El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) es un órgano fundamental dentro de la Función Electoral de Ecuador. Está dedicado a velar por la justicia en los procesos electorales. Fue creado con la Constitución de 2008, que marcó un cambio en el sistema electoral al darle al TCE un papel exclusivo en la resolución de conflictos y en la vigilancia de la legalidad electoral. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página para poder ayudarte. También puedes participar en el WhatsApp Ecuador.

Qué hace el Tribunal Contencioso Electoral

El TCE tiene una misión clara: garantizar que cualquier controversia que surja durante un proceso electoral sea resuelta de manera justa e imparcial.

Su creación responde a la necesidad de que exista un tribunal especializado que actúe como árbitro en disputas entre candidatos, partidos políticos o ciudadanos, siempre protegiendo los derechos políticos de la población.

Desde su constitución, el TCE ha sido el encargado de asegurar que los comicios sean justos y respetuosos de las garantías constitucionales.

El TCE también tiene una función sancionadora dentro del sistema electoral ecuatoriano. Tiene la capacidad de imponer sanciones a quienes violen las normas electorales, como la propaganda indebida o el financiamiento irregular de campañas.

Su intervención no solo busca castigar a quienes incumplen las reglas, sino también mantener la legitimidad y transparencia de las elecciones.

Dentro del sistema electoral, el TCE se diferencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), que tiene un rol más operativo. Mientras el CNE es responsable de organizar y administrar los comicios, desde la convocatoria hasta la proclamación preliminar de los resultados, el TCE se enfoca en la resolución de disputas legales y la revisión de impugnaciones a esos resultados.

En el contexto de la democracia ecuatoriana, el rol del TCE es crucial. No solo se encarga de impartir justicia electoral, sino que garantiza que las elecciones se lleven a cabo en un marco de respeto a la ley. Esto otorga al sistema electoral ecuatoriano un equilibrio necesario, brindando confianza tanto a los actores políticos como a la ciudadanía en general.

El analista político Esteban Ron aclara que, mientras la Corte Constitucional se encarga de impartir justicia cuando se vulnera la Constitución, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) administra justicia en casos de violaciones al Código de la Democracia.

En otras palabras, el TCE interviene cuando se cometen infracciones relacionadas con las leyes electorales.

Ron también señala que el TCE ejerce un control constante sobre la legalidad de las decisiones tomadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), particularmente en los procesos electorales y las organizaciones políticas. De esta manera, el TCE asegura que todas las acciones del CNE se ajusten a las normativas legales.

Para que el TCE pueda intervenir en un caso específico, es necesario que se presente un recurso, lo que implica una queja o demanda formal. Este recurso debe detallar una situación concreta que se considera violatoria de las normas electorales, permitiendo así que el tribunal evalúe y, si corresponde, actúe sobre el caso.

¿Cómo se eligen a sus autoridades?

Según el artículo 220 de la Constitución de la República, el TCE está conformado por cinco jueces principales, quienes son las máximas autoridades de este organismo. Son seleccionados a través de un riguroso proceso competitivo y público, que busca asegurar su imparcialidad y competencia técnica en materia electoral.

El proceso de elección de los jueces del TCE es llevado a cabo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Este organismo realiza una convocatoria abierta para seleccionar a los candidatos, quienes deben cumplir con ciertos requisitos, como tener experiencia en temas jurídicos y electorales, gozar de una trayectoria profesional destacada y cumplir con estándares éticos.

Una vez postulados, los candidatos son sometidos a evaluaciones y a entrevistas públicas.

Los que obtienen los mejores puntajes en este proceso competitivo son elegidos como jueces del TCE. Ejercen su cargo por seis años.

De acuerdo con el artículo 220, el TCE se somete a una renovación parcial cada tres años, garantizando la continuidad y estabilidad de su funcionamiento. En este proceso, se reemplazan dos jueces en la primera ocasión, y tres jueces en la siguiente, repitiendo este ciclo de forma continua.

Este mecanismo de renovación aplica para los cinco miembros principales y sus cinco suplentes.

Según la Disposición Transitoria Undécima de la Constitución de la República, durante el tercer año de funciones, se debe llevar a cabo un sorteo entre los jueces que lo integran. Este sorteo tiene como finalidad determinar qué miembros serán reemplazados de acuerdo con la regla de renovación parcial.

El sorteo se realiza en una sesión oficial del TCE y en la misma sesión se aprueba la convocatoria para los exámenes públicos eliminatorios de conocimientos y los concursos de oposición y méritos que seleccionarán a los nuevos jueces.

