Control del consumo y microtráfico pasa a los municipios y a la Policía Nacional

Quito –

Los municipios y distritos metropolitanos del país controlarán y sancionarán, bajo los lineamientos de la Policía Nacional el consumo y microtráfico de drogas en espacios públicos, según lo determinó la Asamblea Nacional al tramitar 13 objeciones del Ejecutivo al proyecto de Ley contra el Consumo y Microtráfico de Drogas.

De las trece objeciones, la Legislatura se allanó a las observaciones realizadas a los artículos 2, 3, 6 y la disposición transitoria primera del proyecto, y se ratificó en los textos aprobados por la Asamblea de los artículos 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y la disposición transitoria cuarta. Por falta de votos, el veto al artículo 17 será aprobado por efecto del plazo para el trámite de las objeciones.

La polémica en este proyecto se centró en el artículo 17 respecto a la competencia de los gobiernos autónomos descentralizados para determinar los espacios públicos donde se prohíbe el consumo y microtráfico de sustancias sujetas a fiscalización, y además el control y sanción por parte de los municipios.

El Ejecutivo observó que los municipios y distritos metropolitanos podrán definir los espacios públicos donde se prohibirá el consumo y microtráfico de drogas, pero bajo los lineamientos de la autoridad rectora en seguridad ciudadana interna, esto es la Policía Nacional. Que la determinación de los espacios públicos, bienes de uso público y bienes afectados al servicio público en los cuales se regulará, prohibirá y controlará el uso y consumo de drogas estará alineada a las regulaciones nacionales.

Además, observó que la prevención, disuasión, vigilancia y control del uso y consumos de drogas en espacios públicos estará a cargo de la Policía Nacional, para lo cual podrá contar con el apoyo de los cuerpos de agentes de control municipal o metropolitano, quienes colaborarán en cumplimiento de lo destinado en las leyes que rigen esta materia y la seguridad ciudadana, las ordenanzas y este código.

En cambio, en la propuesta inicial aprobada por la Legislatura se planteó que tanto los espacios públicos donde estará prohibido el uso y consumo de drogas, así como el control y sanción estaría a cargo de forma directa de los municipios y distritos metropolitanos, lo cual fue objetado por el Ejecutivo y planteó que esas medidas deben alinearse a las regulaciones nacionales y a los órganos de seguridad ciudadana.

El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea, Héctor Yépez, resaltó que lo importante de esta normativa es la prohibición de consumir drogas en los lugares públicos sin importar la cantidad, además se ratificó que todo lo incautado por narcotráfico será destinado a prevención y rehabilitación para los consumidores y las familias.

También se ratificó la colocación de cámaras de vigilancia y realizar operativos dentro y fuera de los establecimientos educativos para detectar y detener el expendio de drogas, y fortalecer la prevención con educación cívica y educación en valores desde la escuela hasta la universidad, que constarán en sus mallas curriculares. (I)