Polémica reforma laboral francesa fue aprobada sin moción de censura
Polémica reforma laboral francesa fue aprobada sin moción de censura
La reforma de ley promovido por el gobierno del presidente, François Hollande, quedó automáticamente aprobado después de que el Gobierno evitara, con un mecanismo constitucional, el voto en la Asamblea.
«Al no haberse presentado ninguna moción de censura (…) el proyecto de ley se considera adoptado en lectura definitiva», anunció el presidente de la Asamblea Nacional, Claude Bartolone.
Ante la falta de mayoría absoluta entre los diputados para conseguir luz verde para el texto debido a la oposición de una parte de los socialistas, el primer ministro, Manuel Valls, recurrió el miércoles por tercera vez al artículo 49.3 de la Constitución que permite saltarse el voto.
Ese artículo abría, en cualquier caso, la puerta a la presentación de una moción de censura, algo que no quiso repetir la derecha y que no pudieron hacer los parlamentarios rebeldes de la izquierda porque no eran suficientes.
La nueva ley ha suscitado protestas, manifestaciones y huelgas en su contra desde que se conoció su primer esbozo en febrero, aunque su redacción final quedó sustancialmente modificada tras la concertación con los sindicatos llamados «reformistas» y, en particular, con la Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT).
Pese a todo, algunos puntos han seguido movilizando a sus oponentes, sobre todo la primacía que da a los acuerdos dentro de la empresa -siempre que se obtenga mayoría entre los representantes de los trabajadores- en detrimento de los convenios sectoriales.
Los sindicatos que se han opuesto en la calle al proyecto de ley, consideran que esa medida supondrá un mecanismo de presión para rebajar las condiciones laborales.
En ese nuevo marco de la empresa, se podrán fijar reglas sobre la organización del tiempo de trabajo o la remuneración de las horas extraordinarias, que como mínimo tendrán que pagarse con una prima del 10 %.
Otro punto muy cuestionado es que las pequeñas y medianas empresas podrán alegar, para proceder a despidos, una serie de causas en relación con un deterioro de las condiciones de su actividad.
Así, por ejemplo, las compañías de menos de 11 asalariados podrán acogerse a una caída «significativa» de sus encargos o de su facturación en un trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior.
Frente a una opinión pública mayoritariamente refractaria al texto, el Gobierno ha intentado destacar que, además de flexibilizar el mercado de trabajo, ofrece algunos derechos a los trabajadores, como la acumulación de derechos a la formación al margen del recorrido laboral (por una empresa o por varias).
Además, todos los jóvenes de entre 16 y 25 años que no tengan trabajo ni estén estudiando podrán acogerse a partir de 2017 al dispositivo de la «garantía jóvenes», con lo que tendrán un subsidio (actualmente de 461 euros mensuales) y un acompañamiento para insertarse en el mercado laboral.
