Mercedes Caicedo es abogada y preside el Consejo de la Judicatura, el órgano que administra la Función Judicial en Ecuador. Asumió ese cargo el 29 de abril de 2026. Fue designada en reemplazo de Mario Godoy, destituido el 18 de febrero de 2026 en medio de cuestionamientos por presiones a jueces.

Durante su posesión, Mercedes Caicedo dijo: “No he llegado aquí impulsada por ambición personal, sino llamada por una necesidad de fortalecer una institución que sostiene la vigencia del Estado constitucional de derecho”. Cinco días después, el 4 de mayo de 2026, entró al edificio de la Judicatura, en Quito, flanqueada por funcionarios y policías, quienes le dieron la bienvenida.

Antes, Caicedo fue jueza de la Corte Nacional de Justicia, donde presidió la Sala Especializada Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado.

Su paso por esa institución elevó su perfil público. Integró el tribunal en casos emblemáticos como Metástasis —considerado por la Fiscalía como “el más grande de criminalidad organizada en la historia del país”— y el caso Reconstrucción de Manabí, en el que fue sentenciado el ex vicepresidente Jorge Glas.

Su designación, en medio de una crisis

La nueva presidenta de la Judicatura fue seleccionada en un proceso rápido y en medio de una crisis institucional en la que su ex presidente Godoy duró apenas 5 meses en el cargo —tras su segunda designación. Para entender la crisis es necesario saber cómo llegan los miembros a la Judicatura.

La entidad encargada de designar a los cinco vocales de la Judicatura —incluido su presidente— es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El proceso se basa en ternas enviadas por cada una de las cinco funciones del Estado: cada función propone a tres candidatos y, tras una evaluación de méritos, el CPCCS selecciona a los integrantes.

El presidente de la Judicatura se elige de la terna que envía la Corte Nacional.

En septiembre de 2025, el CPCCS seleccionó a Godoy como el presidente, y también a su suplente: Alexandra Villacís. Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, cuando Godoy estuvo envuelto en cuestionamientos por su intromisión en decisiones judiciales y debió comparecer a su juicio político en la Asamblea Nacional, Villacís lo reemplazó en dos ocasiones.

Pero el 9 de febrero de 2026, cuando Mario Godoy volvió a tomar una licencia sin sueldo, Villacís ya no pudo reemplazarlo. El día que debía asumir, se enteró —por la prensa, dijo— de que tenía un impedimento para ejercer cargos públicos, registrado en el Ministerio de Trabajo. La razón: un reporte del Servicio de Rentas Internas (SRI) por incumplimientos tributarios.

Villacís dijo entonces que no tenía deudas con el Estado y que pediría al Ministerio de Trabajo que corrigiera ese registro para ocupar el cargo. Dijo que se trataba de una “inconsistencia administrativa”. Pese a ello, el director general de la Judicatura, Jorge Maruri Vecilla, le pidió al CPCCS que empezara un nuevo proceso de selección “a fin de prevenir una acéfala conformación del Pleno” de la institución. Lo hizo el 9 de febrero de 2026.

La madrugada del 10 de febrero, el Pleno de la Judicatura convocó a una sesión extraordinaria y nombró a Damián Larco como presidente temporal de la institución.

Inmediatamente, ese mismo 10 de febrero de 2026, el CPCCS —que tiene concursos de méritos y oposición retrasados, como la renovación de los vocales del Consejo Nacional Electoral o la designación del Defensor del Pueblo— pidió a la Corte Nacional que enviara la terna para seleccionar al nuevo presidente de la Judicatura. Dos días después, el presidente de la Corte, Marco Rodríguez, la envió. En la lista estaba Mercedes Caicedo.

Mientras Alexandra Villacís impulsaba una batalla legal —mediante un hábeas data que ordenaba levantar el impedimento para ejercer funciones públicas, pero que el Ministerio de Trabajo se negó a acatar—, el proceso de selección avanzaba en paralelo en el CPCCS.

