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Argentinos conmemoran el 39 aniversario del golpe militar, el Día de la Memoria

Organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos celebraron este martes el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en Argentina al cumplirse el 39 aniversario del último golpe de Estado militar.

Agrupaciones afines al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner marcharon en primer turno a la histórica Plaza de Mayo de Buenos Aires y luego lo hicieron partidos de izquierda y otras organizaciones.

También se realizaron numerosos actos y eventos culturales en ciudades de todo el país por la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado y en reclamo de juicio y castigo a todos los genocidas.

La junta militar liderada por Jorge Rafael Videla encabezó el 24 de marzo de 1976 el golpe de Estado que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón e instauró un régimen que gobernó Argentina hasta el 10 de diciembre de 1983.

La dictadura militar dejó cerca de 30.000 desaparecidos, según estimaciones de organismos de derechos humanos. Cometió aberrantes delitos de lesa humanidad, entre ellos el robo de bebés.

«La política de derechos humanos se ha convertido en una política de Estado, es importante plantearla en conjunto, no hay posibilidad alguna de construir futuro si no hay memoria, no hay verdad y no hay justicia», declaró el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo.

Las organizaciones cercanas al kirchnerismo, entre ellas Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, marcharon bajo la consigna «Defendamos las victorias y vamos por más democracia» hacia la histórica plaza frente a la Casa de Gobierno, donde se levantó un escenario en el que cantaron reconocidos músicos y bandas de rock y pop.

Los organismos de derechos humanos que asistieron a este primer acto emitieron un documento «para reivindicar y recordar a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, a los miles de exiliados, asesinados, sobrevivientes y a todos los luchadores que sostienen las banderas por los derechos humanos, la solidaridad y la inclusión».

Denunciaron además «el entramado del plan criminal de las juntas militares asesinas y sus socios».

«Por eso decimos enfáticamente que en la última dictadura cívica militar las Fuerzas Armadas tuvieron como socias a las corporaciones de la prensa, el Poder Judicial, la Iglesia y las empresas», advirtieron.

«En la mesa que planificó el hambre y la exclusión estuvieron los genocidas, como Videla y Massera, sentados con la prensa canalla como ‘Clarín’ y ‘La Nación’, con la mafia judicial decidiendo la impunidad ante todos los hábeas corpus presentados por los miles de familiares de desaparecidos, con la cúpula de la Iglesia para armar los interrogotarios en los centros clandestinos de detención, con empresarios (…) para financiar el genocidio y hacer las cuentas del enriquecimiento de unos pocos basado en el empobrecimiento del pueblo», afirmaron.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reclamó otra vez «que se rompan los pactos de silencio que nos impiden encontrar a nuestros nietos».

«Ya son 116 las verdades que pudimos encontrar», dijo en referencia a los 116 niños apropiados durante la dictadura que pudieron recuperar su identidad. «Vamos a seguir juntos buscando a todos los que faltan porque sabemos que las mentiras no pueden ser eternas. No es casual que identidad rime con verdad y libertad», sostuvo Carlotto.

Las agrupaciones de izquierda y los organismos de derechos humanos que organizaron la segunda marcha reclamaron «cárcel a todos los genocidas; la restitución de la identidad de los jóvenes apropiados; el desmantelamiento del aparato represivo y de espionaje; la apertura de los archivos secretos» y expresaron su «repudio a la ley antiterrorista».

Demandaron asimismo la destitución del jefe del Ejército, César Milani, sospechado de haber estado involucrado en la desaparición de un soldado durante la última dictadura.

Los jerarcas de la dictadura fueron condenados en el histórico Juicio a las Juntas Militares de 1985, pero luego fueron beneficiados por indultos, mientras que cientos de represores evitaron condenas por las denominadas leyes de perdón (obediencia debida y punto final), que luego fueron declaradas inconstitucionales.

Desde la reapertura en 2006 de los juicios por violaciones a los derechos humanos, 563 represores y jefes de la dictadura fueron condenados, según un relevamiento realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

El informe registra que en los últimos nueve años se dictaron 136 fallos, de los cuales 31 están firmes, con un total de 613 sentenciados, de los cuales 50 fueron absueltos.

Se contabilizaron en tanto 970 imputados detenidos, con la mayoría (57 por ciento) alojada en unidades penitenciarias, el 40 por ciento en domicilios, el 1,5 por ciento en dependencias de las fuerzas de seguridad y el resto en hospitales.

Restan 456 expedientes en trámite, mientras que 120 causas están a las puertas del juicio oral, con 889 procesados. En tanto, 45 acusados se encuentran prófugos.(I)

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