El artista murió en su casa de Bel Air a consecuencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
El mandatario confió a a activistas la «seguridad» de que la acción ejecutiva sobrevivirá batalla legal.
El expresidente de Colombia y actual senador Álvaro Uribe comparecerá la próxima semana ante la Corte Suprema de Justicia por su presunto conocimiento de las actividades del hacker Andrés Sepúlveda, acusado de espiar a los negociadores en los diálogos de paz con la guerrilla FARC.
El propio Uribe anunció este miércoles que será escuchado por la más alta instancia judicial del país, que tiene entre sus funciones investigar y juzgar a los miembros del Congreso, en el marco de la investigación preliminar que realiza sobre el caso.
«He solicitado a la Corte Suprema de Justicia que mi versión libre, el martes, sea ante todos los magistrados de la Sala Penal», dijo en Twitter el senador del derechista Centro Democrático, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010.
El exmandatario, el más férreo opositor de las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC, comunistas) que lidera su sucesor, Juan Manuel Santos, desde noviembre de 2012, pidió a la Corte Suprema que le permitiera pronunciarse sobre las afirmaciones de Sepúlveda.
El experto informático declaró haber sido contratado por la campaña del candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga -perdedor ante Santos las elecciones del año pasado-, para sabotear las pláticas de paz.
Actividades de Sepúlveda
El expresidente explicará si estaba o no al tanto de las actividades ilícitas de Sepúlveda y, aunque solicitó ser escuchado por la Sala Penal, sólo lo recibirá el magistrado José Luis Barceló, a cargo de esa investigación.
Preso desde junio pasado acusado de seguimiento ilegal de los negociadores del gobierno y de las FARC, Sepúlveda llegó hace poco a un preacuerdo con la Fiscalía por el cual se compromete a servir de testigo en la pesquisa por supuesto espionaje, a cambio de reducir su tiempo en prisión a 10 años y de pagar una multa de unos 32.000 dólares.
El hacker ya aceptó «ser responsable de los delitos de espionaje, concierto para delinquir agravado, acceso abusivo en sistema informático agravado, uso de software malicioso agravado y violación de datos personales agravado», según el pacto suscrito con la Fiscalía.
Sepúlveda ya fue escuchado por la Corte Suprema por este caso pero no se descarta que vuelva a ser citado, dijo a la AFP una fuente judicial.
La indagación preliminar sobre este caso es motivada por una denuncia que presentó a la Corte la ONG Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, liderada por Pablo Bustos, conocido por sus cruzadas contra actos ilegales de congresistas y funcionarios públicos.
Por el momento, la Sala Penal de la Corte Suprema, integrada por nueve magistrados, no realiza una investigación formal por este caso, sino indagaciones para evaluar si inicia o no un proceso. (I)
Los legisladores de Jamaica aprobaron una ley para despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de marihuana y establecer una agencia que regule el uso de la hierba con fines médicos en la isla.
Desde hace tiempo esa droga ha estado culturalmente arraigada en esta nación del Caribe, pero su uso era ilegal.
Mientras que la legislación para el uso recreativo del cannabis entró en vigor este martes en Alaska, en el norte de Estados Unidos, siguiendo así los pasos de Colorado y el estado de Washington, a los que luego se unirá Oregon.
«A partir del martes, las personas mayores de 21 años pueden legalmente tener 28 gramos de marihuana y cultivar hasta seis plantas de cannabis en casa», indicó un comunicado de los servicios del gobernador de Alaska.
El consumo privado «es completamente legal para los adultos pero sigue siendo ilegal» en la vía pública, bajo pena de multa, precisó.
Alaska aún debe legislar sobre las normas relativas a la venta de cannabis.
El gobernador Bill Walker presentó recientemente un proyecto de ley para crear una Oficina de control de la marihuana.
Mientras tanto, los habitantes de Alaska tienen derecho a cultivar su propia marihuana, de recibir o dar (hasta 28 gramos), pero tienen prohibido venderla sin un permiso especial.
Además, si bien es legal poseer productos derivados del cannabis como aceites, ceras, productos comestibles, colorantes y otros, está prohibido comprarlos o venderlos en Alaska hasta tanto la reglamentación no haya sido promulgada.
El consumo de marihuana sigue siendo ilegal a nivel federal, pero 23 estados de Estados Unidos han legalizado el cannabis con fines medicinales, y unos 40 estados han flexibilizado sus leyes.
