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Qué hacemos con el lavado de activos

Una de las metas del proyecto supuestamente económico urgente, que de económico no tiene casi nada, es acabar con la “economía criminal”, pero en ese documento no se observa nada en concreto, viable y plausible que apunte a ese objetivo.

Y, en cualquier República que se precie de tal, si hay un problema grave en la lucha contra el narcotráfico, es el lavado de activos.

Eso, de por sí, tiene una complejidad no solo para entenderlo sino para combatirlo desde las más altas instancias del Estado.

De ahí que no sorprende que la Superintendencia de Bancos haya detectado 32 entidades que operan sin autorización en Ecuador, que ofrecen servicios financieros sin control oficial.

Según el artículo 254 del Código Orgánico Monetario y Financiero, ninguna persona o empresa ajena al sistema puede captar recursos del público para fines financieros.

La normativa también prohíbe publicitarse como banco o entidad formal si no se cuenta con registro oficial.

Y no sorprende, pero sí llega tarde la noticia. Son tres docenas de entidades que captan dinero y lo circulan en la economía, en el comercio y en los servicios, con cifras que no se han cuantificado del todo.

Por ello es clave atender el tema, más importante que otros que se colocan en la Mafia Mediática como si con ello el país cambiaría de hoy para mañana.

De verdad, si hay que cortar los flujos del dinero mal habido y también inserto en los circuitos financieros, una ley como la propuesta no ayuda, fortalecer los mecanismos de control sí, pero ante todo lo que nos hace falta es tomar en serio este asunto porque según las cifras extraoficiales más de cinco mil millones de dólares son los que se lavan en Ecuador y solo hay pocos beneficiarios de todo ello