La normativa ecuatoriana establece que un proceso penal puede iniciarse de dos maneras. Mediante una investigación judicial de oficio, es
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La Justicia argentina desestimó hoy por tercera vez la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por el supuesto encubrimiento de los sospechosos del atentado más grave en la historia del país.
El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Javier De Luca rechazó investigar a la mandataria por la voladura de la mutual judía AMIA en Buenos Aires en 1994, donde hubo 85 muertos, porque «no hubo delito alguno, consumado ni tentado».
Así, quedó prácticamente cerrada la causa contra la jefa de Estado. El fiscal De Luca desistió de continuar con la apelación que había presentado previamente su colega Germán Moldes, que pedía que se abriera una causa para investigar la denuncia de Nisman, que también alcanzaba al canciller, Héctor Timerman, y a otros dos dirigentes kirchneristas.
Ante el desistimiento de De Luca la Sala I de Casación no tiene un planteo que resolver y es solamente cuestión formal el cierre de la causa, que podría reabrirse si hubiera una presentación de nuevos elementos que así lo ameriten.
De Luca quedó en medio de una polémica porque su colega Moldes, luego de apelar, dijo que en el caso podía intervenir un fiscal de «Justicia Legítima», la agrupación judicial que adhiere al gobierno, y cerrar el caso.
De Luca, que pertenece a dicha entidad, dijo que estaba ofendido por los dichos de Moldes y que él solo resuelve las causas con fundamentaciones jurídicas y no por cuestiones políticas.
Nisman denunció el pasado 14 de enero a Fernández de Kirchner por un supuesto acuerdo geopolítico con Irán y a los cuatro días apareció muerto, con un disparo en la cabeza, en el baño de su departamento.
Esto fue horas antes de presentarse en el Congreso para detallar su investigación.
Pasados más de tres meses, la Justicia aún no determinó cómo fue que ocurrió la misteriosa muerte de Nisman. Es decir, si fue un suicidio o si, como afirma la familia del fallecido funcionario judicial, se trató de un homicidio.
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El gobierno abonó al principio la teoría del suicidio pero a los pocos días la jefa de Estado dijo estar «convencida» de que Nisman no se había quitado la vida y de que se trataba de una «operación» en su contra en la que involucró a sectores destituidos del espionaje local.
Para el gobierno es una buena noticia el cierre de la causa de cara a las presidenciales de octubre próximo, en las que Fernández de Kirchner no podrá presentarse, ya que acumula dos mandatos consecutivos (2007-2011 y 2011-2015).
De todos modos, hay expectativas para saber si la mandataria apoyará a algún candidato del kirchnerismo, que gobierna desde hace 12 años, cuando llegó a la presidencia Néstor Kirchner (2003-2007), el fallecido esposo de la actual jefa de Estado. (I)
Israel y los palestinos han acordado poner fin de momento a una disputa sobre impuestos retenidos por Israel que estaban destinados a la Autoridad Nacional Palestina.
La agencia de noticias palestina Maan citó al ministro palestino de Asuntos Civiles, Hussein al Sheij, diciendo que el dinero será transferido por Israel en los próximos días.
El gobierno israelí ha retenido desde principios de año la transferencia de ingresos finales a los palestinos en señal de protesta por la adhesión de Palestina a la Corte Penal Internacional.
A finales de marzo, Israel anunció que estaba dispuesto a transferir la recaudación fiscal, pero los palestinos se negaron a aceptar el pago porque Israel pretendía descontar de la suma deudas palestinas correspondientes al suministro de electricidad y agua.
Según el diario ‘Haaretz’, los palestinos han aceptado ahora una reducción de la cantidad de dinero que será transferida por Israel.
La exministra de Economía argentina Felisa Miceli fue condenada ayer a tres años de prisión por encubrimiento agravado por el hallazgo en el 2007 de una bolsa con miles de dólares en el baño de su despacho.
Pero Miceli, de 62 años, quien ocupó la cartera de Economía durante el gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), no irá tras las rejas porque la ley dispone el cumplimiento de la pena cuando esta es mayor de tres años, según el fallo divulgado por el Centro de Información Judicial.
