Luego de cinco diferimientos, la jueza de Pichincha, Yadira Proaño, ordenó que la nueva fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra el sueco Ola Bini y el ecuatoriano Marco Arguello, ambos acusados del delito de acceso no consentido a un sistema informático, sea el 3 de diciembre próximo a las 09:30 en el Complejo Judicial Norte, en Quito.

El último diferimiento fue el 17 de marzo pasado y se dio para evitar complicaciones debido al estado de emergencia que vivía el país por la pandemia por COVID-19.

En agosto de 2019, a días de que concluya la instrucción fiscal en este caso el fiscal Fabián Chávez presentó ocho elementos de convicción para pedir a la jueza Proaño dé paso a la reformulación de cargos, para en lugar de investigarlos por el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos se los procese por acceso no consentido a un sistema informático.

Fiscalía habría ubicado elementos que revelaban que el extranjero ingresó de forma ilegal a servidores de entidades públicas. La información habría sido extraída de un teléfono celular de Bini, al cual peritos informáticos de criminalística ingresaron al obtener la clave de nueve dígitos.

Carlos Soria, defensa del sueco Bini, explica que esperan que el 3 de diciembre próximo la jueza Proaño, en base a todos los argumentos que van a presentar en la audiencia, se de cuenta de que este es un proceso completamente nulo, declare la nulidad del mismo y sobresea al sueco.

Soria cree que será imposible que la Fiscalía pueda desvirtuar los elementos de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se han cometido en este caso, desde la detención misma.

«No lo digo yo, lo dice una sentencia de habeas corpus mediante la cual Ola Bini recuperó su libertad. La consecuencia de esa sentencia fue la recuperación de la libertad, pero lo que sancionó fue que la detención de Ola Bini fue ilegítima e ilegal. Al haber sido ilegítima e ilegal todo lo actuado desde el momento que tomaron contacto con Bini en el aeropuerto, todo es absolutamente nulo», señaló.

Para el abogado de Bini, la Fiscalía no tuvo elementos para comprobarle el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos del que se le acusaba inicialmente y peor ahora tendrá pruebas para sostener que es necesario ir a juicio porque su cliente ha cometido el delito de acceso no consentido a un sistema informático.

«Esperamos un ejercicio de justicia de parte de la jueza Yadira Proaño y ya no de política. Esperemos que la salida de María Paula Romo del Ministerio de Gobierno haya parado estos intentos abusivos de interferir en la justicia», concluyó. (I)