Luis Javier Cartagena, de 43 años, fue atado a un poste de alumbrado público en el centro de la plaza de los Ponchos de la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura y expuesto ante decenas de personas, mientras era juzgado por el robo de víveres valorado en unos 65 dólares.

El trabajador de un local, quien pidió la reserva de su nombre, dijo que al sospechoso se lo vio sacando las cosas a través de unas cámaras de videovigilancia ubicadas en el lugar y que, al parecer, era reincidente.

El hombre alertó del hecho y la gente logró atrapar al sospechoso. Luego se convocó al Cabildo para deliberar sobre su accionar. Parte del castigo fue hacerlo caminar por las principales calles de la urbe y exponerlo públicamente. Se trata de una sanción moral, explica Rocío Cachimuel, presidenta de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura, FICI.

Pero también se le aplicó la física, como la ortiga, agua helada y latigazos con el fin de “purificarlo” y “guiarlo por el buen camino”. Sin embargo, el hombre, quien fue encontrado culpable, decía que no lo había hecho y con palabras soeces amenazó a los dirigentes con hacerles daño.

Rumiñahio Jimbo, presidente del Cabildo Kichwa Otavalo, aseguró que si alguien sale lastimado o hay represalias, convocarán a todas las comunidades. Al final, el hombre fue entregado a la Policía Nacional, que lo llevó en una ambulancia a una casa de salud. Sus familiares se encargaron de devolver parte de lo sustraído y dinero en efectivo.