Fue creada en 2005, durante el gobierno de Alfredo Palacio, inicialmente como Unidad de Inteligencia Financiera. En 2010 pasó a llamarse Unidad de Análisis Financiero y, desde 2016, adoptó su nombre actual al incorporar un enfoque más amplio que incluye el control económico.

La UAFE opera bajo la Ley Orgánica para la Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos. Tiene autonomía técnica y depende orgánicamente del Ejecutivo. Su director es designado por el Presidente de la República.

La UAFE no es parte de la Fiscalía, pero trabaja de forma coordinada con esa institución. Cuando identifica indicios —es decir, señales o alertas iniciales de que una operación financiera podría estar vinculada con un delito— de lavado de activos o financiamiento de delitos, envía un informe para que la Fiscalía evalúe y, si corresponde, abra una investigación.

Entre sus funciones está procesar reportes de operaciones inusuales, mantener bases de datos reservadas, coordinar con autoridades nacionales e internacionales y remitir informes a la Fiscalía. Entre quienes deben informar a la UAFE si detectan operaciones inusuales están bancos, cooperativas, inmobiliarias, joyerías, notarías y concesionarias de vehículos.

En 2025, un año marcado por el incremento de la violencia y la infiltración de capitales ilícitos, la UAFE ha cobrado protagonismo.

Sus reportes han sido clave en investigaciones de alto impacto. Por ejemplo, en el caso Sobornos en los años 2012 y 2016, que derivó en sentencias por corrupción contra ex autoridades y empresarios, y en el caso Encuentro, sobre una red de narcotráfico y lavado de activos que operaba entre Ecuador y otros países, donde se rastrearon transferencias y movimientos financieros sospechosos.

También han sido fundamentales en el operativo Blanqueo Fito, en el que se identificaron tres “brazos” de lavado de dinero vinculados al narcotraficante alias Fito, a través de empresas fachada y movimientos financieros inusuales, lo que permitió a la Fiscalía avanzar en la investigación de su estructura criminal.

Su trabajo es evaluado por organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), una organización intergubernamental que reúne a países de la región para coordinar políticas y estándares contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

La UAFE tiene la facultad legal de exigir información a quienes están obligados a reportar —bancos, cooperativas, inmobiliarias, joyerías, notarías, entre otros— cuando necesita ampliar o verificar datos sobre operaciones sospechosas. Estas entidades deben entregar la información dentro de los plazos establecidos; de lo contrario, incurren en incumplimiento.

Además, la institución puede sancionar a quienes no reporten o no entreguen la información solicitada. Las sanciones no son penales, sino administrativas, y van desde multas económicas —que pueden llegar hasta varias decenas de salarios básicos unificados— hasta la suspensión temporal de las actividades de la entidad e incluso la cancelación de su permiso de funcionamiento en casos de reincidencia.

La nueva ley en debate y la participación de la UAFE

El 5 de agosto de 2025, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, de iniciativa del presidente Daniel Noboa y con trámite económico urgente, y lo remitió a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional para su análisis.

La propuesta busca que la UAFE refuerce la prevención y control de fondos ilícitos, y que, además, las organizaciones de la sociedad civil —fundaciones, corporaciones y ONG— , que hasta ahora no tenían esta obligación, deban registrarse y reportar sus operaciones en un plazo de 90 días desde la entrada en vigencia de la ley.

Esto implicaría ampliar las funciones de la UAFE hacia sectores tradicionalmente menos supervisados, articulando controles con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y el Ministerio de Gobierno.

El objetivo no sería perseguir a estas organizaciones, sino garantizar transparencia, especialmente cuando manejan fondos del exterior o a través de terceros, según explicó el director encargado de la UAFE, José Julio Neira, en su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico.