La sociedad civil se quedó sin voz ni voto en el proceso de renovación del poder público encargado de prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la moral administrativa, velar por la gestión del patrimonio público y la legalidad: el Poder Ciudadano.

Por omisión del Consejo Moral Republicano, que no convocó a la ciudadanía a integrar el Comité de Evaluación de Postulaciones, será la Asamblea Nacional la que asuma la convocatoria, evaluación y designación del fiscal general, el defensor del pueblo y el contralor general de la República.

Ayer, cinco días antes del vencimiento del mandato de los tres altos cargos, el Consejo Moral notificó al Parlamento su “imposibilidad de alcanzar el consenso” para convocar al comité evaluador.

“En vista de que no se cumplió lo establecido en la ley de convocar al comité, esta Asamblea asume la responsabilidad”, dijo el presidente de la AN, Diosdado Cabello.

La plenaria designó una comisión especial integrada por Darío Vivas, Marlenys Contreras, Juan Alemán, Betty Croquer, Argelio Pérez y Julio Chávez, por el PSUV; y José Sánchez, Dinorah Figuera, Stalin González, Homero Ruiz y Liz Márquez por la oposición. Vivas y González serán presidente y vicepresidente, respectivamente.

La Ley Orgánica del Poder Ciudadano establece que el Parlamento tendrá que hacer la elección “en un lapso no mayor de 30 días continuos”.