Según un informe reciente de la firma ArcView, 14 estados de Estados Unidos habrán aprobado el consumo de marihuana para uso recreativo antes de finales de 2020. Su legalización en Oregon (noroeste) debe entrar en vigor el 1 de julio.
La ciudad de Washington también despenalizó la posesión de marihuana mediante un referéndum, pero el Congreso de Estados Unidos, que supervisa los asuntos de la capital federal (que no es un Estado) se opuso a finales de año.
Obstáculos legales podrían también frenar la expansión. A mediados de diciembre, los Estados de Oklahoma (sur) y Nebraska (centro) introdujeron una demanda ante el Tribunal Supremo contra el vecino Colorado (oeste), acusándolo de haber abierto un «fallo peligroso» en el control de las drogas.(I)
Barack Obama, vetó el martes el proyecto de ley aprobado en el Congreso para autorizar la construcción inmediata del oleoducto Keystone.
El juez federal de Texas que frenó la acción ejecutiva tiene dos días para responder demanda del gobierno.
El gobierno argentino denunció la existencia de una “arremetida” judicial, tras la confirmación del procesamiento del vicepresidente Amado Boudou y la ratificación del juez que investiga una empresa de la presidenta Cristina Fernández.
Para el Ejecutivo, hay un “ataque” contra el gobierno orquestado por la justicia y resulta “llamativo” que decisiones judiciales adversas a funcionarios públicos se hayan adoptado después de la marcha por el fallecido fiscal Alberto Nisman.
“Hay una arremetida corporativa, mediática y judicial”, dijo ayer el jefe de gabinete argentino, Jorge Capitanich.
El jueves, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Boudou por “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles” con su cargo en un caso sobre la compra de una imprenta de papel moneda. También rechazó la recusación contra el juez Claudio Bonadío, quien investiga presuntas irregularidades administrativas en la empresa Hotesur, de la que es accionista la mandataria.
En otro tema, el fiscal Gerardo Pollicita rechazó ayer la invitación de kirchneristas al Congreso para explicar su imputación a la presidenta, en el caso sobre presunto encubrimiento. Adujo que podría poner en riesgo la indagación. (I)
El gobierno uruguayo anunció el jueves que envió al Congreso un proyecto de ley que busca dejar sin efecto la deuda que Cuba tiene con Uruguay, de unos 31,5 millones de dólares más intereses, retribuyendo así los aportes del país caribeño en distintas áreas de la salud.
El proyecto de ley -que deberá ser aprobado por el Congreso donde la izquierda gobernante tiene mayoría- busca la «condonación total de dicha deuda por parte de nuestra República, en mérito a las numerosas instancias de cooperación que nuestro país recibió de parte de la República de Cuba en distintos ámbitos», señala el documento.
Dentro de las colaboraciones recibidas por Uruguay de parte del gobierno de Raúl Castro, el documento destaca las iniciativas que permitieron crear un centro oftalmológico en Montevideo, denominado José Martí, que propició más de 50.000 intervenciones oftalmológicas gratuitas a personas de bajos recursos.
La deuda se originó en el marco de un convenio de créditos recíprocos auspiciados por la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).
El presidente uruguayo José Mujica, que traspasará el mando al también izquierdista y expresidente Tabaré Vázquez el primero de marzo, visitó Cuba durante su presidencia y se reunió con el líder de la revolución cubana Fidel Castro. (I)
El gobernador de Texas celebró con políticos republicanos «la victoria» que representa el fallo del juez.
Un mes después del fallecimiento de Alberto Nisman, una testigo que estuvo en el operativo en la casa donde murió el fiscal argentino reveló irregularidades en el protocolo para preservar las pruebas.
Natalia Fernández, de 26 años, relató en una entrevista a el diario Clarín que los agentes repasaron la documentación esparcida sobre la mesa de Nisman, tocaron el teléfono, usaron los baños y la cafetera.
“Tomaban mate y pidieron medialunas. Tocaban todo. Había unas cincuenta personas. La fiscal preguntaba la cortamos acá y la seguimos mañana?”, señaló Fernández.
Aseguró también que los agentes le dieron documentación para firmar cuyo contenido desconoce y que una parte la firmó al día siguiente.