La exministra kirchnerista había sido condenada en diciembre del 2012 por el Tribunal Oral Federal 2 a cuatro años de prisión y a ocho para ejercer cargos públicos, pero luego la Cámara Federal de Casación Penal solicitó que se revisara la pena. Fue presidenta del Banco de la Nación Argentina y entre 2005 y 2007 ejerció como ministra de Economía.
Según el CIJ, que depende de la Corte Suprema, el Tribunal Oral Federal 1 también dispuso que Miceli no podrá ejercer por seis años cargos públicos.
Miceli fue condenada por haber guardado en el baño de su despacho del Ministerio de Economía 31.730 dólares y 100.000 pesos ($ 11.300) en efectivo, que ella atribuyó a una operación inmobiliaria privada. Por ese hecho, que trascendió a través de la prensa, renunció al cargo el 16 de julio del 2007, cinco meses antes de la finalización del mandato de Kirchner.
Miceli aseguró en la audiencia previa a la condena que estaba arrepentida y entre lágrimas pidió no ir a prisión. (I)
Palestina se adhirió oficialmente este miércoles a la Corte Penal Internacional (CPI), lo que abre la puerta a que responsables israelíes sean juzgados por crímenes de guerra o crímenes ligados a la ocupación de los territorios.
En una ceremonia a puerta cerrada en la sede de la corte en La Haya, el ministro palestino de Relaciones Exteriores, Ryad al Malki, recibió una copia simbólica del estatuto de Roma, el elemento constitutivo de la CPI.
Sumarse al tribunal forma parte de un esfuerzo más amplio de los palestinos de poner presión internacional sobre Israel. Su ingreso se formalizó en un momento en que se ven escasas posibilidades de retomar las negociaciones acerca de la formación de un estado palestino, tras la reciente victorial electoral del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que empleó una dura retórica en la campaña.
«Ante la gran injusticia que soporta nuestro pueblo y los reiterados crímenes cometidos en su contra, Palestina ha decidido buscar justicia, no venganza», dijo el ministro Malki a los periodistas después de la ceremonia, llamando a Israel a adherirse al tribunal.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, «no debería tener miedo (…) Si Israel tiene quejas (contra los palestinos) debería presentarlas ante la CPI», dijo Al Malki.
Netanyahu ha acusado al gobierno palestino, incluido Hamas (al que Tel Aviv considera organización terrorista), de «manipular» al tribunal.
Exasperados por décadas de negociaciones en vano, sin ninguna perspectiva de ver nacer próximamente el Estado al que aspiran desde hace mucho tiempo, los palestinos decidieron internacionalizar su causa.
Los palestinos firmaron en enero el tratado fundacional de la CPI, y su inclusión se hizo oficial el miércoles en un acto bienvenido por los activistas que lo ven como una oportunidad de exigir responsabilidades tras años de conflictos entre Israel y los palestinos.
Israel no forma parte de la CPI, pero sus líderes civiles y militares podrían enfrentarse a cargos si se cree que cometieron crímenes en territorio palestino. Israel no hizo comentarios en un primer momento el miércoles.
Investigación
El fiscal jefe del tribunal, Fatou Bensouda, abrió una investigación preliminar a mediados de enero después de los palestinos aceptaran formalmente la jurisdicción del tribunal desde justo antes del conflicto del año pasado en Gaza.
La Autoridad Palestina esperará a ver el resultado de la investigación preliminar, dijo Malki. Sin embargo, insistió en que los palestinos están dispuestos a pedir una investigación formal si la evaluación inicial de las pruebas se demora demasiado, aunque no aclaró cuándo sería eso.
Algunas revisiones preliminares llevaron meses, otras prosiguen tras varios años.
La organización Human Rights Watch dio la bienvenida a la Autoridad Palestina como 123er miembro de la CPI, e insistió en que ahora depende de Bensouda determinar si las pruebas son lo bastante sólidas como para una investigación completa.
«Cualquier decisión sobre si realizar una investigación y contra quién no está en manos de los palestinos o de los israelíes», dijo Balkees Jarrah, asesor de justicia internacional en Human Rights Watch.
