El periodista paraguayo Pablo Medina, asesinado a balazos por desconocidos, investigaba a bandas de traficantes de marihuana en el norteño departamento de Canindeyú lideradas, aparentemente, por personas vinculadas a la política.

El diario ABC Color, del que era corresponsal, publicó el viernes en primera plana el nombre de los supuestos sospechosos del crimen, residente en el pueblo Ypehu. Uno de ellos ocupa un cargo electivo en la administración municipal.

Armando Rivarola, jefe de redacción de ABC, dijo que Medina recibía amenazas de Vilmar Acosta, intendente municipal de Ypehu y militante del oficialista Partido Colorado.

También había recibido amenazas de muerte de Avilio Espínola, de la misma localidad.

The Associated Press llamó por teléfono a la alcaldía municipal de Ypehu para conocer la versión de Acosta pero no obtuvo respuesta.

La fiscalía, por su parte, indicó que las pesquisas junto con el personal de criminalística recién comenzaron.

Medina era corresponsal en el departamento de Canindeyú con oficina en Curuguaty, ubicada a 300 kilómetros al noreste de Asunción.

Canindeyú es vecina de Concepción, San Pedro y Amambay, territorio fértil para el cultivo intensivo de soja, maíz, girasol y cannabis. Se encuentra en la frontera con el estado brasileño de Mato Grosso do Sul.

El periodista Aníbal Gómez, de ciudad Pedro Juan Caballero, señaló a AP que «el trabajo de prensa en la frontera con Brasil es muy riesgoso porque los grandes temas se refieren a la marihuana y la cocaína. Yo recibí meses atrás amenazas de muerte, anónimos, tuve guardia policial por orden de la fiscalía pero sólo por un par de meses».

«Pero uno nunca sabe qué ocurrirá mañana», expresó.

El exdiputado opositor Elvis Balbuena expresó en una entrevista con AP que el Congreso debería rescatar del archivo un proyecto suyo de legalización de la marihuana para evitar más muertes violentas.

«Fui parlamentario de 2008 a 2013 pero mi proyecto de cuasi legalización de la producción de marihuana nunca se analizó en el plenario de la Cámara de Diputados porque mis colegas de entonces no me lo permitieron porque existía una barrera enorme formada por tratados internacionales para la represión al tráfico de estupefacientes», recordó.

Balbuena enfatizó que «la prohibición y la persecución a la marihuana elevan su precio y las numerosas bandas de traficantes cometen todo tipo de crímenes para llevarla a los mercados de Argentina, Brasil y Chile».

En una entrevista reciente con AP, el jefe antidroga de Paraguay Luis Rojas reveló que en el norte conviven en forma violenta más de 100 bandas de traficantes de marihuana asociadas a grupos similares de Brasil. Reconoció que en Canindeyú trabajan apenas ocho agentes antidrogas que resultan insuficientes para la zona.

Rojas estimó entonces que en Paraguay se cultiva marihuana en una superficie de entre 3.000 y 8.000 hectáreas y que cada hectárea produce 3.000 kilos con un precio promedio de 2.000 dólares el kilo.