Además, agregó, una agente agarró un teléfono móvil de Nisman con la intención de responder porque recibía llamadas, pero que lo impidió en medio de las burlas de todos.
Detalló que oyó decir a los peritos que “el disparo a Nisman salió a 11 cm de su cabeza”. Asimismo, recordó que la fiscal del caso, Viviana Fein, le mostró una bolsa con cinco “casquillos de bala o algo así”.
Fein aseguró que lo que dijo la joven “no existe, son descabelladas las expresiones que pone en mi boca” y advirtió que “tendrá que hacerse cargo”.
En tanto, el gobierno dispuso custodia para el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Daniel Rafecas, que investigan la denuncia del fiscal Alberto Nisman sobre el presunto intento de la mandataria Cristina Fernández de encubrir a terroristas iraníes.
El viernes pasado, Pollicital imputó a la presidenta y espera que Rafecas se haga cargo de la causa hoy y acepte su pedido para poder indagar a Fernández, su canciller Héctor Timerman y otros funcionarios denunciados por Nisman.
Hoy también está prevista la Marcha del Silencio, convocada por fiscales y apoyada por la oposición en memoria de Nisman. Partirá del Congreso y concluirá en la emblemática Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.
Horas antes, el gobierno de Cristina Fernández, que ha criticado con dureza la convocatoria por considerar que tiene sesgo político, hará un acto oficial en la central nuclear de Atucha II, donde estaría la mandataria. (I)
La Casa Blanca decidió este martes plantar batalla legal a la decisión de un juez en Texas de bloquear las acciones ejecutivas del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que permitirían regularizar temporalmente a cinco millones de inmigrantes indocumentados.
El juez federal del distrito sur de Texas Andrew Hanen emitió este lunes por la noche una suspensión temporal de la acciones ejecutivas de Obama por la demanda presentada por 26 estados contra la constitucionalidad de las medidas presidenciales en materia migratoria.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró este martes que el Departamento de Justicia apelará contra la decisión de Hanen, ya que las medidas son «coherentes» con leyes aprobadas por el Congreso y con decisiones de la Corte Suprema, que «han dejado claro que el Gobierno federal puede establecer prioridades en la aplicación de nuestras leyes de inmigración».
La decisión de Hanen ha estado perfectamente coreografiada, ya que se conoció anoche, poco antes de que este miércoles comience el proceso de inscripción para obtener un alivio en los procesos de deportación.
Además, ha contado con una dosis de suerte y coincidencia, ya que debido a la nieve en Washington el Gobierno federal, incluido el Departamento de Justicia, se encuentra cerrado, al igual que el tribunal al que el Gobierno de Obama debería enviar su apelación, que se encuentra en Nueva Orleans, donde hoy se celebra el carnaval del Mardi Gras.
El equipo de Obama requiere premura, porque el miércoles comenzaba a entrar en vigor la primera parte de las acciones ejecutivas del presidente, la que permitía pedir una suspensión de los procesos de deportación a 230.000 jóvenes inmigrantes que han crecido y se han educado en EE.UU. durante tres años, la iniciativa de alivio migratorio conocida como Acción Diferida (DACA).
Segunda fase
La sentencia del juez Hanen también afectaría al comienzo en mayo de una segunda fase que beneficiaría a los padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con estatus permanente, bautizada como Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA).
El secretario de Seguridad Nacional (DHS), Jeh Johson, mostró hoy su total desacuerdo con la decisión del juez Hanen, pero aseguró que la respetarán y el DHS no aceptará las peticiones de la DACA que iban a comenzar a procesarse mañana.
Los apoyos y las críticas al bloqueo del juez Hanen no se han hecho esperar y se han dividido entre las opiniones favorables de los republicanos, y las esperanzas de revocar el fallo de los demócratas y las organizaciones hispanas.
La organización American Center for Law & Justice (ACLJ), que representa a 68 congresistas, entre ellos a los senadores republicanos por Texas Ted Cruz y John Cornyn, clamó «victoria» hoy tras conocerse el fallo.
«Esta decisión representa una importante victoria contra los excesos anticonstitucionales del presidente Obama», aseguró el ACLJ.
En un comunicado por separado, el senador Cruz aseguró que la decisión judicial es un «punto de inflexión en la batalla para detener la amnistía fuera de la ley de Obama».
