Los sindicatos no acudieron, la última semana, a la invitación de la Comisión de Derechos de los Trabajadores para debatir el nuevo Código Laboral…

Los administradores de los fondos previsionales, los empleados de las telefónicas y los banqueros estuvieron en el Palacio de Carondelet, en agosto pasado, para pedir cambios en leyes que les afectaban…

Y en febrero anterior, los médicos rompieron el diálogo con la Asamblea por el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) y prefirieron dialogar con el presidente Rafael Correa y el Ministerio de Salud…

Son algunos ejemplos de sectores sociales que se ‘saltaron’ a la Asamblea para hacer sus propuestas sobre ciertos proyectos de norma que les afectaban.

La bancada de Alianza PAIS (AP) en la Asamblea justifica estos hechos diciendo que el presidente es colegislador y tiene el derecho de intervenir en el “proceso de construcción participativa de las leyes”.

Pero esos grupos están seguros que el mandatario no solo participa, sino que decide por sobre sus cien asambleístas.

Aunque el Código Laboral se tramitará en la Asamblea, los trabajadores no marcharon el pasado 17 de septiembre hacia la sede legislativa, sino hasta la Plaza de San Francisco, a tres cuadras de Carondelet.

El mismo día de la movilización los trabajadores fueron invitados a la Comisión, que ya lleva tres sesiones desde que establecieron un cronograma para la ‘sistematización’ de propuestas para el Código. Pero los trabajadores han dicho que no irán hasta que presenten el proyecto que se debatirá.

“Cómo vamos a asistir a la Asamblea cuando recién se acaba de hacer un documento (del Código Laboral) y ahora dicen (el Gobierno) que van a hacer otro… A la Asamblea no va ni el Ministerio de Trabajo… los ecuatorianos sabemos quién manda los proyectos”, dijo el dirigente Mesías Tatamuez.

“En esta mesa deberían estar todos los actores convocados, ¿por qué no vienen? Porque no tienen confianza en la Asamblea. Resulta que el colegislador, el presidente de la República, se ha convertido en el gran legislador, todas las iniciativas provienen de él y todas las instrucciones se cumplen desde lo que él diga”, dijo la asambleísta Cristina Reyes (PSC-MG).

Si bien los sindicalistas se inclinaron por una marcha, otros sectores han optado por mantener el diálogo pero direccionado hacia el Ejecutivo y no hacia la mayoría oficialista.

Fue el caso de los representantes de los fondos, los empleados de las telefónicas y los banqueros, quienes pidieron reunirse con Correa para hablar de la reforma a la Ley de Seguridad Social, la ley que pretende bajar las utilidades del 15% al 3% y el Código Monetario, en su orden.

Tras la cita, las leyes cambiaron de rumbo en la Asamblea: AP incluyó las condiciones puestas por el mandatario para que los fondos se mantengan como privados: la ley de las utilidades fue devuelta al Consejo de Administración Legislativa; y los banqueros consiguieron que varias de sus propuestas desechadas por AP en el trámite del Código sean retomadas por el mandatario en el veto.

Los médicos, en cambio, entregaron propuestas sobre el COIP a la Comisión de Justicia, pero terminaron reuniéndose directamente con un equipo del Ministerio. De esas conversaciones salió una redacción de los artículos sobre la mala práctica profesional que les preocupaban y la idea de que la Corte Nacional de Justicia haga una interpretación del tema.

La asambleísta de AP Pamela Falconí señaló que los sectores sociales no necesariamente acuden a la Asamblea, sino que esta con sus comisiones va a los territorios para recibir sus inquietudes por las leyes y para hacer control político.