“Los recursos que fueron destinados al parque Las Vegas en Portoviejo pudieron haber sido invertidos en 578 casas para familias que aún no las poseen”.

Es la postura del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio, incluido en el informe Reconstrucción de Manabí, presentado el pasado 13 de marzo y que expone supuestas irregularidades en la contratación de obras para reactivar a la provincia que fue asolada por el terremoto del 16 de abril de 2016.

El presupuesto del parque Las Vegas fue de $ 11’546.116. Con ese rubro, el ente de control señala que se pudieron erigir 578 casas, al relacionar que con los $ 7’000.000 invertidos en el programa habitacional San Cayetano, en Chone, se dio techo a 352 familias.

Además, al repasar contratos de infraestructura habitacional, educativa, de Salud, desarrollo económico, vialidad…, el Consejo transitorio plantea principalmente investigar al ex secretario técnico del Comité de Reconstrucción, Carlos Bernal Alvarado, por presunciones de tráfico de influencias, enriquecimiento privado no justificado y defraudación tributaria.

La investigación sustentó la denuncia que presentaron el 17 de abril pasado el presidente del CPCCS, Julio César Trujillo, y la vocal del organismo, Miriam Félix, ante la Fiscalía.

El ente concluye que supuestamente “no existe una verdadera reconstrucción y menos activación de la economía” transcurridos tres años del potente remezón de magnitud 7,8 que dejó 671 muertos, la mayoría en Manabí, por colapso total o parcial de edificaciones.

“En vivienda se utilizó una inversión de $ 575’000.000 (…); se han entregado casas, pero aún hay personas bajo carpas, también de la tercera edad y con necesidades especiales en refugios improvisados, como lo pudimos verificar en Bahía de Caráquez, Jama, Pedernales y Portoviejo”, refiere el Consejo.

Al mencionar que respeta la opinión del Consejo transitorio, el alcalde de Portoviejo, Agustín Casanova, destaca el impacto positivo del parque Las Vegas. “No solo había que considerar la reactivación económica sino la emocional”, expresa.

Inaugurada el 1 de febrero de 2018, el área recreativa, de 11 hectáreas de superficie, cerró el año con 78 eventos y un registro total de más de 148.000 asistentes, según el alcalde Casanova.

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El Consejo transitorio indica que el Comité detalló la obra como de reactivación económica sin que ello, a su criterio, “concordara con su naturaleza”. “(Es) una obra de regeneración urbana, como la misma Secretaría de Reconstrucción lo menciona contradictoriamente en su séptimo informe (enero-marzo 2018)”, consta.

Cita que hay obras prioritarias pendientes, como los centros comerciales autónomos. Y observa que el espacio provisional de la calle Alajuela (…) tenga techos de zinc. “Confina a comerciantes y usuarios a soportar temperaturas sofocantes, tampoco es una infraestructura que precautele la mercadería en caso de lluvias”, describe.

Casanova replica que ya hay disponibilidad de baños, que los vendedores pueden dejar sus artículos en el sitio a diferencia de antes del terremoto cuando los guardaban en bodegas, ya que laboraban en las aceras, explica, y recuerda la exoneración de tasas municipales del 2017 y 2018, como incentivo.

Demandando acciones para la reactivación económica, los portovejenses salieron a las calles el 8 de marzo de 2018. “La reconstrucción de la zona comercial era prioridad después del 16-A”, se leía en carteles.

Casanova sostiene que el Gobierno ya aprobó la obra de un centro comercial a un costo de $ 14’000.000.

Algunos datos

La reconstrucción de Manabí comprendió una inversión total de $ 2.040’600.000 (respecto a esta cifra, el Consejo transitorio toma como fuente al Ministerio de Finanzas).

Según el Consejo transitorio, $ 274’000.000 se invirtieron en Salud, pero “aún faltan tres hospitales por contratarse y cuatro por asignar”. “La ciudadanía sigue atendiéndose en hospitales provisionales, levantados en carpas y contenedores, como en Pedernales, Chone y Bahía de Caráquez”, cita.

En agua potable y saneamiento, el ente señala que el monto fue de $ 188’300.000; en educación, $ 194’561.011; y en reactivación productiva, $477’000.000. (I)