Pagar 0,25 euros por kilómetro a los empleados que van al trabajo en bicicleta se tradujo en un aumento del 50% del uso de este medio de transporte, según los resultados de un experimento oficial de cinco meses en Francia presentados este viernes por el Gobierno.
El porcentaje de los que utilizaron la bicicleta para ir de casa al trabajo entre los 8.000 empleados de las 18 empresas que voluntariamente participaron en el estudio subió entre el 1 de junio y el 1 de noviembre pasados del 2 al 3,6 %, explicó en un comunicado el Ministerio francés de Ecología.
En total, 380 personas se apuntaron a recibir una «indemnización» por desplazarse a golpe de pedal, a las que hay que añadir 39 que también acudieron al trabajo en bicicleta, pero que a cambio de ello conservaron la parte del abono al transporte público que la empresa les tiene que pagar.
En la mayor parte de los casos, la adhesión al experimento se hizo mediante un formulario en el que el trabajador se comprometía a realizar los trayectos laborales en bicicleta y debía especificar cuántos al mes.
Trayecto al trabajo
Los responsables de la prueba detallaron que quienes se adhirieron declararon una distancia media de algo más de 5 kilómetros (superior a los 3,4 kilómetros de una investigación de 2008 tomada como referencia) que debe ser «afinada» porque «parece que esté relacionada con el impacto financiero».
Las empresas, en cualquier caso, afirmaron que no habían tenido muchas dificultades para verificar las distancias recorridas y «no constataron abusos».
El Ministerio de Ecología subrayó que el resultado es «muy positivo» para la salud de la población, ya que el riesgo de enfermedad disminuye cuanto mayor recorrido se realiza haciendo ejercicio.
Asimismo, resaltó que un tercio de los nuevos ciclistas también incrementó la utilización de la bicicleta para otros usos, como ir de compras o trasladarse en su tiempo libre.
Obstáculos para el ciclismo
En la prueba se constató que, entre los obstáculos al uso de este medio de transporte, están las malas condiciones meteorológicas, pero también las consecuencias de esa opción sobre el tiempo de trabajo.
La experiencia, financiada por la Agencia del Medio Ambiente y Control de la Energía, coincide con la tramitación en el Parlamento francés del proyecto de ley sobre transición energética, en la que se incluye el pago de esta indemnización a los que vayan al trabajo en bicicleta y que busca reducir el consumo de los hogares, así como el peso de las energías fósiles y nuclear. (I)
Las Fuerzas Armadas de Colombia retiraron este viernes del servicio a cinco de sus miembros y relevaron de sus cargos a 20 más por su presunta relación con los escándalos de espionaje al proceso de paz con las FARC.
Según el inspector general de las Fuerzas Militares, vicealmirante César Augusto Narváez, los retirados del servicio activo son tres oficiales, un suboficial y un patrullero, todos miembros del Ejército o la Policía, implicados en fuga de información reservada.
Entre los 20 relevados de sus funciones figuran diez oficiales, ocho suboficiales, un patrullero y un funcionario no uniformado, agregó el inspector, quien advirtió que los implicados pueden ser excluidos de la rama de inteligencia «si fuere del caso».
Operación Andrómeda
Esas decisiones fueron tomadas después de investigar la participación de militares y policías en los casos de espionaje de la llamada «Operación Andrómeda», del pirata informático Andrés Sepúlveda y de la filtración de documentos secretos de inteligencia y de una supuesta lista de correos electrónicos de políticos y periodistas relacionados con el proceso de paz.
La «Operación Andrómeda» fue puesta al descubierto el 4 de febrero del año pasado por la Fiscalía, que encontró que un restaurante de Bogotá era utilizado por militares como fachada para operaciones de espionaje.
Desde ese local los implicados interceptaron comunicaciones de los negociadores de paz del Gobierno colombiano con las FARC en Cuba, de dirigentes de izquierda y de periodistas.
Según explicó este viernes el vicealmirante Narváez en una rueda de prensa, «Andrómeda estuvo dentro del marco legal, con fundamento en la Constitución política colombiana, directivas, reglamentos y el Manual de Manejo de Redes de Informantes», pero faltó control de las actividades allí realizadas.
