La revocatoria de mandato es una herramienta de participación ciudadana en la que los electores tienen la facultad de destituir a un funcionario electo por voto popular, antes de que finalice su periodo. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página para poder ayudarte. También puedes participar en el WhatsApp Ecuador.

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Este derecho, consagrado en el artículo 105 de la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 199 del Código de la Democracia, y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (del artículo 25 al 28) representa un compromiso directo con la democracia participativa, permitiendo a los ciudadanos exigir rendición de cuentas de manera efectiva.

La figura de la revocatoria de mandato en Ecuador se introdujo con la Constitución de 1998. Esta incluyó el mecanismo como un derecho de los ciudadanos para destituir a funcionarios electos si no cumplían con sus obligaciones.

La revocatoria de mandato fue posteriormente ratificada y consolidada en la Constitución de 2008, vigente en la actualidad, que amplió y detalló los mecanismos de participación ciudadana, incluido su procedimiento.

Desde entonces, la revocatoria de mandato ha sido una herramienta legal disponible para los ciudadanos ecuatorianos como parte de un enfoque más participativo y democrático en la gobernanza del país.

La revocatoria no es solo un medio para corregir la falta de cumplimiento en la gestión pública, sino también un recordatorio constante de que el poder radica en la ciudadanía. Es un proceso que obliga a los funcionarios a mantenerse fieles a sus promesas de campaña, bajo la mirada vigilante de quienes los eligieron.

Según el artículo 105 de la Constitución, la revocatoria de mandato puede ser solicitada para todos los funcionarios electos por votación popular, incluyendo presidentes, vicepresidentes, asambleístas, alcaldes, concejales, y otros cargos de elección directa. Esto se reafirma en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, donde se define la revocatoria del mandato como un derecho de los ciudadanos. Esta ley determina requisitos, procedimientos y efectos de su aplicación.

¿Cuándo es posible solicitar una revocatoria de mandato?

El Código de la Democracia regula cada etapa del proceso de la revocatoria de mandato: desde la recolección y validación de firmas por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta la convocatoria de la consulta popular.

La revocatoria del mandato puede ser solicitada por cualquier ciudadano con derecho al voto. Se puede hacer cuando el funcionario lleva al menos un año en su cargo o antes del último año del periodo para el que fue electo.

Este plazo garantiza que la revocatoria no sea utilizada de manera prematura, permitiendo una evaluación adecuada del desempeño del funcionario.

La solicitud de revocatoria debe argumentarse por alguna de las siguientes razones:

• el incumplimiento del plan de trabajo presentado al CNE al momento de inscribir la candidatura
• una gestión deficiente
• la vulneración de derechos ciudadanos

Para iniciar el proceso, es necesario recolectar firmas equivalentes al 10% del electorado de la circunscripción correspondiente, si es que es una autoridad local. Este requisito asegura que el proceso de revocatoria cuente con un respaldo significativo de la población.

En el caso de la revocatoria del mandato del presidente de la República, se debe recoger el 15% de las firmas del total del electorado para iniciar el proceso.

Este proceso se rige por la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el Código de la Democracia, que establecen los pasos a seguir y los plazos correspondientes.

Según Pablo Romero, experto en política de la Universidad Politécnica Salesiana, este es “un proceso que toma bastante tiempo, porque primero se realiza una solicitud en el Consejo Nacional Electoral, donde se argumenta el inicio de la revocatoria”.

Para que una solicitud de revocatoria sea admitida por el CNE, es necesario cumplir con estos requisitos:

1. Se debe verificar la identidad del solicitante y asegurarse de que tenga sus derechos de participación vigentes.
2. Presentar de manera clara y precisa los motivos que justifican la revocatoria, ya que estos servirán de base para la recolección de firmas y el desarrollo del proceso.

Cuando el CNE acepta una solicitud de revocatoria, notifica a la autoridad afectada, quien tiene un plazo de siete días para impugnar la solicitud si considera que no cumple con los requisitos legales. Si se acaban los siete días y el funcionario no impugnó, el CNE tiene siete días adicionales para decidir si admite o rechaza la solicitud.