Un informe de revisión de requisitos y prohibiciones del CPCCS, del 25 de marzo de 2026, concluyó que Mercedes Caicedo cumplía con todos los requisitos —formación, experiencia y derechos políticos— y que no tenía prohibiciones ni inhabilidades.

En abril de 2026, durante la fase de escrutinio público, hubo cinco impugnaciones ciudadanas en su contra. Una de ellas, presentada por la abogada Sofía Moreano, cuestionaba su “probidad e idoneidad” —es decir, su integridad y capacidad para ejercer el cargo— a partir de su actuación en el caso Dhruv, que investigó el delito de peculado por la compra de siete helicópteros en 2008, luego de que varios se accidentaran entre 2009 y 2015.

En 2023, los 18 procesados fueron sobreseídos —es decir, un juez decidió cerrar el caso sin llegar a un juicio. Pero la Fiscalía apeló. Según la impugnación, el tribunal de apelación —en el que Caicedo era jueza ponente— no convocó la audiencia dentro del plazo legal. Por esa demora, dijo, el proceso penal se archivó. Moreano señaló que la jueza actuó con “falta de diligencia”.

Por este caso, Caicedo ya había sido sancionada por el Consejo de la Judicatura el 21 de marzo de 2025. El Pleno —entonces presidido por Godoy— la señaló de haber “incurrido en retardo injustificado”, según una publicación de El Universo. En julio de 2025, la jueza interpuso una acción subjetiva —es un recurso legal con el que la persona actúa para defender su derecho propio— para que se declare la nulidad de la sanción. Pero aún no ha sido resuelta.

El CPCCS inadmitió la impugnación, al igual que las otras cuatro, por no “reunir los requisitos”.

El 24 de abril, Caicedo fue designada como presidenta de la Judicatura, y Ramón Echaiz Lavayen, su suplente. Para entonces, Alexandra Villacís ya había presentado su renuncia tras concluir que no había “las condiciones necesarias” para ejercer sus funciones.

Tras su posesión en la Asamblea, Caicedo escribió en su cuenta de X: “Ayer me posesioné como vocal del Consejo de la Judicatura, y con ello asumí su responsabilidad con serenidad y firmeza, consciente de que no se trata de un reconocimiento personal, sino de un deber con el Ecuador”. Llega a la institución en un momento crítico, donde hay concursos de jueces de la Corte Nacional de Justicia retrasados y un déficit de, al menos, 300 jueces en Ecuador.

Caicedo fue jueza encargada de la Corte Nacional desde 2022, tras la salida de otros magistrados cuyo período terminó.

Los casos emblemáticos en los que fue jueza

En la Corte Nacional de Justicia funciona la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado, que presidió Mercedes Caicedo. Según una publicación de El Universo, la jueza la describió así: “Esa sala con nombre de campo minado donde uno debe juzgar mientras esquiva tanto al crimen como a los intereses del poder”.

Durante los dos años que estuvo en la Corte, Caicedo integró tribunales en casos emblemáticos vinculados al crimen organizado y corrupción.

1. Caso Metástasis

Caicedo fue parte del tribunal que condenó en noviembre de 2024 a los procesados del caso Metástasis, una investigación por delincuencia organizada que reveló una red de corrupción dentro del sistema judicial ecuatoriano.

El caso surgió tras el asesinato del narcotraficante Leandro Norero, en octubre de 2022. La Fiscalía obtuvo evidencias —incluidos dispositivos electrónicos— que mostraban cómo operaba una red para manipular decisiones judiciales y evadir la justicia con apoyo de servidores públicos.

Hubo decenas de allanamientos en varias provincias del país y derivó en la detención de jueces, policías y otros servidores. Entre los sentenciados estuvo el ex presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán.

El 24 de abril de 2025, tras la sentencia, la jueza denunció ante la Fiscalía haber recibido amenazas e intimidaciones. Desde la Corte Nacional de Justicia le expresaron su solidaridad y respaldo.

#ATENCIÓN | #CasoMetástasis: con base en la contundente carga probatoria presentada por #FiscalíaEc durante los 29 días de audiencia de juicio, 20 procesados son sentenciados por su responsabilidad en el delito de #DelincuenciaOrganizada.

