Trece allanamientos en Ambato, Otavalo, Latacunga, Sangolquí y Quito fueron realizados por agentes de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Fiscalía, la tarde y noche del jueves último.

Los seguimientos, escuchas telefónicas y vigilancias realizadas durante la investigación previa habrían permitido determinar la existencia de un grupo de funcionarios de varias instituciones públicas que obtenían información de qué facturas estaban próximas a pagarse y en qué fechas, la cual era entregada a personas externas, quienes contactaban a los beneficiarios de esos cobros y les ofrecieran agilizar el pago a cambio de una comisión del 4 %.

Si las personas no accedían a la ilegal propuesta, integrantes de la red los amenazaba con retrasar los pagos por al menos un año.

Los allanamientos en este caso alcanzaron a la celda que ocupa en la cárcel de Ambato la exfuncionaria del Seguro Social, María Sol Larrea, sentenciada por tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y peculado.

Entre las siete personas detenidas estarían dos funcionarios públicos, Todos los detenidos se encontraban a la espera de la audiencia de formulación de cargos en la Unidad Judicial de Quitumbe, al sur de Quito.

Al explicar el allanamiento en la celda de Larrea, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló que la hipótesis que se maneja es que algunas personas que eran parte de la red de cargos e influencias en la que fue investigada Larrea, también estarían relacionadas con este nuevo caso de corrupción.

Previa a la denuncia interpuesta en este caso por el ministro Martínez, un equipo del MEF llevó cerca de cuatro meses haciendo la investigación interna a partir de una denuncia ciudadana.

Según el MEF, desde marzo del año pasado el Ministerio ha presentado doce denuncias por posibles casos de tráfico de influencias, concusión, usurpación y simulación de funciones públicas, entre otros delitos. Aparentemente la serie de denuncias recibidas hablaban de personas, algunas con antecedentes penales, que se tomaban el nombre de funcionarios públicos para chantajear y extorsionar a proveedores del Estado.

“Hoy dimos un golpe fuerte a la corrupción. (…) Esta red fue detectada a raíz de varias denuncias que he venido haciendo desde marzo de 2019, con el apoyo de personas valientes que confiaron en el sistema de denuncias que creamos”, aseguró el ministro Martínez. (I)