En caso de que la solicitud ciudadana sea admitida por el CNE, los proponentes recibirán los formularios para recolectar las firmas que respalden la petición. Estos deben tener una justificación clara y precisa de las razones que motivan la solicitud de revocatoria.

Los ciudadanos tienen 180 días para recolectar las firmas.

El formulario de revocatoria de mandato debe contemplar  la identidad del solicitante, la del funcionario cuyo mandato se busca revocar, y las razones que motivan la solicitud. Además, el formulario incluye un espacio para recolectar las firmas necesarias de apoyo ciudadano, y una declaración donde el solicitante acepta la veracidad de la información presentada.

Además de la firma, el ciudadano que suscribe la revocatoria de mandato debe dar su nombre completo, número de cédula de identidad y su domicilio. Estos datos son esenciales para validar la autenticidad de la solicitud y garantizar que proviene de un ciudadano registrado en el padrón electoral.

Una vez entregadas las firmas, el CNE tiene 15 días para verificar su autenticidad. Si se confirma, el CNE debe convocar al proceso de revocatoria en un plazo máximo de tres días, y la votación deberá ser dentro de los 60 días posteriores a la convocatoria.

En la votación participarán los electores de acuerdo al ámbito de la autoridad impugnada. Por ejemplo, si es el presidente de la República, votarán todos los ecuatorianos empadronados. Si es un alcalde, solo votarán los ciudadanos de ese cantón.

Para que la revocatoria sea aprobada, se necesita una mayoría absoluta; es decir, más del 50% de los votos. El resultado de la votación es vinculante y de inmediato cumplimiento. La Ley también establece que solo se puede realizar un proceso de revocatoria por cada periodo de una autoridad.

El proceso se considera concluido cuando el CNE proclama y notifica los resultados oficiales.

Derechos y deberes de los funcionarios públicos

Los derechos y deberes de los funcionarios públicos están claramente definidos para asegurar una gestión responsable y un proceso justo.

Los funcionarios públicos, como el resto de ciudadanos, tienen el derecho a ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Este principio de presunción de inocencia es fundamental porque garantiza que cualquier solicitud de revocatoria se base en pruebas claras y sustanciales, evitando que acusaciones infundadas lleven a una destitución injusta.

Además, los funcionarios tienen el derecho a defenderse antes de que se lleve a cabo una revocatoria. Este derecho incluye la posibilidad de presentar sus argumentos y explicar su desempeño al CNE, asegurando que puedan responder a las acusaciones y defender su gestión.

Los funcionarios públicos tienen deberes igualmente cruciales. Están obligados a cumplir con los compromisos y promesas realizadas durante su campaña electoral, ejecutando sus responsabilidades de manera eficiente y fiel a sus planes de trabajo.

La transparencia y la rendición de cuentas son también deberes fundamentales. Deben actuar de manera abierta y estar dispuestos a justificar su gestión ante la ciudadanía. La falta de transparencia puede ser una causa válida para solicitar la revocatoria.

Además, los funcionarios deben atender y resolver las quejas y denuncias de los ciudadanos de manera justa y eficiente. La incapacidad para manejar estos problemas puede servir como base para la revocatoria.

Finalmente, es imperativo que ejerzan sus cargos con diligencia y en beneficio del interés público, ya que la negligencia y la deficiencia en el desempeño de sus funciones pueden llevar a la revocatoria.

Estos derechos y deberes aseguran que el proceso de revocatoria de mandato sea justo y equitativo, protegiendo tanto a los funcionarios como a la ciudadanía, y garantizando la efectividad en la gestión pública.

Casos históricos de revocatoria de mandato en Ecuador

En Ecuador, la revocatoria del mandato ha sido un mecanismo clave para la ciudadanía, permitiéndole expresar su descontento con las autoridades elegidas a través de un proceso legal y democrático. Este recurso, aunque no siempre exitoso, refleja el poder de la participación ciudadana en el ámbito político.

