Los manifestantes prodemocráticos y el Gobierno de Hong Kong tensaron hoy su pulso, después de que el presidente del Parlamento anunciase que el jefe del Ejecutivo no dimitirá y mientras los ciudadanos cercan con sus protestas las inmediaciones de los edificios oficiales.

La policía ya ha advertido de que habrá «serias consecuencias» en caso de que los manifestantes intensifiquen su protesta, por lo que no descarta el uso «apropiado» de la fuerza.

La «revolución de los paraguas», como se ha llamado popularmente a este movimiento democrático, llegó hoy al quinto día de protestas por distintos puntos de Hong Kong con la mirada puesta en el jefe del Gobierno local, Cy Leung, a quien diversos grupos manifestantes han pedido su dimisión para finales del día de hoy, con amenazas de recrudecer las protestas si no se atiende a sus peticiones.

El Presidente del Consejo Legislativo -el Parlamento de Hong Kong-, Tsang Yok-Sing, enterró todas las esperanzas de los grupos estudiantiles, al afirmar hoy que «no hay la más mínima posibilidad» de que Cy vaya a dejar su cargo.

Tsang llegó a señalar, en una rueda de prensa, que, incluso si quiere renunciar, «Pekín no le dejará».

Con sus palabras, Tsang respondía a la advertencia lanzada ayer por Lester Shum, vicesecretario de la Federación de Estudiantes, una de las organizaciones estudiantiles que lidera las protestas, de que estaban preparados para intensificar su campaña de desobediencia civil si Leung no dejaba su cargo hoy y advirtió de que si no lo hacía comenzarán a ocupar sedes gubernamentales.

Desde entonces, ningún portavoz de las organizaciones estudiantiles y populares que se erigen como propulsoras de esta protesta a favor de unas elecciones libres en Hong Kong, ha hecho anuncio alguno sobre cuáles serán sus próximos movimientos.

De momento, los manifestantes siguen paralizando el normal funcionamiento de enclaves financieros y comerciales de la ciudad con su ininterrumpida sentada y se desconoce si llevarán a cabo el ultimátum.

Además, el Gobierno de Hong Kong pidió al movimiento «Occupy Central» que ponga fin «inmediatamente» a la ocupación de las calles de la ciudad a fin de restablecer el orden y la actividad de los más de 3.000 empleados del gobierno que mañana deberán volver a sus lugares de trabajo, cuyos accesos están tomados por los manifestantes.

En un comunicado emitido durante una conferencia de prensa con miembros destacados del Ejecutivo local, se señala que si el asedio a las oficinas gubernamentales continúa, la situación afectará al funcionamiento de ciertos servicios sociales que podría repercutir directamente en los ciudadanos.