«En la fachada de la Operación Andrómeda no se aplicó el principio del secreto, establecido por la inteligencia militar para este tipo de actividades», expresó en un comunicado leído a la prensa.
Involucrados
Sobre el espionaje al proceso de paz cometido por el «hacker» Sepúlveda, gestor de redes sociales de la campaña electoral del excandidato presidencial uribista óscar Iván Zuluaga, según la Fiscalía con la finalidad de «sabotear» los diálogos con las FARC, la investigación concluyó que también hubo participación de miembros de la fuerza pública.
«Existe la presunta participación de dos suboficiales del Ejército Nacional y un patrullero de la Policía en la entrega de información clasificada directa o indirectamente al señor Andrés Sepúlveda, por lo que la Fiscalía general de la Nación les dictó medida de aseguramiento», expresó Narváez.
El caso del pirata informático, actualmente detenido, fue descubierto en mayo pasado en plena campaña presidencial en la que Zuluaga disputó una reñida segunda vuelta con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que entonces aspiraba a la reelección.
Pero también se ha abordado la presunta existencia de un directorio militar en el que, al parecer sin conocimiento o autorización de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, se recopilaron datos de unos 500 periodistas nacionales e internacionales, hechos sobre los cuales «a la fecha no se ha encontrado evidencia», indicó el oficial.
Polígrafo
En total, las Fuerzas Armadas realizaron 268 pruebas de credibilidad y confidencialidad a personal de inteligencia y miembros de otras divisiones a los que preguntaron su implicación en estos casos bajo la prueba del polígrafo.
De ellas, destacaron ocho pruebas que no arrojaron resultados «satisfactorios», explicó Narváez.
A partir de estos resultados, la investigación avanzó hasta determinar la supuesta vinculación de los 25 integrantes de las Fuerzas Armadas.
El vicealmirante rehusó ofrecer más detalles sobre los pormenores de la investigación puesto que, insistió, es potestad de la Fiscalía, que investiga dichas operaciones, pronunciarse «a su debido momento».
Con el mismo argumento, también rechazó especificar si estos 25 miembros facilitaron información reservada del proceso de paz al expresidente Álvaro Uribe, fuerte crítico de las negociaciones que en diversas ocasiones ha revelado datos solo en poder de los negociadores de paz del Gobierno.
Además de estas sanciones, Narváez anunció que se han abierto seis «investigaciones disciplinarias», de las cuales cuatro corresponden al caso del pirata informático Sepúlveda y dos a la existencia de la lista de correos electrónicos de periodistas.
En estas investigaciones están involucrados al menos once «funcionarios de la fuerza pública» sobre los que no se ofreció más detalles puesto que el proceso aún no ha culminado. (I)
Roberta Jacobson señaló en una rueda de prensa que el tema de derechos humanos y la democracia es «crucial» para Estados Unidos.
Salman Ibn Abdulaziz, de 81 años, subió al trono de la poderosa nación y nombró a su hermano como predecesor.
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22-Jan 07:46 pm Levantada la huelga de sangre por la liberación de los presos políticos
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22-Jan 05:23 pm Así se vería un comercial de Facebook en 1995
La presidenta argentina, Cristina Fernández, dio este jueves un vuelco al caso del fiscal Alberto Nisman al afirmar que «no fue suicidio» sino parte de una «operación contra el Gobierno» que incluía utilizar al fiscal para denunciar a la mandataria antes de su muerte.
Nisman acusó a la mandataria de encubrir a los autores de un atentado antisemita de hace dos décadas.
A través de sus cuentas en las redes sociales, la mandataria indicó que las acusaciones no tienen sustento y que el fiscal habría sido usado para golpear al Gobierno.
Alberto Nisman, que estaba a cargo de la fiscalía que investiga el atentado de 1994 contra la mutual judía AMIA, fue hallado el domingo en su departamento con un disparo en la sien.
La muerte conmocionó a los argentinos y aún no ha sido aclarada, pero los investigadores creen que pudo haber sido un suicidio.
