El caso de los 53 jóvenes detenidos en los alrededores del Colegio Mejía –el pasado 18 de septiembre– es el primero referido a protestas sociales que se juzgará esta semana con el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde el pasado 10 de agosto.

El COIP señala que para los delitos considerados flagrantes (que tengan una pena máxima de cinco años de prisión, y si los daños a la propiedad no exceden a 30 remuneraciones básicas unificadas) debe aplicarse un procedimiento de trámite ágil denominado ‘directo’.

Una vez que el juez califica la flagrancia tiene diez días para señalar día y hora para la audiencia de juicio directo, en la que dictará sentencia.

De considerarlo necesario, de oficio o a petición de parte, el juez puede, por una sola vez, suspender tal diligencia.

Esto fue lo que ocurrió en este caso. Inicialmente, la audiencia estaba citada para hoy desde las 07:30, pero fue postergada para el próximo jueves a pedido del fiscal Javier Bósquez.

Los jóvenes están acusados del presunto delito de daño a bienes ajenos, tipificado en el artículo 204 del Código Penal.

Este contempla una sanción de dos a seis meses de prisión para quienes destruyan propiedad pública o privada.

El diferimiento de la audiencia sorprendió a los abogados de los jóvenes porque esto implica que permanecerán más tiempo detenidos.

Por ello, dijo Gonzalo Realpe, uno de los abogados de los estudiantes, el próximo jueves insistirá ante el juez que presida la diligencia para que conceda una fianza y permita a sus clientes recuperar la libertad.

Ello, sostuvo, sin perjuicio de que el proceso continúe, tal como ocurre en la causa que se sigue en contra de las 52 personas que fueron detenidas el 17 de septiembre pasado tras las marchas de los sindicatos.

En ese caso, en cambio, los jóvenes fueron liberados; pero deben presentarse ante el juez y no pueden salir del país. Aún no se fija fecha para su audiencia de juzgamiento. Están acusados del delito de ataque o resistencia, tipificado en el artículo 283 del nuevo COIP.

Ayer, el presidente del Colegio de Abogados de Quito, José Alomía, defensor de los chicos del Mejía, descartó tener un interés político en el caso.

Así respondieron al mandatario Rafael Correa, quien solicitó a los abogados asesorar bien a los familiares de los jóvenes ya que “están manipulando por ser opositores políticos”.

Según Alomía, el gremio no tiene identidad con ningún movimiento político. “La defensa que se hizo de los jóvenes es jurídica, técnica y solvente”.

Realpe y Alomía anunciaron que hoy revelan el contenido completo del informe que efectuó la Cruz Roja ecuatoriana sobre la salud de los detenidos.

En ese documento, dijo Realpe, se da cuenta de los maltratos que supuestamente sufrieron los jóvenes y que no son mencionados por los ministerios de Justicia y del Interior.

Testimonio

Versiones que dieron los estudiantes sobre los hechos del 18 de septiembre pasado ante el fiscal Javier Bósquez.

José B.

Estudiante de bachillerato del colegio Mejía. 19 años. Trabaja como bodeguero. Afirma que entró al colegio a las 18:00 de ese día y tuvieron clases normalmente. Salió a las 21:30 y ya había protestas en el exterior del colegio. Vio que el colegio estaba rodeado por policías del GOE, GIR y también tenían perros.

Al ir a tomar el trole, dice que la Policía lo cogió fuera de la parada. Lo golpearon con toletes, y le dieron patadas y puñetes, y lo electrocutaron en la parte izquierda del abdomen. Asegura que mientras lo trasladaban en una motocicleta a la UPC de la Basílica recibió golpes con los cascos. Luego lo subieron en una camioneta y lo llevaron al Regimiento Quito desde las 22:00 hasta las 06:00 del día siguiente. “Nos gritaban: ‘Hijos de p…, ahora sí salgan a las bullas’, y se burlaban”.

Darío M.

Estudiante de bachillerato del colegio Mejía. Tiene 21 años y trabaja vendiendo artesanías. Afirma que ingresó al colegio desde las 18:00 hasta las 21:40. Cuando terminaron las clases dice haberse percatado de que el centro educativo estaba rodeado de policías y comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas. Regresó al edificio central del colegio, pero los policías también ingresaron. Entonces lo detuvieron y lo golpearon.

Cuenta que entre los policías conversaban que paren los golpes porque estaba la prensa. Fue trasladado al Regimiento Quito y en ese sitio fue maltratado: recibió patadas en las costillas y en la espalda, golpes con toletes, le pusieron electricidad en los tobillos y en las piernas y le pisaron las manos. También dice que le halaron el cabello para echarle gas.