Este sistema asegura que la renovación del tribunal sea ordenada y transparente, permitiendo la incorporación de nuevos jueces sin afectar el equilibrio ni la continuidad de la justicia electoral en el país.

La Presidencia y la Vicepresidencia del TCE son ocupadas por dos de sus miembros principales, quienes son elegidos por sus pares. Ejercen sus cargos durante tres años.

Para ser miembro del TCE, se requieren ciertos requisitos. Es necesario ser ciudadano ecuatoriano y estar en pleno ejercicio de los derechos políticos. Además de tener un título de tercer nivel en Derecho, debidamente reconocido en el país.

También se exige que el aspirante haya ejercido la profesión de abogado, la judicatura, o la docencia universitaria en ciencias jurídicas durante al menos diez años. Estos requisitos aseguran que los miembros del TCE cuenten con la experiencia y la capacidad jurídica necesarias para impartir justicia electoral de manera adecuada.

Un juego de poder y legalidad

El TCE enfrenta una crisis sin precedentes que, según expertos, amenaza con desestabilizar el panorama político nacional. La reciente destitución del presidente Fernando Muñoz ha desatado acontecimientos que no solo ponen en cuestión la legalidad del proceso, sino que podrían influir en las elecciones presidenciales de 2025.

El lunes 12 de agosto de 2024, tres de los cinco jueces del TCE —Ivonne Coloma, Ángel Torres y Guillermo Ortega— se reunieron para destituir a Fernando Muñoz de su cargo de presidente, designando a Coloma como su sucesora.

Muñoz, quien asegura que la remoción es ilegal, ha presentado una denuncia contra los tres jueces por usurpación de funciones. En su opinión, la decisión de destituirlo no tiene fundamento legal y es una “reunión de amigos” sin valor jurídico.

Muñoz defiende su legitimidad al frente del tribunal y critica la falta de transparencia y las irregularidades en el proceso que lo removió. Dice que la resolución de los tres jueces no solo es ilegal, sino que ha violado su derecho a una defensa justa, al no proporcionar pruebas detalladas contra él.

El contexto político en el que se dio la remoción de Muñoz no es menor. Ocurrió mientras el TCE tenía en sus manos una denuncia por violencia política de género presentada por la vicepresidenta Verónica Abad contra el presidente Daniel Noboa. 

Esta denuncia, de ser aceptada y llevada a una sentencia favorable para Abad, podría derivar en la suspensión de los derechos políticos de Noboa, bloqueando así cualquier intento de seguir en la Presidencia.

Noboa, quien busca la reelección, ha tenido conflictos con Abad desde que asumió el cargo en noviembre de . La vicepresidenta fue enviada a Israel como embajadora en medio de un conflicto entre Israel y Palestina, una medida que Abad ha calificado como abuso de poder.

Ante este mismo órgano, Abad fue denunciada por Juan Esteban Guarderas, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a mediados de mayo de 2024. ¿Por qué? Por una supuesta infracción electoral que la segunda mandataria habría cometido en las elecciones locales de , cuando era candidata a la alcaldía de Cuenca y habría hecho campaña anticipada.

La nueva presidenta designada del TCE, Ivonne Coloma, ya ha convocado dos sesiones para abordar los temas pendientes. Sin embargo, la destitución de Muñoz ha sido recibida  con escepticismo por parte de los detractores de Coloma. La primera sesión bajo su presidencia se centró en la designación de un nuevo secretario y la segunda en el procesamiento de causas pendientes.

La controversia ha llevado a Muñoz a presentar una acción de protección y una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

El abogado constitucionalista André Benavides considera que la actuación de los jueces del TCE al remover a Muñoz es “arbitraria” porque la ley que les rige es el Código de la Democracia, donde no hay causales por las que el presidente pueda ser removido.

Sin embargo, Esteban Ron, quien también es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEK, dice que sí es una actuación legal porque el Código Orgánico Administrativo (COA), cuerpo legal sobre el que los jueces argumentaron la destitución de Muñoz, también rige al TCE.

Aunque explica que debería primar el principio de estabilidad de la administración pública. Es decir, que las autoridades permanezcan en sus funciones.

Un poder codiciado

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) es una pieza clave en el tablero político de Ecuador, ya que tiene la autoridad para resolver disputas electorales que pueden definir el rumbo del país.

Controlar el TCE significa tener poder sobre decisiones cruciales, como las denuncias por violencia política de género o las faltas cometidas por partidos, movimientos y candidatos.

Actualmente, el TCE tiene en sus manos casos de alto perfil, como la denuncia presentada por Guarderas contra la vicepresidenta Abad, o la presentada contra el Presidente por presentada por su propia vicepresidenta.

A inicios de este mes, el TCE resolvió —por tercera ocasión— otra denuncia contra Daniel Noboa que lo acusaba de haber hecho campaña anticipada. El TCE resolvió que Noboa no  incurrió en infracción electoral durante la campaña por la consulta popular de abril pasado.

Carlos Aguinaga, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE ahora convertido en CNE), explica que no es inusual que las organizaciones políticas intenten influir en las instituciones del Estado, como el TCE, para obtener beneficios. Este tipo de presiones son parte del juego político en Ecuador, y no solo afectan a los jueces electorales, sino a diversas autoridades del país.

Dudas y sospechas del TCE

La remoción de Fernando Muñoz ha generado sospechas entre los expertos legales, quienes advierten sobre posibles violaciones a la ley y la Constitución. Ciro Guzmán, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, y Medardo Oleas, ex presidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, coinciden en que la falta de argumentos sólidos para justificar su destitución sugiere intereses ocultos en juego.

Según el Código de la Democracia, el presidente del TCE tiene un periodo fijo que debe respetarse. Muñoz, quien asumió el cargo en junio de 2022, tenía previsto culminar su mandato en mayo de 2025. Guzmán se pregunta, ¿qué motiva la prisa por reemplazarlo? y plantea la posibilidad de que existan presiones políticas detrás de este movimiento.

El caso de Verónica Abad es un claro ejemplo de las implicaciones políticas.

Para Guzmán y Oleas, este contexto político-electoral sugiere que el conflicto en el TCE está vinculado a intereses gubernamentales. Mientras Guzmán espera que la acción de protección de Muñoz en la justicia ordinaria pueda restaurar el orden, Oleas es más contundente: sólo la renuncia de los tres jueces electorales que, según él, tomaron el control del organismo de manera ilegítima, solucionaría esta crisis.

Para Oleas, la politización del TCE ha puesto en duda la imparcialidad e independencia del ente electoral.

Antecedentes polémicos del TCE

En los últimos años, el TCE de Ecuador ha sido escenario de decisiones que han generado controversia.

En 2022, el tribunal emitió una sentencia que marcó un hito en la protección de los derechos políticos de las mujeres al destituir a Jorge Feijoó, alcalde del cantón Paltas, provincia de Loja, por violencia política de género contra la vicealcaldesa Yennifer López Córdova.

La decisión incluyó la suspensión de los derechos de participación del alcalde y una multa de 10.625 dólares.

Otro caso que puso al TCE en el centro del debate fue la ratificación de una sanción contra Pabel Muñoz, alcalde de Quito, a quien el TCE multó con 9 mil dólares por promocionar la candidatura a la presidencia de Luisa González, en , por la Revolución Ciudadana cuando él era alcalde. Muñoz cometió una infracción electoral grave.

Justamente de esta sentencia se desprende una nueva regla para la campaña previa a los comicios de 2025: ninguna autoridad en funciones podrá inducir al voto a los ciudadanos, ni siquiera cuando esté fuera de horario de trabajo.

Con esta nueva sentencia se busca evitar que autoridades en funciones aprovechen la exposición que les da su cargo para inducir al voto a la ciudadanía.

En 2021, el TCE enfrentó críticas por su manejo de la candidatura de Álvaro Noboa, cuyo movimiento político fue excluido de las elecciones por presuntas irregularidades en el registro. El TCE intervino para revertir esta decisión, permitiendo a Noboa participar en los comicios, lo que generó tensiones entre el tribunal y el CNE​.

Otra controversia que resonó fue la calificación de la candidatura de Jorge Yunda a la alcaldía de Quito en , a pesar de que enfrentaba un proceso penal por peculado. El TCE permitió su inscripción, lo que generó críticas debido a las dudas sobre su idoneidad para ocupar un cargo público mientras estaba bajo investigación.

La falta de impugnaciones y la aprobación de su candidatura expusieron las debilidades del sistema electoral y plantearon serias preguntas sobre la imparcialidad del TCE​.

En este tenso escenario, las decisiones que se tomen en el TCE no sólo marcarán el futuro del órgano electoral, sino que también podrían tener un impacto profundo en la estabilidad política del país.