Lo que cambiaría con la reforma al Cootad que votará la Asamblea
Lo que cambiaría con la reforma al Cootad que votará la Asamblea en segundo debate. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página. También puedes participar en el WhatsApp. Si usas Telegram ingresa al siguiente enlace.
Reforma al Cootad redefine gasto de los GAD y genera alertas políticas y financieras en municipios y prefecturas.
La Asamblea Nacional tramita el 20 de febrero de 2026 una reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter de urgente en materia económica.
Nueva regla para el uso del presupuesto local
El proyecto dispone que los GAD asignen al menos el 70 % de su presupuesto anual a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos. El 30 % restante podrá destinarse a gasto corriente, incluido el pago de sueldos y remuneraciones.
La iniciativa también incorpora obligaciones de transparencia. Los gobiernos locales deberán publicar cada trimestre la composición de su gasto por ítems y reportar los avances en el cumplimiento de la regla fiscal. Además, el Ministerio de Finanzas tendrá que elaborar y remitir informes de seguimiento a todos los GAD.
Cambios en la expropiación de asentamientos humanos
La reforma plantea modificar el artículo 596 del Cootad. El objetivo es fortalecer el régimen de expropiación especial aplicable a los asentamientos humanos de hecho y consolidados.
El texto en trámite busca ajustar el marco legal vigente para este tipo de procesos, en el contexto de la regularización territorial que ejecutan los gobiernos locales.
Comisión aprueba informe para segundo debate con seis votos
Con seis votos afirmativos, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, calificado como urgente en materia económica.
La presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, señaló que la iniciativa responde a una preocupación del Estado sobre la estructura del gasto de los GAD. Indicó que una parte considerable de los recursos se destina al pago de sueldos y salarios sin garantizar de manera adecuada la provisión de servicios básicos, y afirmó que el proyecto busca asegurar eficiencia y sostenibilidad en el uso de fondos públicos por parte de municipios y prefecturas.
Control, transparencia y datos de la Contraloría
Centeno precisó que durante el tratamiento legislativo se ratificó la exclusión de las juntas parroquiales del alcance de la reforma, en atención a un pedido formulado por el Conagopare. Añadió que la propuesta no reduce los presupuestos asignados a municipios y prefecturas y respeta la regla constitucional de distribución mínima de recursos, pero reorganiza el gasto y define con claridad qué corresponde a inversión y qué a gasto corriente.
La presidenta de la Comisión advirtió que, según datos remitidos por la Contraloría General del Estado, entre 2023 y 2024 más del 30% de los exámenes especiales realizados a municipios reflejan indicios de responsabilidad penal, con presuntas infracciones como elusión de procedimientos, tráfico de influencias y falsificación de documentos.
También recordó que entre 2021 y 2024 el 64 % de los recursos transferidos a los cantones se destinó a gasto corriente, principalmente salarios, y sostuvo que el proyecto busca fortalecer los mecanismos de control y orientar los recursos hacia servicios básicos e infraestructura.
Advertencias del Municipio de Quito
Desde el Municipio de Quito se han expresado reparos frente al alcance de la propuesta. La administración capitalina señaló que una reducción del gasto corriente podría afectar la entrega de capital semilla a emprendedores, la atención a más de 265 000 personas en situación de vulnerabilidad y los 42 servicios directos y 92 convenios sociales que ejecuta el Patronato Municipal San José.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, afirmó en una entrevista radial que programas como 60 y Piquito, los comedores comunitarios, los servicios de salud mental y los centros Quito Wawas podrían quedar sin financiamiento.
Educación, autonomía y el segundo debate
En el ámbito educativo, el cabildo advirtió que la reforma podría implicar el recorte de más de 1.400 docentes municipales, el cierre de escuelas y la reducción de programas de atención psicológica, médica y odontológica.
Muñoz sostuvo que el proyecto “debe ser archivada” y argumentó que vulnera el principio de generalidad de la ley, ya que “no puede aplicarse de manera igualitaria a todas las jurisdicciones”. También indicó que la medida afecta la autonomía financiera de los gobiernos locales reconocida en la Constitución.
“Los municipios y prefecturas administran recursos provenientes de sus ciudadanos, y tenemos la facultad de decidir su uso. Nadie puede interferir en nuestra autonomía”, afirmó.
Recordó que la regla 70/30 ya rige para los recursos que provienen del Gobierno Central, pero no para los ingresos propios de los GAD.
El Pleno de la Asamblea Nacional sesionará el 20 de febrero de 2026 en la Universidad Ecotec, en Guayas, para conocer y votar el proyecto en segundo debate.
Reclasificación de programas y posible reducción de transferencias
El alcalde de Cristian Zamora señaló que la reforma obligaría a reclasificar como gasto corriente programas que actualmente se consideran inversión. Según explicó, ese cambio alteraría la estructura presupuestaria bajo la cual operan los gobiernos locales.
Zamora indicó que esta modificación dificultaría cumplir con la regla fiscal que exige destinar el 70 % a obra pública y advirtió que podría disminuir las transferencias del Gobierno central hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Deuda del Gobierno central y efecto contable permanente
La prefecta de Paola Pabón sostuvo que la reforma tendría un impacto financiero estructural en los gobiernos subnacionales. Según manifestó, la deuda del Gobierno central con los GAD bordea los 1.000 millones de dólares.
Pabón afirmó que, si la reforma se aprueba en los términos planteados, esa cifra podría desaparecer contablemente y convertirse en un recorte permanente anual para los gobiernos locales.
Pronunciamiento conjunto de autoridades locales
El 11 de febrero, alcaldes, prefectos y representantes de gobiernos parroquiales emitieron una alerta pública frente al proyecto de reforma al Cootad que se tramita en la Asamblea Nacional.
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— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) February 17, 2026
Las autoridades locales expresaron su preocupación por los efectos que tendría la norma sobre la estructura presupuestaria de los GAD y sobre los recursos que administran en sus respectivas jurisdicciones.
Unidad Popular exige archivo del proyecto y anuncia posible acción constitucional
La organización política Unidad Popular solicitó el archivo del “Proyecto de Ley para la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los GAD” y sostuvo que la iniciativa constituye un recorte que afectaría las rentas de los gobiernos provinciales, municipales y juntas parroquiales rurales.
En su pronunciamiento, indicó que la propuesta pretende reducir alrededor de 968 millones de dólares y que ello impactaría la prestación de servicios esenciales y la inversión pública local.
En el mismo documento, la organización responsabilizó al gobierno de Daniel Noboa y a ADN por impulsar la medida y anunció que, si la mayoría legislativa aprueba el proyecto, presentará una acción ante la Corte Constitucional por considerar que existe una vulneración de derechos. Además, pidió la apertura de un debate público con participación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y organizaciones sociales.
