Quienes se enriquecieron, gracias a la generosidad del país, tienen la oportunidad de devolverle el beneficio, razonaron los asambleístas.

Punto Noticias.En el primer debate del proyecto urgente del Ejecutivo de Ley de Apoyo Humanitario, que continuó este lunes 4 de mayo, los legisladores estuvieron de acuerdo en que esta propuesta pretende colocar todo el peso de la crisis sobre los servidores públicos y los trabajadores asalariados.

Consideraron que no hay equidad ni justicia en las contribuciones económicas solicitadas, porque quienes más tienen deberían contribuir más. Definitivamente, no estuvieron conformes con que la base de la aportación sea 500 dólares, como demanda el Gobierno.

La asambleísta Nancy Guamba, de la Revolución Ciudadana, planteó algunas alternativas, como el cobro de un tributo del 1% sobre los patrimonios de más de un millón de dólares, que no es nuevo y que recaudó alrededor de 36 millones de dólares. Además, una contribución del 2% sobre los bienes inmuebles domiciliados en paraísos fiscales.

Insistió en que el Gobierno Nacional debe declarar la moratoria del pago de la deuda externa, con el fin de evitar que salgan 1.230 millones de dólares.

Gabriela Cerda, de la provincia de Napo, deploró que el Ejecutivo esté aprovechando de la emergencia por el coronavirus para desmejorar la vida de los sectores más vulnerables, porque desconoce la realidad en la que viven los trabajadores, quienes, sobre la base de sus ingresos económicos, deben financiar estudios, salud, vivienda, créditos, etc.

En esta lógica planteó que se revise la base de la tabla de contribuciones, a fin de que sea desde los 2.000 dólares, de manera progresiva, y que en el cálculo del ingreso neto mensual se descuenten los créditos que paga el contribuyente.

La parlamentaria reclamó que quienes más aporten deben ser los 270 grupos económicos del país, que generaron ventas por 68 mil millones de dólares, sobre una tabla progresiva, que parta del 5% y que ascienda gradualmente, de acuerdo al monto de la utilidad.

“Es absurdo que nos vengan a decir que todo lo que ganan lo invierten en generar empleo y que si contribuyen tendrán que despedir empleados, cuando las cuentas de los dueños de estos grupos económicos registran cifras que les alcanzan para vivir, a sus anchas, esta vida y la otra”, protestó.

El legislador Lenin Plaza, de Alianza PAIS, aprovechó del debate para expresar su rechazo a la decisión del Gobierno de quitarles recursos a las universidades, porque considera que se está echando abajo el inmenso sacrifico realizado anteriormente para que el estudio superior sea digno.

“Pero mientras se les rebaja el presupuesto a las universidades, hay unas instituciones autónomas que siguen haciendo contratos y destinando los recursos para obras que no son indispensables, en este momento”, cuestionó el parlamentario oficialista.

Refutó, también, que se esté tirando a la calle a la gente, venga de donde venga. Llamó a realizar un sacrificio para que los trabajadores no pierdan sus puestos de empleo. “Parece que algunos empleadores no saben lo que es no tener trabajo”, señaló Plaza.

Exteriorizó su repudio a los casos de corrupción que han sido denunciados, dentro de la emergencia por la pandemia. “Eso es terrible, eso es indolente, es poner la voracidad de hacer dinero por encima de lo que nos está pasando: muerte, destrucción, mucho dolor, gente que no tiene ni para comer”, reflexionó.

Solicitó que la Comisión de Desarrollo Económico acoja las propuestas de la mesa de Soberanía Alimentaria para beneficiar a los pequeños y medianos agricultores con créditos a largos plazos y bajos intereses, insumos y otras ayudas, que permitan mejorar la producción de alimentos.

Los legisladores tienen claro que los fondos recaudados con las contribuciones deben ser destinados a solventar la emergencia; esto es, fortalecimiento del sistema de salud, infraestructura hospitalaria, contención social, reactivación económica, especialmente de las provincias.