En Ecuador, hay instituciones que funcionan con autoridades de control encargadas o prorrogadas en sus cargos. Los procesos para designar a sus titulares —que organiza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)— se han retrasado principalmente por disputas políticas, acciones judiciales o problemas en la organización de los concursos.

En 2026 hay tres concursos que el CPCCS mantiene congelados y que ya debieron terminar: la renovación de los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), la de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), y la elección del Defensor del Pueblo.

A estos procesos se suman la elección del nuevo Fiscal General 2026, que avanza en medio de tropiezos, y la designación del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, tras la censura y destitución de Mario Godoy, acusado de presionar a jueces y de incumplir funciones.

También hay procesos que ya se completaron, como la designación del Contralor General del Estado y del Procurador General del Estado, además de la elección de los superintendentes de Bancos y de Compañías.

Estas son las personas que actualmente están al frente de nueve de las principales instituciones de control del país.

Superintendencia de Bancos

Roberto Romero von Buchwald es economista especializado en finanzas y superintendente de Bancos desde enero de 2025. Su período en el cargo se extendería hasta 2030.

La Superintendencia de Bancos vigila a los bancos y otras entidades financieras del país para que cumplan las reglas y protejan el dinero de los clientes.

Romero llegó al cargo tras ser designado por el CPCCS a partir de una terna enviada por el presidente Daniel Noboa. Su nombramiento se dio después de la disputa legal que dejó sin efecto la designación previa de Raúl González para ese mismo cargo.

El proceso para designar al superintendente de Bancos estuvo marcado por una disputa política y judicial que se extendió por varios años. En 2022, el CPCCS designó a Raúl González para el cargo, pero su nombramiento fue cuestionado y derivó en acciones legales y decisiones judiciales contradictorias sobre quién debía asumir la Superintendencia.

Finalmente, en 2024 el CPCCS declaró la “ineficacia jurídica” del nombramiento de González y ratificó a Roberto Romero para el cargo, una decisión que también fue respaldada por la Corte Constitucional. Romero fue posesionado como superintendente de Bancos en enero de 2025.

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

Luis Alberto Cabezas-Klaere es abogado y el actual superintendente de Compañías, Valores y Seguros desde octubre de 2024, por lo que su período se extendería hasta 2029.

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros controla que las empresas cumplan la ley, supervisa el mercado de valores y regula a las aseguradoras que operan en el país.

Cabezas-Klaere fue designado por el CPCCS a partir de una terna enviada por el presidente Daniel Noboa y reemplazó a Marco López, quien ocupaba el cargo desde abril de 2022.

Tribunal Contencioso Electoral (TCE)

Ivonne Coloma es abogada y la actual presidenta del Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral es la institución encargada de resolver disputas electorales, sancionar infracciones en campañas y garantizar la legalidad de los procesos electorales.

El organismo está integrado también por los jueces Ángel Torres Maldonado, Joaquín Viteri Llanga, Guillermo Ortega Caicedo y Richard González Dávila. Aunque Coloma preside el tribunal, las decisiones del TCE se toman por mayoría de sus cinco jueces.

Coloma fue reelegida en el cargo en junio de 2025 por el pleno del tribunal. Coloma asumió inicialmente la presidencia en agosto de 2024 tras la remoción de Fernando Muñoz, una decisión que generó tensiones dentro del organismo.

Actualmente, los jueces del TCE se encuentran en funciones prorrogadas porque el CPCCS no ha concluido el concurso público para renovar parcialmente el tribunal.

Fiscalía General del Estado

Carlos Alarcón es abogado y el fiscal general encargado desde noviembre de 2025. La Fiscalía General del Estado es la institución encargada de investigar delitos, dirigir las investigaciones penales y ejercer la acción penal pública.

Alarcón asumió el cargo tras la renuncia del entonces fiscal subrogante Wilson Toainga, quien había quedado al frente de la institución después de la salida de Diana Salazar.

