En la diligencia el fiscal multicompetente Milton Arroba expuso ante el juez con competencia en delitos flagrantes, Guido Andrade, las versiones de dos testigos del hecho que habría ocurrido la mañana del 1 de junio pasado, en uno de los espacios verdes del hospital Julio Endara, que se ubica en la parroquia de Conocoto, al suroriente de la capital.

“Dos auxiliares de enfermería habrían visto por la ventana al jefe financiero acercarse a los matorrales, romper y arrojar unos objetos blancos. Cuando se acercaron y examinaron dichos objetos, notaron que eran hojas de papel retaceadas de contratos y proformas –al parecer– de mascarillas y productos de bioseguridad, por lo que alertaron al director del hospital, quien llamó a las autoridades”, explicó Arroba en audiencia.

Pese a los testimonios, el fiscal aclaró que las pericias determinarán si se trata de documentos originales lo encontrados en el sitio. Como parte de los elementos de convicción usados, la Fiscalía también incluyó los informes de la cadena de custodia de 88 soportes de papel levantados de los arbustos, de dos teléfonos celulares y de un computador portátil, incautados al ahora procesado, y del informe pericial de inspección ocular técnica.

La operación en la que se detuvo a Jhontan J. llegó a pocos días de que el exdirector médico del hospital Julio Endara, Esteban Bonilla, presentó una denuncia formal en la Fiscalía para que se investiguen dos procesos de contratación por $ 8 000 para la adquisición de gel antibacterial y mascarillas N95.

Según la denuncia interpuesta, el ahora exfuncionario se habría negado a firmar ambos contratos, pues evidenció irregularidades en los productos que se pretendía adquirir, entre ellas, que no constaban en los productos la certificación de calidad de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

A decir del denunciante, tras la negativa a firmar los contratos, él habría sido removido del cargo el 27 de mayo pasado.

El abogado de Bonilla, Milton Román, confirmó la denuncia interpuesta y explicó que en el caso podrían haberse cometido delitos como tráfico de influencias, cohecho, peculado, falsificación de insumos médicos o adulteración de etiquetas, si se imprime las mismas sin autorización.

El delito de destrucción de registros está tipificado en el artículo 347 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y habla de que “la persona que destruya de cualquier modo, registros auténticos o instrumentos originales de autoridad pública o procesos judiciales, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años”. (I)