Republicanos
Mostrando la sintonía de los republicanos en el Congreso en este asunto, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que el revés para la Casa Blanca demuestra que Obama «no tiene la autoridad para realizar este tipo de acciones».
McConnell pidió a los senadores demócratas que dejen de obstaculizar la propuesta republicana de incluir enmiendas para acabar con las acciones diferidas de Obama, un desacuerdo que podría llevar este mes a un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional por falta de fondos.
La congresista demócrata por California Linda Sánchez, presidenta del caucus hispano del Congreso, aseguró que hay precedentes en el uso del poder ejecutivo en asuntos migratorios, tal y como hizo en su momento el presidente republicano Ronald Reagan
Brent Wilkes, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), aseguró que la postura adoptada por los republicanos ignora que la necesidad de que Obama recurriera a una acción ejecutiva se dio por la oposición de congresistas conservadores a la reforma migratoria consensuada entre senadores de ambos partidos.
«Confiamos en que las acciones del presidente serán encontradas constitucionales por un tribunal y se dará luz verde a su implementación. Mientras tanto, LULAC asistirá a las familias que se preparan para el proceso de solicitud», explicó Wilkes.
Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), confió en que un tribunal revoque finalmente la decisión del juez tejano y «reafirme la legitimidad de ese alivio administrativo, poniéndose de lado de los incontables juristas que indicaron que el presiente estaba actuando dentro de autoridad».
El 18 la USCIS comenzaría a recibir solicitudes de dreamers bajo la acción ejecutiva. Ahora deberán esperar.
El show de Conan O’Brien que se emitirá el próximo 4 de marzo mostrará la vida cotidiana de los cubanos.
El Presidente se reúne hoy con los genios de la industria para analizar estrategias para enfrentar a los hackers.
El objetivo será mejorar el flujo de datos sobre amenazas cibernéticas entre las empresas y el Gobierno.
La magistrada Sandra Arroyo Salgado participó en una sesión especial convocada por la oposición en el Congreso.
Filadelfia se convertirá en sede donde elegirán la carta con la que se enfrentarán a los republicanos.
El presidente estadounidense Barack Obama pidió este miércoles al Congreso que autorice el uso de la fuerza militar contra el grupo extremista Estado Islámico y llamó a los legisladores a «mostrarle al mundo que «estamos unidos en nuestra determinación» para combatir la amenaza directa que representa esa agrupación.
El presidente quiere una resolución conjunta en respuesta a las acciones de un grupo extremista que está imponiendo un control violento en Irak y Siria y ha matado a rehenes estadounidenses y de países aliados.
En una carta enviada a los legisladores que acompaña la propuesta entregada y a la cual tuvo acceso The Associated Press, Obama señala que el Estado Islámico «representa una amenaza al pueblo y la estabilidad de Irak, Siria y el Oriente Medio, y a la seguridad nacional de Estados Unidos».
La propuesta de Obama prohibiría «operaciones ofensivas duraderas». Esa redacción busca cerrar la brecha entre legisladores opuestos a enviar tropas terrestres y aquellos que dicen que el comandante en jefe debería mantener esa opción.
Obama dijo que su propuesta no autorizaría operaciones de combate vastas, a largo plazo, como las de las guerras en Irak y Afganistán, con las fuerzas locales cargando con esa responsabilidad.
Dijo que quiere la flexibilidad de operaciones terrestres «en otras circunstancias más limitadas», entre ellas misiones de rescate, colección de datos de inteligencia y el uso de fuerzas especiales en una posible acción militar contra líderes del Estado Islámico.
Obama planeaba discutir el asunto en la Casa Blanca el miércoles por la tarde.
En su carta, el presidente mencionó a cuatro rehenes estadounidenses muertos a manos del Estado Islámico y dijo que el grupo, si no es contrarrestado, «presentará una amenaza más allá del Oriente Medio, incluyendo Estados Unidos».
La propuesta de Obama lanza un debate ideológico sobre las autoridades y límites que debería tener el comandante en jefe en la lucha contra extremistas, con el espectro de pérdidas de vidas estadounidenses.
La confirmación de la muerte de la trabajadora humanitaria de 26 años Kayla Mueller en vísperas de la propuesta añade nueva urgencia al asunto. Al mismo tiempo, costosas guerras en Afganistán e Irak han generado cautela entre legisladores sobre otra campaña militar extendida.
