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El Gobierno de Venezuela deportó a Estados Unidos al empresario Alex Saab por la comisión de delitos financieros.

El empresario colombiano Alex Saab, señalado como el principal colaborador económico del depuesto mandatario Nicolás Maduro, enfrenta un nuevo escenario judicial.

Recientemente, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) notificó su deportación a los Estados Unidos.

Esta medida se ejecutó bajo la normativa migratoria venezolana vigente, debido a que el ciudadano se encuentra incurso en múltiples delitos financieros en territorio estadounidense.

Cargos de Alex Saab en el Gobierno

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, removió a Alex Saab de su cargo como ministro de Industria y Producción Nacional.

Esta destitución ocurrió dos semanas después de la captura del anterior mandatario.

Según informes de la agencia EFE, el empresario también dirigió el Centro Internacional de Inversión Productiva desde inicios de 2024, tras haber recibido un indulto presidencial en Washington a finales de 2023.

Acusaciones contra Alex Saab por los CLAP

El origen de la notoriedad pública del empresario se remonta a 2017.

En ese año, la exfiscal Luisa Ortega acusó formalmente a Alex Saab de operar como intermediario financiero de la administración chavista.

Además, reportes de Infobae detallan que el portal Armando.info identificó al investigado como el operador de una red de lavado de activos vinculada a la importación con sobreprecios de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Historial judicial de Alex Saab

La primera detención del ciudadano de origen libanés ocurrió en Cabo Verde en junio de 2020.

Una reseña de RFI explica que las autoridades locales lo interceptaron durante una escala técnica.

Posteriormente, la justicia de Estados Unidos y las entidades judiciales de Colombia iniciaron procesos en su contra por enriquecimiento ilícito, estafa agravada y exportaciones ficticias.

Actualmente, los fiscales de Miami sostienen cargos por conspiración y desvío de fondos públicos estimados en 350 millones de dólares.