Pescadores ecuatorianos demandan a EE UU por ataque con drones a barco

Pescadores ecuatorianos demandan a EE UU por ataque con drones a barco

La tripulación del barco La Negra Francisca Duarte II, exige una indemnización y el cese de los bombardeos. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página para poder ayudarte. También puedes participar en el WhatsApp Ecuador.

Una tripulación de pescadores ecuatorianos demanda a EE.UU. ante un tribunal federal del distrito occidental de Pensilvania, en Pittsburgh, tras el bombardeo con drones armados que incendió y hundió su embarcación pesquera, ‘La Negra Francisca Duarte II’, el 17 de marzo de 2026 frente a las islas Galápagos.

La acción legal, presentada el lunes 16 de noviembre y anunciada este martes 17 de noviembre por sus abogados Jorge Chiriboga Dávalos y Dan Kovalik, reclama una indemnización, además de una orden judicial para detener los ataques letales contra embarcaciones en el océano Pacífico y el mar Caribe.

 

Detalles de la demanda cuando pescadores ecuatorianos demandan a EE. UU.

De acuerdo con el documento judicial, el pesquero zarpó desde la ciudad portuaria de Manta el 2 de marzo de 2026 para realizar labores de pesca cerca de las islas Galápagos. Al emprender el retorno el 17 de marzo dentro de la zona económica exclusiva de Ecuador, personal de la Armada ecuatoriana interceptó y abordó la nave durante dos horas para una inspección, tras la cual no halló contrabando ni actividades ilícitas y autorizó que continuaran su ruta.

Horas después de esa revisión, dos drones cargados con explosivos despegaron desde una embarcación operada por Estados Unidos e impactaron contra el barco, envolviéndolo en llamas. Dos tripulantes, identificados como Jordy Alexander Flores Lucas y Leonel Alberto Pilay Barahona, sufrieron quemaduras graves, mientras que el resto de los marineros saltó al mar para abordar pequeñas lanchas de emergencia.

Según informó The New York Times, la acción legal patrocinada por Kovalik busca reparación económica de cinco millones de dólares por daños y perjuicios y el cese de las operaciones para los integrantes de la tripulación de Manta que perdieron su principal herramienta de sustento.

 

Denuncias de detención arbitraria y traslado a El Salvador

El relato presentado ante la corte estadounidense señala que, tras abandonar el barco en llamas, los sobrevivientes se aproximaron a un buque cercano tripulado por hombres armados que hablaban inglés, vestían uniformes militares con banderas estadounidenses e insignias de la Guardia Costera (U.S. Coast Guard).

Mientras Flores Lucas fue llevado bajo cubierta para recibir atención médica, el resto de los pescadores denunció haber sido atado con bridas, encapuchado y mantenido descalzo sobre la cubierta caliente durante cerca de 24 horas sin alimentos y con escasa agua.

Al día siguiente, los ecuatorianos fueron transferidos a un buque salvadoreño en el que navegaron durante siete días hasta arribar a un puerto de El Salvador. Allí, los heridos ingresaron a un hospital y los demás permanecieron retenidos en un centro de migrantes hasta finales de marzo sin cargos claros. “Hemos puesto la demanda porque el barco era lo único que teníamos. En Ecuador nadie nos ayuda. Nos hicieron todo ese daño y por misericordia de Dios estamos vivos”, declaró el capitán Hernán Flores.

 

Contexto de los operativos marítimos y postura de Washington

El caso se enmarca en las operaciones militares impulsadas por la administración del presidente Donald Trump desde septiembre de 2025 bajo la denominada operación Lanza del Sur, que según los demandantes suma 71 incursiones solo en el Pacífico con al menos 235 fallecidos, bajo el argumento de combatir a organizaciones catalogadas como narcoterroristas.

Aunque Washington ha reconocido decenas de ataques en la región, el Departamento de Defensa y la Guardia Costera han negado su participación en el hundimiento de ‘La Negra Francisca Duarte II’, uno de tres incidentes similares sin explicación ocurridos contra embarcaciones ecuatorianas a inicios de 2026.

Por su parte, los abogados de la tripulación aseguraron que cuentan con pruebas de que los drones eran de fabricación estadounidense y pidieron investigar una posible intervención de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Asimismo, Kovalik enfatizó que los acuerdos de cooperación en defensa entre Quito y Washington —que permiten la presencia temporal de personal militar estadounidense en territorio ecuatoriano— no eximen de responsabilidad penal ni civil frente a lo que calificó como un intento de homicidio contra civiles.

 

Antecedentes de embarcaciones ecuatorianas interceptadas

La situación de los pescadores ecuatorianos se suma a otros cuestionamientos documentados por organizaciones internacionales. Entre finales de agosto y mediados de septiembre de 2026, el Comando Sur reportó la interceptación y destrucción de al menos ocho barcos pesqueros ecuatorianos en el Pacífico, señalados de supuestamente abastecer combustible a lanchas vinculadas al narcotráfico.

Sin embargo, registros de Human Rights Watch (HRW) detallan que, de los 160 tripulantes interceptados en esas operaciones, 56 fueron liberados sin cargos por decisión judicial, 40 resultaron absueltos por falta de pruebas, 50 permanecen a la espera de juicio y 14 no fueron acusados formalmente.

Para sortear la inmunidad soberana que suele proteger a funcionarios estadounidenses, el equipo legal invocó la Ley de Demandas en Almirantazgo y la Ley de Buques Públicos, buscando establecer precedentes judiciales mientras pescadores ecuatorianos demandan a EE. UU. por violaciones al derecho marítimo e internacional.