Crímenes de guerra
Es probable que la revisión se centre en un principio en el conflicto del año pasado en Gaza. Los palestinos sufrieron amplias bajas civiles, llevando a algunos grupos humanitarios a acusar a Israel de crímenes de guerra. También los líderes de Hamas, que gobierna Gaza, podrían verse acusados porque el grupo miliciano disparó cohetes de forma indiscriminada sobre zonas civiles israelíes.
En un comunicado, el miembro de Hamas Ismail Radwan describió el ingreso del miércoles como «un paso en la buena dirección». Los líderes palestinos deben aprovechar la oportunidad para «denunciar la ocupación y combatirla hasta que sea sancionada por sus crímenes contra el pueblo palestino», afirmó.
Además, los fiscales podrían considerar la cuestión de la construcción de asentamientos israelíes, que gran parte del mundo considera ilegal. Pero los fiscales en La Haya no tienen jurisdicción sobre sucesos ocurridos antes de que los palestinos se unieran a la Corte.
La membresía palestina «da esperanza a las víctimas tanto en Palestina como en Israel de que puedan ver que se hace justicia y el conflicto se lleva a un final pacífico», dijo William R. Pace, coordinador de la Coalición para la Corte Penal Internacional, que respalda y promociona la labor del tribunal. (I)
Israel ha erosionado la autoridad del gobierno en Cisjordania hasta el punto donde «aquí no tiene poder real sobre nada», dijo el presidente palestino Mahmud Abás.
La inusual y franca declaración se escuchó durante una junta del Consejo Central Palestino este miércoles.
El presidente pidió al consejo -que está conformado por legisladores, líderes sindicales y otras personalidades- revisar los acuerdos interinos con Israel que crearon el gobierno autónomo de Abás en la década de 1990.
Su petición posiblemente sea una advertencia hacia Israel en momentos de fuertes tensiones. La oficina del primer ministro no quiso hacer comentarios al respecto.
A comienzos de este año Israel retuvo recursos fiscales al gobierno de Abás, que está presionado económicamente, después de que los palestinos se unieran a la Corte Penal Internacional, una decisión que podría allanar el camino para una posible investigación de crímenes de guerra contra Israel. (I)
Estados Unidos teme un hundimiento de la Autoridad Palestina producto de fondos insuficientes, a raíz de que Israel rechaza pagarle impuestos recaudados para ésta y que los donantes no entregaron todos los fondos que prometieron para reconstruir Gaza.
Washington lleva a cabo conversaciones sobre estos temas con los dirigentes de la región así como con otros países para intentar obtener más fondos, indicó la noche del jueves la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki.
«Estamos muy preocupados por la viabilidad de la Autoridad Palestina si ésta no recibe fondos rápidamente», declaró.
Esto supone entre otros, añadió, que Israel reanude la transferencia de impuestos que recauda en nombre de la Autoridad Palestina.
Estas transferencias cesaron en enero, cuando Israel se rehusó a pagar los 106 millones de euros mensuales en represalia por el pedido de adhesión de los palestinos a la Corte Penal Internacional (CPI) – lo que les permite iniciar acciones judiciales contra Israel por crímenes de guerra.
Esta medida de Israel se suma a una ayuda internacional mucho menor que la prometida para la reconstrucción de Gaza, luego de 50 días de guerra el verano boreal pasado. En El Cairo en octubre, los donantes habían garantizado 5.400 millones de dólares, de los cuales la mitad tenía que servir para la reconstrucción, pero el dinero no fue entregado y la ONU anunció el miércoles que, ante la insuficiencia de fondos, dejaría de realizar sus pagos.
Ayuda Adicional
Sra Psaki advirtió que si la Autoridad Palestina dejaba de cooperar con Israel podría desatarse una crisis grave.
Responsables estadounidenses mantuvieron discusiones sobre este tema con sus pares de la Unión Europea, de la ONU, de Rusia y la Liga Árabe.
Como están las cosas, indicó Psaki, «no parece posible que el Congreso (estadounidense) autorice una ayuda adicional a la Autoridad Palestina».
