El artículo 97 del Código Civil español establece la pensión compensatoria para solventar el desequilibrio económico tras una separación o divorcio. Esta disposición, modificada por la Ley 15/2015 del 2 de julio, busca evitar que uno de los cónyuges sufra una importante pérdida de calidad de vida económica posterior a la ruptura matrimonial. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página para poder ayudarte. También puedes participar en el WhatsApp Ecuador.

La pensión compensatoria se diferencia de la pensión alimentaria en que su objetivo es mantener la estabilidad económica previa al divorcio, mientras que la pensión alimentaria responde a las necesidades del solicitante. Según la Sentencia del Tribunal Supremo STS 864/2010 del 19 de enero, esta pensión pretende impedir un empeoramiento significativo en la situación económica del cónyuge perjudicado.

El cálculo de esta prestación sigue distintos criterios, siendo los años de convivencia uno de los más relevantes. Un porcentaje variable basado en los años de matrimonio se utiliza para determinar la cantidad a pagar, y este varía desde un 16% para matrimonios de 0-4 años hasta un 100% para convivencias de 30 años o más. Además de la duración del matrimonio, también se tienen en cuenta los ingresos y gastos de ambos cónyuges.

Conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), la pensión debe actualizarse anualmente. La duración puede ser temporal o indefinida, y en este último caso, puede extinguirse por causas como un nuevo matrimonio del receptor, según el Artículo 101 del Código Civil. El convenio regulador o un juez, en caso de falta de acuerdo, son los encargados de definir los términos de la pensión.

Según la normativa, el convenio regulador es el documento que establece los detalles sobre el monto y la duración de esta prestación, y su cumplimiento es obligatorio una vez dictado por el juez.

Si en el convenio no se estipulan claramente estos parámetros, el Código Civil español, en su artículo 101, ofrece una guía sobre las circunstancias que pueden llevar a la terminación de la pensión. Entre las principales causas se incluye el fin del desequilibrio económico que la justifica. Por ejemplo, si la persona beneficiaria consigue un empleo que le permite mantenerse de manera autónoma, la pensión deja de ser necesaria.

Otra causa de extinción es la falta de interés demostrada por el beneficiario para incorporarse al mercado laboral. Si se evidencia que el receptor de la pensión evita activamente buscar empleo con el fin de seguir percibiendo dicha compensación, el juez puede decidir la anulación de los pagos.

Asimismo, la pensión se extingue si el beneficiario contrae matrimonio nuevamente. En este caso, la nueva situación económica derivada de la unión justifica la cesación de la ayuda financiera por parte de la ex pareja. Esta normativa se extiende también a las parejas de hecho que viven en situación marital sin estar legalmente casadas, para evitar fraudes.

En situaciones excepcionales, un juez puede otorgar una pensión compensatoria vitalicia. Esto sucede cuando el beneficiario, debido a su edad, enfermedad o incapacidad, enfrenta dificultades insuperables para reingresar al mundo laboral. En tales casos, la pensión solo se extingue con el fallecimiento de la persona beneficiaria.

En caso de fallecimiento del pagador, la obligación de continuar con la pensión compensatoria no se extingue automáticamente. De acuerdo con el Código Civil, si no se ha producido ninguna otra causa de extinción previa, los beneficiarios seguirán recibiendo los pagos.

Los herederos del fallecido tienen la responsabilidad de asumir el compromiso de abonar la pensión como parte de las obligaciones hereditarias. Este pago se integra en el conjunto de bienes que se heredan, formados por las aportaciones de ambos cónyuges durante el matrimonio. Sin embargo, si los recursos de la herencia resultan insuficientes para cubrir dicha obligación o si repercuten negativamente en la legítima de los herederos, estos pueden solicitar una reducción o cancelación del pago al juez correspondiente, quien evaluará y decidirá sobre la solicitud.

En situaciones donde los herederos logren anular el pago de la pensión y el beneficiario dependa de esos ingresos para subsistir, puede surgir un problema de falta de recursos económicos. En estos casos, el afectado tiene la opción de solicitar la pensión de viudedad. Esta pensión puede ser solicitada siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la Seguridad Social, actuando como reemplazo de la pensión compensatoria. No obstante, el monto otorgado no excederá la cantidad previamente recibida como pensión compensatoria.