dijo enfáticamente al señalar que esto no resolvería los problemas.(I)
62
Por ciento de los brasileños rechaza la gestión de la mandataria, según la encuesta del instituto privado Datafolha.
16
Por ciento de los entrevistados por Datafolha, tres días después de las protestas, calificó buena o excelente la gestión de Rousseff
Trabajadores de un mercado de frutas y verduras en el suroeste de Alemania se llevaron una sorpresa al encontrar más de 300 kilogramos de cocaína en cajas de bananas provenientes de Sudamérica, confirmó este martes la policía.
El cargamento fue descubierto el lunes en la ciudad de Völklingen, añadió la policía sin ofrecer más detalles para no entorpecer la investigación.
El hallazgo había sido adelantado por el diario «Bild», según el cual los trabajadores del mercado encontraron de casualidad el cargamento empaquetado entre las bananas.
La droga confiscada podría tener un valor de 20 millones de euros (21,2 millones de dólares), estimó el diario. Las cajas llegaron al mercado al parecer desde el puerto holandés de Róterdam.
El discurso pronunciado en la noche del domingo por la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, provocó «cacerolazos», silbatinas y otras manifestaciones de repudio en varias regiones del país, informan este lunes medios locales.
En su pronunciamiento realizado en el marco del Día Internacional de la Mujer, la mandataria defendió el ajuste fiscal que está implementando su gobierno para recomponer el deterioro económico, y que consiste, entre otras iniciativas, en aumento de impuestos y reducción de algunos beneficios fiscales y laborales.
La presidenta pidió «paciencia y comprensión» a la población y exhortó a la ciudadanía y al Congreso a acompañar los esfuerzos necesarios para superar la situación, a la que calificó de «pasajera».
Según informa hoy el diario «Folha de Sao Paulo», durante la cadena televisiva se produjeron «bocinazos», «cacerolazos», tintinear de luces de automóviles y de viviendas y sonoros abucheos en al menos 12 capitales provinciales: Belém, Belo Horizonte, Brasilia, Curitiba, Fortaleza, Goiania, Maceió, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Sao Paulo y Vitória.
El cuestionado discurso fue el primero que la presidenta dirigió a la población tras la divulgación, el viernes, de la lista de 47 políticos que serán investigados por sus presuntos nexos con los desvíos de fondos del ente estatal Petrobras.
La lista de sospechosos, en su inmensa mayoría oficialistas, incluye a los presidentes de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros, ambos del principal socio del gobierno, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al que también pertenece el vicepresidente de la República, Michel Temer.
También serán investigados, entre otros, cinco ex ministros de Rousseff, una ex gobernadora, 12 ex diputados, el ex presidente de la República Fernando Collor de Mello y el tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari.
Las protestas a lo largo y ancho del país fueron registradas en vídeos caseros que fueron compartidos por los internautas a través de las redes sociales.
El «cacerolazo» antecede a una manifestación programada para el próximo domingo en demanda de la renuncia de la presidenta y que viene generando gran expectativa.
La convocatoria para dicha protesta se realiza a través de Internet y cuenta con el apoyo expreso, entre otros, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), cuya dirección aclaró, no obstante, que respalda la movilización pero no el pedido de destitución de Rousseff.
Si bien la mandataria conquistó su segundo mandato en las urnas de octubre pasado, el descontento de la población se pudo percibir ya en ese momento en razón del escaso margen con el que la ex guerrillera se impuso a su adversario en la segunda ronda electoral, al candidato del PSDB Aécio Neves, quien solo obtuvo tres millones de votos menos que Rousseff.
Consciente de la disconformidad generalizada, que se apoya en los problemas económicos y la crisis política, Rousseff admitió en su discurso que los ciudadanos tienen «todo el derecho de irritarse y preocuparse», pero pidió «paciencia y comprensión, porque la situación es pasajera».
«Brasil tiene todas las condiciones de vencer estos problemas temporarios. Y la victoria será aún más rápida si todos nos unimos en esta lucha», dijo la presidenta, cuya popularidad sufrió una drástica caída de 21 puntos porcentuales entre diciembre y febrero, cayendo al 23 por ciento de aprobación. (I)
A cinco meses de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, miles salieron a las calles a exigir justicia.
Aún se encuentra en proceso de juicio por delitos relacionados con las protestas del 2014, situación que su esposa, Lilian Tintori, recuerda con campaña.
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