Tres años de cárcel para policías que recibieron soborno de USD 60

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Los gendarmes no notificaron de una detención a un ciudadano en supuesto estado etílico.

Punto Noticias.- El sargento Milton Iván T. y al cabo segundo Antonio R. recibieron tres años de pena privativa de libertad por el delito de concusión. Los policías recibieron USD 60 de un procedimiento que no fue notificado a sus superiores. El acto ocurrió en Morona Santiago.

Los hechos ocurrieron el 18 de septiembre de 2020, en el cantón Logroño. Un individuo conducía su automóvil por el sector de San Carlos, cuando fue interceptado por los sentenciados. El sargento salió del patrullero y le exigió que el conductor saliera de su vehículo.

Al principio, el ciudadano no quiso salir del automóvil, argumentando que no había cometido ninguna infracción. Pero, el agente alegó que el conductor estaba en estado etílico: el policía amenazó a la persona, la esposó y la metió al patrullero.

Antonio R. manejó el vehículo del sujeto detrás de Milton Iván T. Sin embargo, los gendarmes no comunicaron este procedimiento al ECU 911, ni a sus superiores: los sentenciados se dirigieron hasta la casa del hermano de la víctima. El ciudadano le pidió prestado el dinero a su familiar; pero él se negó.

Los implicados se dirigieron hasta la casa de la víctima: su vecina le prestó USD 60. Nuevamente, los policías subieron al detenido al patrullero, ahí fue entregado el dinero. Después del acto, la persona fue puesta en libertad.

El fiscal José Altamirano sustentó la acusación en contra de los policías a través de los testimonios de la víctima, su hermano y su vecina. Además de los policías que intervinieron en la detención de los sentenciados, que efectuaron el reconocimiento del lugar y de evidencias, así como la reconstrucción de los hechos.

El delito de concusión ocurre cuando un funcionario público abusa de su cargo o funciones, para ordenar o exigir la entrega de derechos, cuotas no debidas. El artículo 281 del Código Orgánico Integral penal (COIP) establece una sanción de tres a cinco años en prisión.

N.A.

Fuentes: Fiscalía General del Estado

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