Obama ofrece limitar la autorización a tres años, extendiendo los poderes al próximo presidente y con eso el debate sobre renovación para lo que él ve como una batalla larga.
La propuesta no tiene limitaciones geográficas sobre dónde pudieran las fuerzas estadounidenses atacar a los extremistas y cubre al Estado Islámico y «fuerzas o personas asociadas», definidas como aquellas que combaten junto o a nombre del Estado Islámico o «cualquier entidad sucesora en hostilidades contra Estados Unidos y sus socios de la coalición».
El presidente le pidió al Congreso que le conceda autorización para usar la fuerza militar contra ISIS.
Las principales compañías agrícolas de Estados Unidos aplauden el esperado aumento de ventas a Cuba.
La comisión electoral admitió oficialmente las cuatro candidaturas presentadas para las elecciones a la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) previstas para el próximo 29 de mayo, anunció este lunes el organismo.
Los principales partidos políticos yemeníes, Washington, la ONU y las monarquías del Golfo rechazan el golpe de fuerza de las milicias chiitas en Saná, que corren el riesgo de un creciente aislamiento.
Estas milicias, llamadas hutíes, instalaron el viernes un poder de transición denunciado como un golpe de Estado en Yemen, un país esencial para la estrategia de Estados Unidos en su lucha contra Al Qaida.
Este domingo reinaba una fuerte tensión en el sur y sudeste de Yemen, regiones no controladas por los hutíes, donde las autoridades locales anunciaron «no reconocer» el poder de las milicias chiitas de Ansarualá y expresaron su «rechazo total a la declaración constitucional» por la cual estos milicianos consolidaron su poder sobre parte del país.
Según el comunicado, este rechazo es compartido por las Fuerzas Armadas y de seguridad en estas provincias (Aden, Abyan, Lahj, Shabwa, Dhaleh y Hadramut), donde se llevan a cabo intensas negociaciones que implican al movimiento sudista, parte del cual milita por una secesión del Sur.
Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llamó el domingo a reinstaurar en la presidencia de Yemen a Abedrabbo Mansur Hadi, y advirtió que la situación en ese país se está «deteriorando muy seriamente».
«La situación se está deteriorando muy, muy seriamente, después de que los hutíes tomaran el poder y dejaran este vacío en el gobierno», dijo Ban refiriéndose a esta milicia chiita que el viernes disolvió el gobierno y el parlamento.
«Se debe reinstaurar la legitimidad del presidente Hadi», dijo el jefe de la ONU a la prensa en Arabia Saudita.
También el jefe de la Liga Árabe, Nabil al Arabi, condenó el domingo el golpe de fuerza contra el gobierno de Yemen por parte de los hutíes, y lo calificó de «golpe» que traerá más violencia al país.
«Los hutíes no pueden por sí solos gobernar Yemen. Solamente controlan tres provincias del norte: Saná, Amran y Saada», destacó el analista yemení Ali al Bakaly.
«Las demás provincias no están a su alcance. Si intentaran imponerse en ellas, provocarían una guerra civil» en el país, donde la población está fuertemente armada, añadió.
La milicia chiita, que procede de la minoría zaidita, entró en la capital Saná en septiembre y tomó a fines de enero el control del palacio presidencial y de las demás instituciones del Estado y del gobierno.
La disolución del Parlamento y la instalación de nuevas instancias dirigentes, anunciadas el viernes por las milicias de Ansarualá, fueron desaprobadas incluso por el Congreso Popular General (CPG) del expresidente Ali Abdalá Saleh, que no obstante se había convertido en su aliado.
El CPG, mayor partido del país, y mayoritario en el Parlamento, reprocha a sus aliados hutíes haber «dañado la legalidad constitucional» y propone un «retorno a las negociaciones».
Aislados en el plano local, los milicianos chiitas también han sido duramente criticados por las monarquías del Golfo, que denunciaron un «golpe de Estado» y amenazaron con «tomar medidas para defender sus intereses» en Yemen.
También Washington ha criticado este golpe de fuerza en Yemen, un país aliado en la lucha antiterrorista, y amenazó con saciones si no se reanuda el diálogo entre las fuerzas políticas.
Filme girará en torno a la vida de dos comediantes. Ex conductor de La Noche es Mía indicó que ya grabaron el teaser oficial.
Francisco respondió una carta que le envió un grupo de jóvenes católicos que ayuda a migrantes en Arizona.