Detalles ⬇️https://t.co/kyv6feKQ6B pic.twitter.com/DBNntWFxJ3

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 26, 2024

1. Caso Reconstrucción de Manabí

Caicedo también fue parte del tribunal que sentenció en 2025 al ex vicepresidente Jorge Glas y al ex secretario del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, Carlos Bernal, en el caso Reconstrucción de Manabí, a 13 años de cárcel.

La investigación se centró en el delito de peculado en el manejo de los fondos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016 en Manabí y Esmeraldas, y analizó el uso irregular de recursos públicos en contratos y obras vinculadas a ese proceso.

Su trayectoria académica y profesional

Mercedes Caicedo es abogada por la Universidad de Guayaquil. Tiene un máster en Cultura Jurídica: Seguridad, Justicia y Derecho por la Universidad de Girona. Es especialista en Ciencias Penales y Criminológicas y magíster en Ciencias Penales y Criminológicas por la misma universidad de Guayaquil. Estos títulos están registrados en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecuador.

Además, según su hoja de vida —presentada ante el CPCCS para su designación—, es doctora en Ciencias Políticas por el Centro de Estudios para la Calidad Educativa y la Investigación Científica, en México.

En el ámbito profesional, en 2009 fue responsable del departamento legal del Banco Nacional de Fomento. Entre 2009 y 2010 trabajó como asistente de fiscales en la Fiscalía Provincial de Los Ríos y luego como analista jurídica en la misma institución. Entre 2012 y 2015 fue jueza de garantías penales en la Corte Provincial de Justicia de Bolívar.

Después, entre 2015 y 2021, se desempeñó como jueza del Tribunal de Garantías Penales de la Corte Provincial de Los Ríos. Entre 2021 y 2022 fue conjueza nacional y, en 2022, asumió como jueza nacional encargada en la Corte Nacional de Justicia.

En paralelo, fue profesora universitaria entre 2011 y 2025 en áreas como derecho financiero, bancario y penal, en instituciones como la Universidad de Guayaquil, la Universidad Internacional del Ecuador y la Universidad ECOTEC.

Entre sus reconocimientos consta el otorgado en 2022 por el Colegio Interamericano de Estudios Jurídicos, capítulo España, como mérito jurídico.

Su información pública

Según la Función Judicial, Caicedo tiene siete procesos de recusación —es decir, pedidos de una de las partes para apartar a un juez del caso por considerar que no es imparcial.

Según su última declaración, ya como presidenta del Consejo de la Judicatura en 2026, su patrimonio asciende a 289.883 dólares.

En la Fiscalía, Caicedo ha puesto seis denuncias, entre ellas, por violencia moral o física de odio; por intimidación —que fue en 2025, tras la sentencia del caso Metástasis—, y por secuestro.

De acuerdo con la Superintendencia de Compañías, no registra empresas a su nombre.

Y según el Servicio de Rentas Internas (SRI), en los últimos años ha pagado lo siguiente por impuesto a la renta y por impuesto a la salida de divisas:

• 2019: 2.521,88 dólares en impuesto a la renta, y 0 dólares de impuesto a la salidas de divisas
• 2020: 2.650,94 dólares en impuesto a la renta, y 0 dólares de impuesto a la salidas de divisas
• 2021: 3.572,37 dólares en impuesto a la renta, y 67,56 dólares de impuesto a la salidas de divisas
• 2022: 9.203,68 dólares en impuesto a la renta, y 260,59 dólares de impuesto a la salidas de divisas
• 2023: 8.777,2 dólares en impuesto a la renta, y 0 dólares de impuesto a la salidas de divisas
• 2024: 10.686,66 dólares en impuesto a la renta, y 50,18 dólares de impuesto a la salidas de divisas
• 2025:  11.825,94 dólares en impuesto a la renta, y 540,18 dólares de impuesto a la salidas de divisas
• 2026: período fiscal en curso