«Los espías que no eran espías. Los interrogantes que se convierten en certeza. El suicidio (que estoy convencida) no fue suicidio», dijo Fernández en un texto publicado en su página de Facebook. «La acusación de Nisman no sólo se derrumba, sino que constituye un verdadero escándalo político y jurídico».
Algunos funcionarios sugirieron que podría tratarse de un suicidio instigado.
La investigación reveló que Nisman murió por un disparo de una pistola que le habría prestado un colaborador de su fiscalía, Diego Lagomarsino. Pero en los primeros peritajes no se halló pólvora en la mano de Nisman, por lo que hasta ahora no se pudo confirmar la hipótesis del suicidio.
Nisman debía presentar el lunes ante diputados los detalles de su denuncia y supuestas pruebas contra la presidenta y el canciller argentino, Héctor Timerman.
El fiscal, de 51 años, acusaba al Gobierno de haber acordado con Irán el encubrimiento de ciudadanos de ese país acusados por el atentado contra la AMIA, que dejó 85 muertos en Buenos Aires.
«Lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto. Así de triste y terrible», dijo Fernández en el texto, publicado también en su sitio web.
La presidenta instó a investigar «lo más rápidamente posible» la actuación de la decena de agentes de policía que estaban asignados como custodia personal de Nisman.
Por ahora, la fiscal a cargo del caso, Viviana Fein, ha dicho que no descarta ninguna hipótesis. Aún continúan los peritajes para esclarecer los pormenores de la muerte.
Acusan a agente de Inteligencia
El Gobierno cree que la denuncia de Nisman fue impulsada por agentes desplazados de servicios de inteligencia, que también podrían haber estado implicados en su muerte.
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández dijo el miércoles que el ex agente Antonio Stiusso, despedido en una reciente reestructuración de la agencia de inteligencia y que trataba cotidianamente con Nisman, le dio información falsa al fiscal para que elaborara su acusación contra el Gobierno.
«Stiusso fue el que le vendió (a Nisman), entre comillas, esta relación que no existió nunca», dijo el funcionario, negando que dos supuestos agentes involucrados en la denuncia tuvieran relación con la Secretaría de Inteligencia, como afirmó el fiscal para sostener el argumento que lleva a la presidenta.
La denuncia de Nisman fue publicada el martes por la justicia argentina a través del Centro de Información Judicial.
El caso sacudió a la sociedad argentina, que mayormente no cree que se haya tratado de un simple suicidio, y también a toda la dirigencia política, que se ha lanzado acusaciones cruzadas de cara a las elecciones presidenciales de octubre.
Siete de cada 10 argentinos cree que Nisman fue asesinado, de acuerdo con un sondeo de la consultora Ipsos.
«Me dijo que temía que lo mataran», dijo a un canal de televisión Marta Nercellas, abogada que representó a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) durante el único juicio que hubo por el atentado a la AMIA.
«Yo no puedo creer que él se haya suicidado», acotó. (I)
El Gobierno japonés afirmó que desconoce en qué estado se encuentran los dos ciudadanos japoneses secuestrados por el grupo yihadista ISIS.
El ministro de Economía y vicecanciller alemán, Sigmar Gabriel, instó este jueves a Francia, Italia y Grecia a acometer reformas estructurales, aunque el precio político sea muy alto, horas antes de conocerse los detalles de la decisión del Banco Central Europeo (BCE).
«Nuestra experiencia en Alemania con las reformas estructurales necesarias es que se necesitó mucho tiempo hasta que decidimos implementarlas y crearon mucha discusión política interna y conflicto. Además, recolectamos los frutos ocho o diez años después de introducirlas», dijo Gabriel en la ciudad suiza de Davos.
«¿Por qué iba a ser diferente en Europa?», se preguntó el ministro alemán de Economía en el Foro Económico Mundial.
«Como alemán diría que algunas de las reformas estructurales necesarias en Francia e Italia, o que los griegos tendrían que haber hecho desde hace tiempo, son mucho más duras que las que quisimos los alemanes y esto es también parte de la realidad», añadió Gabriel.