En 2018, el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo Vivanco, se convirtió en uno de los pocos funcionarios cuyo mandato fue revocado. El 70,8% de los votantes lojanos decidieron que Castillo debía dejar su cargo, en un proceso impulsado por Segundo Armijos, un dirigente de la Unión Provincial de Cooperativas de Taxi de Loja.

La revocatoria se fundamentó en las presuntas arbitrariedades cometidas por Castillo en la firma del contrato e implementación del sistema de fotomultas por exceso de velocidad, un tema que generó gran controversia y oposición en la comunidad.

Un año después, en 2019, un grupo de migrantes ecuatorianos intentó revocar el mandato del entonces presidente Lenín Moreno. La iniciativa surgió de la frustración de un grupo de la población que acusaba a Moreno de incumplir sus promesas de campaña y de estar involucrado en supuestos actos de corrupción.

Sin embargo, este pedido no logró reunir las firmas necesarias para avanzar, permitiendo que Moreno completara su mandato hasta el 24 de mayo de 2021.

La figura de revocatoria del mandato también fue utilizada contra el sucesor de Moreno, Guillermo Lasso. El 25 de mayo de 2022, el colectivo Coordinadora Popular por la Revocatoria del Mandato, encabezado por Pedro Granja, hoy precandidato presidencial, presentó un pedido formal para iniciar el proceso de revocatoria.

Granja argumentó que Lasso había incumplido al menos 70 puntos de su plan de gobierno, lo que justificaba, según el colectivo, la necesidad de su destitución. El 4 de julio de 2022, el CNE negó la solicitud de revocatoria de mandato. Tras revisar un informe jurídico, determinó que la petición no cumplía con los requisitos necesarios para proceder con la recolección de firmas. Faltaba evidencia y documentación que respaldaran las acusaciones de incumplimiento del plan de trabajo.

Recientemente, este mecanismo saltó otra vez a la escena política por una solicitud para revocar el mandato del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, presentada el pasado 5 de agosto de 2024, por el colectivo ciudadano Cuida tu Voto.

El pedido se fundamenta en que Muñoz fue sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral, el pasado 8 de marzo, por cometer una infracción electoral.

“El alcalde Muñoz tiene una sentencia en firme por haber incumplido la Ley Electoral, pues en las elecciones presidenciales anticipadas del hizo proselitismo político a favor de la candidata del correísmo, Luisa González”, aseguró Néstor Marroquín, líder del colectivo que pide la revocatoria.

Mecanismos similares en otros países

En varios países del mundo existen mecanismos que permiten a los ciudadanos destituir a sus autoridades antes de que finalice su mandato, similares a la revocatoria de mandato en Ecuador.

En Estados Unidos existe el mecanismo conocido como recall, que permite a los ciudadanos destituir a autoridades locales o estatales mediante la recolección de un número significativo de firmas y la convocatoria de una elección especial.

En Venezuela y Bolivia tienen referendos revocatorios que pueden aplicarse incluso al Presidente de la República. En Venezuela, la Constitución de 1999 introdujo este mecanismo, que requiere la recolección del 20% de las firmas del electorado para convocar a una votación.

En Bolivia, la revocatoria de mandato se aplica a varios niveles de gobierno y también requiere la recolección de un porcentaje significativo de firmas.

En Colombia, la revocatoria se aplica a alcaldes y gobernadores, mientras que, en Perú, la consulta popular de revocatoria permite destituir a autoridades locales y regionales. En ambos países, el proceso se inicia con la recolección de firmas de un porcentaje del electorado, seguido de una votación.

Finalmente, en Argentina, algunas provincias han adoptado la revocatoria de mandato a nivel municipal, permitiendo que los ciudadanos destituyan a intendentes o concejales.

Estos mecanismos, aunque específicos de cada país, refuerzan la responsabilidad de las autoridades hacia sus electores y ofrecen a la ciudadanía una herramienta para asegurar que los funcionarios públicos actúen de acuerdo con las expectativas y necesidades de la población.