Ministra Romo revela en su versión mensaje recibido y que estaría relacionado con investigación por delincuencia organizada

Quito –

Ni el presidente de la Asamblea, César Litardo, ni el asambleísta del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), Fernando Burbano, aportaron información sobre el contenido de la conversación entre el exlegislador Daniel Mendoza y el asambleísta Eliseo Azuero, el cual es parte del proceso penal por el delito de delincuencia organizada.

Tampoco la ministra de Gobierno, María Paula Romo, lo hizo en su versión vía telemática, pero sí habló de un mensaje de texto que le envió, el 6 de marzo pasado, un ciudadano que residía en Manabí, mientras ella estaba en una reunión con miembros del Gobierno Nacional, en Guayaquil.

El mensaje refería que quien lo enviaba había sido testigo de una conversación en la que se «planificaba una acción en contra» de Romo.

Según ella, el mensaje decía: “Estuvo aquí un ingeniero civil que usa DM para sus movimientos alejados a lo legal. Su nombre es Franklin Calderón, domiciliado en Portoviejo, tiene cheques por $ 760 mil y adicional deben retirar 500 mil más del Consorcio Pedernales (…). Como piensan que yo soy parte del equipo de ellos dijeron que necesitaban retirar este dinero urgente para llevarlo a Guayaquil y pagar votos a unos asambleístas en contra suya la próxima semana».

El mensaje habría terminado: «Le vamos a sacar la ch… a la María Paula Romo, una de las personas que ya no aparece en esto es Jean Carlos Benavides, pero es quien le da las órdenes a esta gente de trasladar el dinero».

Romo dijo que ese mismo día trasladó esa información a la Policía y pidió que se comuniquen con el ciudadano en cuestión para que se dé inicio a una investigación.

Ayer frente al fiscal, la ministra dijo que ha solicitado la materialización a través de notario de este mensaje de texto para poder presentarlo de ser necesario. Aclaró que no ha revelado la identidad de la persona que dio esta alerta, para no poner en riesgo su integridad. «Es por eso que he protegido esta información de la opinión pública hasta el día de hoy».

Ayer, Burbano y Litardo, en ese orden, rindieron, vía telemática una versión solicitada por la fiscal general Diana Salazar. La asambleístas María Mercedes Cuesta, también del BADI, debió asistir, pero un día antes ella pidió una nueva fecha para la versión, quedando la diligencia para las 10:00 del 27 de julio próximo.

Diego Rosero, fiscal encargado del caso, buscaba conocer lo que los legisladores sabían respecto a los hechos investigados, en especial sobre la conversación entre Mendoza y Azuero en el que menciona por cuatro ocasiones el nombre César, además de otros nombres y apellidos que coinciden con los que mantienen asambleístas del BADI.

Burbano, después de escuchar la lectura de los audios periciados, le dijo al fiscal que desconoce el contexto, el objeto, las motivaciones de esas conversaciones. Dejó claro que el funcionamiento del BADI no fue «orgánico, sistemático y planificado», por lo que muchas de las acciones de sus miembros fueron aisladas e incluso él optó en el último trimestre de 2019 dejar de asistir a las reuniones, convocatorias o coordinaciones del Badi.

En relación a la conversación entre Azuero y Mendoza, el presidente de la Función Legislativa reconoce el hecho de que en la misma varias veces se menciona el nombre de “César”, sin embargo, dijo, se debe tomar en cuenta que se nombra a una persona de nombre “César” sin mencionar, ni una sola vez un apellido.

«Al haber varias personas con dicho nombre, que incluso es común, no es posible deducir con claridad que se trata de uno de los miembros de la Asamblea Nacional de quien se habla en este presunto audio», mencionó Litardo, quien refirió que en su calidad de presidente mantuvo comunicación con todos los asambleístas para coordinar y cumplir con las actividades propias de la legislatura.

Tanto Burbano como Litardo fueron consultados por el fiscal y los abogados de varios de los procesados sobre quienes conformaban o quién dirigía el BADI, si conocían a alguno de los investigados. Por ejemplo, por varias ocasiones César Litardo recibió preguntas de cómo conoció al procesado Edmundo Tamayo, exsecretario del Servicio de Contratación de Obras (Secob), donde mantuvo reuniones con él o si recordaba quienes estuvieron presentes en esas reuniones. (I)