Más de una hora permaneció este jueves en la Fiscalía el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, para dar su versión dentro de la instrucción fiscal que se abrió por el delito de delincuencia organizada relacionada con un supuesto tráfico de armas y municiones del Ejército ecuatoriano.

El funcionario no dio declaraciones a la prensa debido a que su ingreso y salida lo hizo en auto por la entrada trasera de la Fiscalía, ubicada en el norte de Quito.

Pese a ello, uno de los abogados que estuvieron en la diligencia, Érick Huilca, defensa del militar procesado Martín Arroyo Vilela, señaló que lo dicho por el ministro Jarrín fue de mucha importancia para ellos y su teoría del caso.

Según él, la versión de Jarrín deja ver un sinnúmero de contradicciones que ha habido en el proceso.

Huilca aseguró que el ministro Jarrín, a diferencia de declaraciones anteriores a la prensa en las que dijo que se habrían detectado infiltraciones de grupos irregulares, en esta ocasión ante la Fiscalía habría dicho que no existe indicio alguno que revele infiltración de grupos irregulares en el Ejército.

Jarrín, según Huilca, también habría señalado que no existe ninguna información respecto a la pérdida o desaparición de munición y armamento del Ejército.

“El aporte del ministro (Oswaldo Jarrín) ha sido favorable para la defensa (del procesado Martín Arroyo Vilela), por cuanto la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas ha referido que no existe ningún tipo de pérdida ni de munición ni de armamento. Entonces no se podrían demostrar los elementos de tipo penal que se investigan”, dijo el abogado.

Por su parte, Andrés Molina, abogado de un civil y un militar procesados, coincidió con Huilca en que la versión de Jarrín no fue mayor aporte a la investigación que lleva la Fiscalía. Molina reiteró que el ministro se contradijo en esta versión, respecto a declaraciones públicas que hizo anteriormente, y se habría limitado a decir que no sabía nada de faltante alguno de armas o municiones.

La instrucción fiscal contra los 19 procesados en este caso está por cerrar con la constatación de armamento en el Fuerte Militar Huancavilca, en la provincia del Guayas.

El Ministerio de Defensa tampoco emitió un pronunciamiento respecto a esta diligencia. (I)