Cuando no hay fiscal titular, la ley establece que asume el fiscal subrogante, que ya está designado dentro de la estructura de la Fiscalía. Pero como ya habían salido Salazar y Toainga, la Judicatura designó a Alarcón —sin concurso, como manda la ley.

El país debía tener  un nuevo fiscal general desde abril de 2025, pero el concurso organizado por el CPCCS se ha retrasado por controversias sobre el reglamento del proceso y los requisitos para los postulantes.

Consejo Nacional Electoral (CNE)

Diana Atamaint es ingeniera comercial y la presidenta del Consejo Nacional Electoral desde noviembre de 2018. El CNE es el organismo encargado de organizar elecciones, supervisar a los partidos políticos y garantizar la transparencia de los procesos electorales.

El Consejo Nacional Electoral está integrado por cinco vocales: Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera, Esthela Acero y Elena Nájera.

El período de los consejeros terminó en noviembre de 2024, pero continúan en funciones prorrogadas mientras el CPCCS continúa con el concurso público para designar a sus reemplazos, proceso que comenzó en 2021.

En septiembre de 2025 una jueza suspendió temporalmente el proceso tras una acción de protección que cuestionaba la transparencia del concurso. El proceso se reactivó en febrero de 2026.

Defensoría del Pueblo

César Córdova es abogado y el defensor del Pueblo encargado desde septiembre de 2021. La Defensoría del Pueblo es la institución encargada de promover y proteger los derechos humanos y de investigar denuncias sobre vulneraciones de derechos.

Córdova asumió el cargo tras la destitución de Freddy Carrión, quien fue censurado por la Asamblea Nacional en 2021. Posteriormente, en 2023, Carrión fue sentenciado a tres años de prisión por abuso sexual.

El concurso para elegir al nuevo defensor comenzó en 2022, pero se ha retrasado por problemas en la conformación de la comisión ciudadana encargada del proceso. Hasta marzo de 2026, Córdova continúa al frente de la institución de manera provisional.

Consejo de la Judicatura

Damián Larco es economista y el presidente temporal del Consejo de la Judicatura desde febrero de 2026.

El Consejo de la Judicatura administra el sistema judicial del país: organiza concursos para elegir jueces y fiscales, maneja los recursos de la Función Judicial y supervisa el trabajo de jueces y funcionarios.

Larco fue designado por el pleno del organismo para reemplazar temporalmente a Mario Godoy, quien fue censurado y destituido por la Asamblea Nacional.

Su nombramiento se produjo después de que Alexandra Villacís, quien debía asumir el cargo como vocal suplente de Godoy, fuera descartada por un supuesto impedimento administrativo relacionado con una deuda con el Servicio de Rentas Internas.

Procuraduría General del Estado

Juan Carlos Larrea es abogado y el actual procurador general del Estado desde octubre de 2022, su período se extiende hasta 2026.

La Procuraduría General del Estado representa judicialmente al Estado ecuatoriano y defiende sus intereses legales; en la práctica, actúa como el abogado del Estado y asesora jurídicamente a las instituciones públicas.

Larrea fue designado por el CPCCS a partir de una terna enviada por el entonces presidente Guillermo Lasso y reemplazó a Íñigo Salvador.

El proceso de designación estuvo marcado por tensiones dentro del CPCCS durante la sesión en la que se realizó la votación.

Contraloría General del Estado

Xavier Torres Maldonado es abogado e ingeniero comercial y el contralor general del Estado desde noviembre de 2023, su período se extiende hasta 2028.

La Contraloría General del Estado es la institución encargada de controlar el uso de los recursos públicos, auditar a las entidades del Estado y determinar irregularidades en el uso de fondos públicos.

Maldonado fue designado por el CPCCS tras obtener la puntuación más alta en el concurso público de méritos y oposición para elegir al contralor general del Estado.

Reemplazó a Carlos Riofrío, quien estaba al frente de la institución como contralor subrogante desde la salida de Carlos Pólit en 2017, quien dejó el cargo en medio del escándalo de corrupción por el  caso Odebrecht.