Mineros informales de San Lorenzo temen regresar a sus labores y piden ayuda estatal
María Izquierdo Angulo recuerda entre lágrimas a su hermana Nahomi Anahí, de 20 años, que murió junto con otras cuatro personas atrapadas entre los escombros por el derrumbe de una loma en la mina de cielo abierto en Balzar de los Ajos, en San Lorenzo, el miércoles.
Dijo que teme regresar a su trabajo informal de extracción minera de oro que realiza desde hace 20 años. Ahora le toca cuidar a sus dos sobrinos que quedaron huérfanos y por ello pidió ayuda estatal o de entes de asistencia humanitaria.
También relató cómo el menor Segundo Caicedo, de 13 años, junto con otros niños, entre juegos y trabajo ayudan a sus madres y familiares en la búsqueda de pepitas de oro. En el momento de la tragedia estaban ocho mujeres dentro de la poza playando el material aurífero (trabajo con bateas), cuando la loma se derrumbó.
Los fallecidos son Vanessa Vivero Caicedo (23 años), Johana Izquierdo Cortez, Nahomi Izquierdo Nazareno (20), Daisy Mina Quintero (37) y Segundo Caicedo Mina (13).
El obispo de Esmeraldas, Eugenio Arellano, junto con los representantes de Cáritas y de la Red Nacional de Pastoral Ecológica (Renape) emitieron un comunicado en el que expresaron su dolor y solidaridad con las familias que han sufrido la pérdida de sus seres queridos o resultaron heridos a consecuencia del derrumbe de una mina en dicha región.
“Ante la trágica muerte de cinco personas, entre ellos un menor de edad, por el deslizamiento de tierra en uno de los 52 frentes mineros en el cantón San Lorenzo, pide a las autoridades competentes velar por la salud de los heridos y una investigación exhaustiva para determinar la causa de estas lamentables muertes ocasionadas por la irresponsable actividad minería”, señala el comunicado difundido.
Los religiosos explican que “la actividad minera que se desarrolla en la zona norte de Esmeraldas es completamente ilegal”. Inclusive de empresas mineras que poseen permisos de operación otorgados y avalados por la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y el Ministerio de Minería, debido a que existen medidas cautelares desde el 2011.
La disposición judicial vigente desde hace nueve años protege lo ambiental, alimentación y servicios básicos en 90 comunidades de la zona norte de Esmeraldas, indica el comunicado. (I)
