Ante estos hechos, el gobernador de El Oro, Danilo Maridueña, solicitó a la Fiscalía iniciar una investigación.

Una de las primeras acciones de la Coordinación Zonal del Ministerio de Salud Pública (MSP) fue cambiar a Richard Molina por Marco Castro en la gerencia de esta casa de salud, que atiende a pacientes con coronavirus desde el inicio de la pandemia en el país.

Además se supo que se habría iniciado una auditoría interna para detectar las presuntas irregularidades en el hospital.

Charles Arcaya, hijo de Wilson Arcaya, quien falleció con COVID-19 el pasado martes en esta casa de salud, lamentó que los médicos le hayan pedido tres recetas. “En cada una de ellas nos pedían una ampolla de Actemra (cuyo valor unitario es de casi $60), apenas logramos reunir como $500, estuvimos casi una semana pidiendo ayuda y mi padre murió”, comentó.

En la puerta de ingreso de la calle Buenavista, en Machala, varias personas permanecen casi todos los días esperando algún reporte del estado de salud de los pacientes. “Casi más de una semana me enviaban recetas que tenían un costo de hasta $40”, señaló Goda Zapata y agregó que desde el pasado fin de semana se suspendió la entrega de las recetas y que tampoco tenía información del estado de salud de dos de sus hermanas contagiadas.

El coordinador zonal del MSP, José Procel, dijo que los médicos de este hospital no deberían entregar recetas a los familiares. “No hay un tratamiento para la enfermedad, cuando un paciente está en los hospitales públicos, los médicos deben entregar medicamentos que constan en el cuadro nacional de medicamentos básicos, de no existir en la normativa de atención los médicos deben emitir un informe para que se haga la compra”, citó.

Los familiares de los pacientes señalaron que las recetas que recibieron venían firmadas por los médicos del hospital y que eran entregadas por los guardias y personal de esta casa de salud. “No existe de dirección de criterio que se les envíe a cualquier familiar que compre medicamentos, debieron hacerse los trámites técnicos, ya hemos hecho los llamados de atención por los medicamentos utilizados”, agregó el coordinador zonal.

Marlen Cruz relató que durante el tratamiento de su mamá, Amada Alvarado, le cobraban hasta $10 por cada foto de su familiar. Contó que solo en medicinas gastaba más de $2500.

“Pensamos que con este medicamento iba a sanarse, pese a que es costoso y que incluso lo vendía una sola farmacia cerca al hospital”, dijo.

Su progenitora perdió la batalla contra el virus y falleció el 28 de junio, cuando fueron a retirar el cadáver “me entregaron como una bolsa de basura y envuelta con cintas de embalaje”, añadió Cruz.

El gerente encargado del hospital Teófilo Dávila, Jorge Castro, se refirió a la denuncia de Marlen Cruz. “Yo creo que hay una percepción equivocada por algún incidente aislado que haya ocurrido en algún momento con el embalaje de los cadáveres”, dijo.

Durante la emergencia, para este hospital se adquirieron 200 fundas para cadáveres a un costo de aproximadamente $22 cada una. Algo más de $4000 por esa compra.

El exgerente Richard Molina dijo que sí tuvo conocimiento de denuncias similares e incluso señaló que puso una denuncia en la Fiscalía de El Oro para que se investigue el hecho. El nuevo gerente sostuvo que se trataría de gente ajena al hospital, más bien apuntó a las empresas contratantes. (I)