El vicecanciller alemán añadió que «no podemos dejar sólo al BCE toda la tarea de estimular el crecimiento y el empleo, por ello el Gobierno alemán está convencido de que el programa que la Comisión Europea y su presidente, Jean-Claude Juncker, han propuesto tiene, al menos, la oportunidad de combinar reformas estructurales e iniciativas de crecimiento».
«Pero es importante que las reformas se produzcan realmente y, al mismo tiempo, que las iniciativas de crecimiento no sean una emoción inicial para la coyuntura, sino que se inviertan en la competitividad del Continente, en la infraestructura digital, en Investigación y Desarrollo, así como en eficiencia energética», dijo Gabriel.
Aplicación de reformas
El ministro alemán de Economía recordó que «en 2003 hubo dos países que no cumplieron los criterios de endeudamiento de Maastricht, uno fue Alemania y el otro Francia, pero entre los dos países hay grandes diferencias porque 2003 fue el año en el que iniciamos nuestras reformas estructurales».
«Sabíamos que estas reformas tenían que estar combinadas con inversiones y por eso no respetamos los criterios de Maastricht, si hubiéramos tenido que respetarlos, deberíamos haber ahorrado otros 20.000 millones de euros más y la oposición en Alemania hubiera sido tan grande que no hubiéramos podido aplicar las reformas», afirmó Gabriel.
Francia entonces creó más deudas y no aplicó las reformas, según el titular de la cartera alemana de Economía.
Ahora la tarea de Alemania es apoyar la política de la UE y la CE y todos los Gobiernos y países tienen que tener el valor de aplicar estas reformas y decir a la gente la verdad sin tener miedo, según Gabriel.
«Es una tarea muy difícil, hemos visto que los gobiernos de los países que lo han hecho lo han pagado no siendo elegidos en la siguiente legislatura, esto es también parte de la verdad», dijo Gabriel.
«Eso nos ocurrió a nosotros, como socialdemócratas aplicamos las reformas y después pagamos un precio muy alto, pero no hay alternativa», añadió.
Gabriel comenzó a hablar en alemán, disculpándose y explicando que «de joven estaba demasiado dedicado a la política y que no era muy buen estudiante en francés y en inglés».
Posteriormente, el ministro de Economía alemán continuó en inglés su participación en el debate, en el que también participaron el primer ministro de Holanda, Mark Rutte; de Finlandia, Alexander Stubb; de Letonia, Laimdota Straujuma, y de Irlanda, Enda Kenny.
La canciller alemana, la cristianodemócrata Angela Merkel, pronunciará hoy también un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos sobre los retos de la revolución digital, poco antes de conocerse detalles de la decisión del BCE.
Alemania se ha opuesto en el pasado a la aplicación de un programa de expansión cuantitativa, que incluya la compra de deuda soberana, pero ahora muestra tolerancia con la condición de que se apliquen también reformas estructurales. (I)
Los argentinos salieron de nuevo a las calles para pedir verdad y justicia mientras crecen las dudas sobre la muerte de Alberto Nisman.
«Quiero expresar públicamente una disculpa pública a Luis Humberto que le pedí en privado desde el día 9».
Hacen público el documento íntegro presentado por Nisman en donde acusaba a Kirchner de encubrir a Irán.
Durante su discurso el presidente exhortó a la nación a elegir quiénes quieren ser en las próximas décadas.
Tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, que acusó el miércoles pasado a la presidenta argentina de encubrir a Irán en la causa por el atentado antisemita de 1994, Cristina Fernández, jueces y ciudadanía reclaman aclarar un fallecimiento investigado como suicido o «instigación al suicidio».
El lunes, mientras el país digería la sorpresiva muerte del fiscal, por un disparo en la sien derecha con un arma prestada -según la investigación- y horas antes de explicar al Congreso su grave denuncia contra Kirchner y su canciller Héctor Timerman, la Presidenta guardó silencio que rompió en la noche con una carta.
Antes, la Presidencia anunció la desclasificación de información de Inteligencia relacionada con la investigación del atentado contra la mutual judía AMIA de 1994, solicitada la semana pasada por Nisman.
Grupos de oposición convocaron a miles de personas en varias ciudades del país, especialmente en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, que con el lema «Yo soy Nisman», pidieron justicia y «fin a la impunidad K» (K, en referencia al gobierno Kirchner).
Cacerolazos y bocinazos de autos se escucharon en otros barrios de la capital, casi a la misma hora en que Kirchner divulgó una larga carta en Facebook y Twitter, las redes donde corrieron cadenas y hashtag durante la jornada llamándola #CFKasesina, entre otros insultos.
«AMIA. Otra vez: tragedia, confusión, mentira e interrogantes», tituló Kirchner en una carta crítica al fiscal Nisman.
«No se debe permitir que una vez más se intente hacer con el juicio de encubrimiento lo que ya se hizo con la causa principal», dijo en referencia a la causa por el ataque a la mutual judía AMIA, que dejó 85 muertos y 300 heridos y lleva 20 años sin esclarecerse.
Desclasificación de información
La Presidenta argentina se preguntó quién «ordenó» a Nisman interrumpir sus vacaciones en España y presentar una denuncia de 350 hojas -«¿su escrito?»-, que tal vez «debía tener preparadas con anterioridad» o «tal vez alguien se las dio cuando volvió».
Así como el gobierno ordenó desclasificar material que pedía el fiscal difunto, el juez Ariel Lijo, que recibió la denuncia de Nisman, también dispuso medidas urgentes para preservar las escuchas telefónicas en las que se basa el pedido de indagatoria de Kirchner.
La semana pasada, cuando la denuncia de Nisman sorprendió a los medios y enojó al gobierno, se indicó que Lijo estaba de vacaciones hasta febrero y su reemplazante, la jueza María Servini de Cubría, consideró no tomaría el caso.
Lijo dispuso «medidas urgentes» para incautar más de 300 discos compactos con las grabaciones telefónicas obtenidas con la intervención de líneas telefónicas de un ciudadano iraní y hombres cercanos al gobierno.
Las organizaciones judías AMIA y la DAIA convocaron a un acto para el miércoles en Buenos Aires al que invitan a todas la ciudadanía bajo el lema «verdad y justicia».
El gobierno insistió en que se trató de un suicidio, aunque dirigentes oficialistas y de oposición también hablaron de un «suicidio inducido».
El diputado oficialista Andrés Larroque, que está imputado en la causa, dijo que hay que investigar «quien empujó al fiscal a esta decisión».
La fiscal que lleva la investigación de la muerte de Nisman, Viviana Fein, dijo que «se podría hablar de un suicidio».
«El cuerpo no fue golpeado ni sometido a maltrato, no descarto una instigación. No decimos que esté resuelta la causa» y aclaró que resta el examen toxicológico del cuerpo.
«La causa está caratulada como muerte dudosa», afirmó la fiscal, que también informó que «el arma que se encontró con él no era propiedad del fiscal Nisman, era de un colaborador, lo estamos corroborando».
La firma en enero de 2013 de un memorándum de entendimiento con Irán -denunciado como «inconstitucional» por la AMIA y otras organizaciones judías- tensó las relaciones entre el gobierno kirchnerista y esta comunidad, la mayor de América Latina.
El gobierno ha defendido el acuerdo bilateral con Irán para investigar a los acusados de planificar el ataque. Cinco exfuncionarios iraníes, entre ellos un expresidente, actuales ministros y dirigentes religiosos locales, tienen pedido de captura internacional de Interpol a solicitud de la justicia argentina.
Desde marzo de 2012, espera fecha un juicio contra el expresidente Carlos Menem (1989-1999) acusado de «encubrimiento agravado» de la llamada «conexión local», que dio la logística para perpetrar el atentado. (I)
Tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, que acusó el miércoles pasado a la presidenta argentina de encubrir a Irán en la causa por el atentado antisemita de 1994, Cristina Fernández, jueces y ciudadanía reclaman aclarar un fallecimiento investigado como suicido o «instigación al suicidio».
El lunes, mientras el país digería la sorpresiva muerte del fiscal, por un disparo en la sien derecha con un arma prestada -según la investigación- y horas antes de explicar al Congreso su grave denuncia contra Kirchner y su canciller Héctor Timerman, la Presidenta guardó silencio que rompió en la noche con una carta.
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