La Corte Suprema, ante el caso que puede cambiar el modelo social de Estados Unidos

La Corte Suprema escucha los argumentos para que el matrimonio igualitario sea legal en todo el país, aunque la decisión se conocerá en las próximas semanas

Los derechos de los gay, otra vez en el Supremo

Este martes, en Washington DC, comienza a decidirse el futuro de 28 demandantes y, con el de ellos, el de miles 

El momento "agridulce" de un joven inmigrante gay ante la decisión de la Corte Suprema

Rodríguez-Sousa estará en Washington para defender la constitucionalidad del matrimonio igualitario y pedir a la comunidad LGBT apoyo para indocumentados

Vania Bludau: Poder Judicial ordenó su captura

La modelo no asistió a escuchar la sentencia del proceso judicial que le entabló su expareja Christian Domínguez por difamación.

Gobierno aguarda fallo para definir la estrategia a seguir con la acción ejecutiva

No está definido lo que hará la Administración Obama si la Corte de Apelaciones fallara en su contra.

La Casa Blanca presenta plan para convertir en ciudadanos a 8.8 millones de residentes

Plan forma parte de la acción ejecutiva que, además, frena la deportación de 5 millones de indocumentados.

Frustración entre los indocumentados por la falta de fallo en New Orleans

Inmigrantes que esperaban por el fallo de la Corte de New Orleans se sienten cansados ante la dilatación del proceso migratorio

Juez ordena seguir adelante con la demanda de Víctor Jara en Florida

Un juez federal del estado de Florida desestimó la solicitud de un militar chileno acusado de haber participado en el asesinato del cantante Víctor Jara para que cerrara su caso y le ordenó que responda de inmediato a los cargos de tortura y matanza extrajudicial que enfrenta.

En su resolución, el juez Roy Dalton Jr., sin embargo, resolvió desechar las acusaciones de crímenes de lesa humanidad interpuestas por la familia de Jara contra el teniente retirado chileno Pedro Barrientos.

«Estamos complacidos porque nuestro caso podrá seguir adelante por torturas y matanza extrajudicial», dijo a la AP Almudena Bernabeu, una de las abogadas del Centro para la Justicia y Rendición de Cuentas, que representa a la familia de Jara. Pero lamentó que «la corte haya desechado los crímenes de lesa humanidad, porque el asesinato de Victor Jara es un crimen contra la humanidad».

La decisión de Dalton se debió a que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos prohíbe a los magistrados abordar casos de lesa humanidad cometidos en el extranjero.

En su resolución de 14 páginas del 14 de abril, a la que la AP tuvo acceso el jueves, el juez le ordenó a Barrientos responder a las acusaciones antes del 28 de abril.

La decisión del magistrado del tribunal federal del distrito del centro de Florida en Orlando allanó el camino para que la demanda civil llegue a un juicio oral, tras los intentos de Barrientos de que fuera archivada.

En los próximos meses las partes deberán presentar sus alegatos y evidencias y el juicio podría comenzar hacia comienzos del año próximo y extenderse por al menos dos semanas, de acuerdo con los demandantes.

Demanda

La familia de Jara presentó en septiembre de 2013 la demanda en nombre del fallecido cantautor y activista chileno, alegando que Barrientos, quien reside en Florida y se desempeñó como militar del ejército chileno durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), ordenó a los soldados que estaban bajo su mando que torturaran a Jara.

El artista y activista político fue detenido, torturado y encarcelado pocos días después de la llegada de Pinochet al poder en septiembre de 1973.

Barrientos, quien forma parte de un grupo de oficiales que también enfrentan acusaciones penales en Chile por la muerte de Jara, introdujo a comienzos de marzo una moción pidiéndole al juez que desechara el caso. En el documento, el militar alegó que la demanda había prescrito porque fue presentada 40 años después de la muerte de Jara y 24 años después de que él se mudara a Estados Unidos, en 1989. Dijo también que la justicia estadounidense no tenía jurisdicción sobre el caso.

El militar ha negado estar involucrado en la muerte de Jara y ha asegurado que no sabía quién era el cantautor en el momento del golpe de Estado.

El abogado de Barrientos en Estados Unidos, José Báez, no respondió los mensajes de correo electrónicos enviados por AP.

Tortura

La esposa de Jara y sus dos hijas -Joan Jara, Amanda Jara Turner y Manuela Bunster, respectivamente- alegan que Barrientos estaba a cargo del centro de detenciones adonde fue llevado Jara y que él ordenó a sus subordinados que lo torturaran. Luego él mismo participó en una especie de ruleta rusa y efectuó el disparo letal.

En Chile la Corte de Apelaciones cerró recientemente el sumario por el homicidio de Jara, lo que significa el fin de la etapa investigativa. En esa causa hay 12 procesados, incluido Barrientos.

En Estados Unidos, a diferencia de Chile, la demanda es civil y por ello Barrientos sólo enfrenta una condena monetaria que podría ser millonaria, pero no una pena de cárcel.

La familia de Jara sostiene que con esta demanda lo que busca es ante todo que se haga justicia y que finalmente Barrientos pueda ser expatriado a su país para que enfrente allí a la justicia.

En la nación sudamericana se requiere la presencia del imputado para pasar a la fase de juicio.

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Jodi Arias, la joven de ascendencia mexicana declarada culpable por el asesinato de su amante Travis Alexander, fue sentenciada a cadena perpetua.

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3 años de prisión para exministra kirchnerista

La exministra de Economía argentina Felisa Miceli fue condenada ayer a tres años de prisión por encubrimiento agravado por el hallazgo en el 2007 de una bolsa con miles de dólares en el baño de su despacho.

Pero Miceli, de 62 años, quien ocupó la cartera de Economía durante el gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), no irá tras las rejas porque la ley dispone el cumplimiento de la pena cuando esta es mayor de tres años, según el fallo divulgado por el Centro de Información Judicial.

La exministra kirchnerista había sido condenada en diciembre del 2012 por el Tribunal Oral Federal 2 a cuatro años de prisión y a ocho para ejercer cargos públicos, pero luego la Cámara Federal de Casación Penal solicitó que se revisara la pena. Fue presidenta del Banco de la Nación Argentina y entre 2005 y 2007 ejerció como ministra de Economía.

Según el CIJ, que depende de la Corte Suprema, el Tribunal Oral Federal 1 también dispuso que Miceli no podrá ejercer por seis años cargos públicos.

Miceli fue condenada por haber guardado en el baño de su despacho del Ministerio de Economía 31.730 dólares y 100.000 pesos ($ 11.300) en efectivo, que ella atribuyó a una operación inmobiliaria privada. Por ese hecho, que trascendió a través de la prensa, renunció al cargo el 16 de julio del 2007, cinco meses antes de la finalización del mandato de Kirchner.

Miceli aseguró en la audiencia previa a la condena que estaba arrepentida y entre lágrimas pidió no ir a prisión. (I)

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