Si la situación actual se mantiene «cientos de miles de escolares y estudiantes podrían quedar sin profesores, los hospitales podrían dejar de funcionar… El costo, tanto para palestinos como para israelíes podría ser enorme, no sólo en términos financieros sino también humanos», advirtió. (I)
William Brockhaus alega incumplimiento de contrato de parte del ‘Sol de México’, quien se habría negado a realizar una serie de pagos acordados en el 2012.
Un Tribunal negó suspender la ejecución de un hombre diagnosticado con retraso mental y acusado de un crimen.
El expresidente ucraniano Víctor Yanukóvich es objeto de una orden de búsqueda internacional emitida por la Interpol por una serie de delitos financieros que le imputa la justicia de su país.
La Interpol precisó en una «alerta roja», visible este lunes en su página de internet, que Ucrania reclama a Yanukóvich, de 64 años, por apropiación indebida y malversación de fondos.
Yanukóvich fue destituido en febrero del pasado año tras varias semanas de protestas populares desatadas por la decisión del entonces jefe de Estado de renunciar, bajo la presión de Rusia, a la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea.
Algo más de un centenar de personas, entre manifestantes y policías, murieron en los enfrentamientos que precedieron a la huida a Rusia del entonces presidente, tras su destitución por el Parlamento.
Las nuevas autoridades de Kiev pidieron poco después a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, que lo procesara por crímenes contra la humanidad por su responsabilidad en la represión de las manifestaciones.
El Consejo General de Abogados de España instó este martes a las autoridades de Ecuador a agilizar la liberación de decenas de españoles condenados por narcotráfico en el país y que ya habrían cumplido su pena, después de que el Gobierno ecuatoriano rebajó el castigo por traficar con pequeñas cantidades de droga.
Con esta reforma legal efectuada en agosto de 2014, las penas por narcotráfico en el país latinoamericano varían en función de la cantidad de droga, por tanto hace falta revisar las penas de los condenados porque muchos ya han cumplido la que les corresponde según el nuevo baremo, señaló la asociación española de abogados en un comunicado.
La institución profesional sostiene que el nuevo Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano es, en materia de revisión de condenas por tráfico menor de estupefacientes, una reforma con una «visión moderna y progresista del derecho penal», en línea con el principio de proporcionalidad.
Sin embargo, critica que «los retrasos de las autoridades ecuatorianas están impidiendo la revisión de las condenas y la consiguiente puesta en libertad de los presos españoles», lo que puede afectar a quienes tienen «graves problemas de salud».
En esta línea, el Consejo de Abogados de España lamentó que el procedimiento de revisión de penas «aún no se haya establecido» pese a sus contactos «desde hace meses» con instituciones como el Consejo de la Judicatura de Ecuador, al que entregó una propuesta para revisar las condenas de los presos en cárceles españolas que no se ha aplicado.
Además, el Consulado español en Quito advirtió de que existen españoles encarcelados en Ecuador que podrían llegar a beneficiarse de la reducción de penas y a cuyos familiares se les pide dinero «para realizar gestiones legales de resultado incierto», lo que constituye un «supuesto intento de fraude» según la organización de abogados españoles.
Los palestinos se adhirieron formalmente a la Corte Penal Internacional (CPI) ayer, decisión que les permitirá presentar demandas por crímenes de guerra contra Israel a partir de abril próximo, anunciaron la Organización de las Naciones Unidas y la CPI.
La decisión suscitó nuevamente la oposición de Estados Unidos, que argumenta que el estado de Palestina no puede adherir a la CPI porque no es “un estado soberano”.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, aceptó la demanda de los palestinos de adherir a la CPI, indicó el portavoz del organismo, Stephane Dujarric. La decisión ya fue notificada a los estados miembros de la CPI.
Sidiki Kaba, presidente de la asamblea de estados-parte de la CPI, dio ayer la bienvenida a Palestina como el 123º signatario del Estatuto de Roma, que rige el funcionamiento de la Corte.
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abas, firmó la solicitud de adhesión a la CPI y a otras 16 convenciones internacionales.
El objetivo del pedido de adhesión palestino presentado el viernes pasado en la ONU es pedir responsabilidades a los dirigentes israelíes por las tres ofensivas contra Gaza desde el 2008 e incluso por la ocupación de territorios ante un organismo de justicia que se ocupa de los genocidios, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. (I)