Por irregularidades en el proceso de adquisición de paquetes de alimentos.

Punto Noticias. La mesa legislativa de Fiscalización recomendó iniciar juicio político en contra de la exdirectora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, por incumplimiento de funciones en la firma del contrato para la adquisición de siete mil kits alimenticios, por un valor de un millón 55 mil 740 dólares, más IVA, para personas vulnerables, en medio de la crisis sanitaria por la pandemia.

El órgano parlamentario sugirió, también, que se remita el informe y sus anexos tanto a la Fiscalía General del Estado, cuanto a la Contraloría y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), para fortalecer las investigaciones y aportar a la indagación de los movimientos financieros de los exfuncionarios públicos, de los representantes legales de las empresas, así como de los sujetos privados mencionados en este caso.

Once legisladores votaron a favor de determinar la responsabilidad política de Ocles, por haber firmado un contrato que no incluía precios unitarios, desglose de productos que cobraban IVA, un estudio de mercado técnicamente bien realizado, un informe de idoneidad adecuado de los proveedores, y por no percatarse de la desproporción del pago, respecto a los costos del mercado. Responsabilidad política que es indelegable, a decir de los comisionados.

Según los asambleístas, la exfuncionaria es responsable de permitir que esta práctica de contratación de paquetes haya sido recurrente durante toda su administración, en procesos que presentan los mismos o similares errores que el contrato analizado.

La responsabilidad política de Ocles se determina al contribuir a generar un estado de conmoción pública, a menoscabar la credibilidad de Gestión de Riesgos, en particular, y de la función pública en general, y afectar negativamente al gobierno al que se pertenecía, y que le dio la confianza para desempeñar tan alto cargo, señala el informe de Fiscalización.

Los parlamentarios argumentan que la mesa realizó una investigación para comparar los precios unitarios de productos de similares o iguales características de las exigidas por el kit de ayuda humanitaria, en varios establecimientos comerciales especializados en la comercialización de alimentos.

Se evidenció que el contrato por $150.82, por cada Kit, está muy por arriba de los precios del mercado; y que, así se sumen costos de embalaje, transporte y etiquetado, hay un claro sobreprecio. Adicionalmente, los costos de transporte no deberían ser muy significativos, por cuanto la empresa con la que se suscribió el contrato tiene sede en la ciudad de Guayaquil, y es en esa ciudad donde se estipula la entrega del 50% de los mismos.

Caso hospital Pedernales: complicidad de organismos de control

Sobre el contrato de construcción del hospital de Pedernales, el informe de la subcomisión que realizó la investigación concluye que es evidente que los organismos de control del Estado se abstuvieron de actuar con eficacia y diligencia, ante las denuncias sobre irregularidades y apelaciones por resoluciones injustas de procesos contractuales para la ejecución de la obra, dando lugar a que los perjuicios al Estado sean consumados ante su inacción, que cae en complicidad.

El documento recomienda que la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Fiscalización y Control Político, la Contraloría General del Estado, el Ejecutivo y la sociedad civil, hagan seguimiento a la ejecución del contrato de construcción del hospital básico de Pedernales.

El informe se remitirá a la Fiscalía General del Estado, para que extraiga nuevos indicios y elementos de convicción, válidos dentro de los procesos instaurados contra los transgresores de la ley.

La subcomisión estuvo presidida por Jimmy Candell Soto e integrada por los asambleístas Silvia Vera y Ramón Terán.

Fuente: Asamblea Nacional.