Las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, así como de Estudios Legislativos Segunda y de Gobernación del Senado aprobaron de manera unánime el dictamen que podría convertirse en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En el dictamen se prevén sanciones de hasta 105 mil 150 pesos de multa para aquellos funcionarios que se nieguen a proporcionar información solicitada por agencias de investigación o por instituciones de defensa y protección ciudadana.

Se señalan quince causales para que el Ifai reprenda a servidores públicos, entre las que se encuentran la falta de respuesta a las solicitudes de información, negligencia, dolo o mala fe para difundir información obligada.

Sin embargo, a diversas instituciones y organizaciones les sigue preocupando la falta de claridad en algunos artículos que dejarían abierta la puerta a que se castigue al individuo u organismo que pidan información que pueda poner en riesgo alguna otra investigación.

El dictamen, que ya ha sufridos diversas modificaciones desde su paso por las comisiones y el pleno de la Cámara de Diputados, así como por las comisiones del Senado, llegarpa ahora al pleno de esta última cámara para ser aprobada en lo general y en lo particular y esperar simplemente a ser decretada.

LO BUENO

Entre las modificaciones principales en este último filtro se encuentra la nueva facultad del Ifai de abrir todas la información relacionada con violaciones a derechos humanos sin necesidad de esperar a la CNDH.

La ley obliga a Pemex y al gobierno a transparentar los tratos que establezca con privados en materia de hidrocarburos.

Los fideicomisos, sindicatos, partidos políticos y Cámaras Legislativas serán considerados «sujetos obligatorios de la ley», es decir, deberán entregar información y cumplir las sanciones que el Ifai solicite en todo momento.

Tras múltiples escándalos sobre millones de pesos en impuestos que Hacienda perdonara a empresas como Televisa, la ley contemplará también dar acceso al Ifai a la información sobre condonación de impuestos que la SHCP haga a cualquier empresa.

LO MALO

Lamentablemente, la información sobre condonaciones será entregada de modo limitado hasta que un juez determine que no pone en peligro «la estabilidad económica del país». En otras palabras, se busca evitar la fuga de capital y la especulación en la bolsa  que tendrían lugar si se revelaran demasiado rápido el nombre de empresas o instituciones que obtienen trato preferencial del gobierno. Por otro lado, este tendrían que ser un problema de la secretaría de Economía y de la de Hacienda, no de los ciudadanos en general. Sería un triunfo que esta restricción fuera retirada de la ley en el pleno del Senado, pero parece poco probable.

A su  vez, el consejero jurídico de la Presidencia de la República podrá interponer recursos ante la Suprema Corte cuando se considere que la información pedida por el Ifai u otro pondría «en peligro la seguridad nacional». Este último término se ha convertido en el instrumento preferido de los legisladores para establecer excepciones sin fundamento a normas que protegen derechos humanos (en este caso, el derecho a la información).

Se consideran trece causales para reservar información, entre ellas: que se comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa nacional, que se afecten políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero, o se ponga en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras o del sistema financiero, entre otras.

LO FEO

El  más importante de los peligros  de este dictamen es que instancias, como la SEIDO, el Estado Mayor Presidencial, la SEDENA, las autoridades de investigación de IFT, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y el Centro de Planeación, Análisis e Información para el Comabate a la Delincuencia Organizada no serán sujetos obligados, precisamente por ser tomadores de decisión en temas de seguridad nacional.

Obtener información de esas instituciones será un proceso mucho más complicado. Estas restricciones van completamente en contra del objetivo fundamental de la ley y asumen que las agencia de investigación y las instituciones de seguridad del país funcionan como deben, lo que es evidentemente falso.

Por primera vez en mucho tiempo durante la presente legislatura, los senadores de todas las tendencias se mostraron satisfechos con el presente dictamen.

La ley, con todo y su baches, llegará 2 años tarde, completamente desfasada de la renovación del Ifai y tras escándalos de transparencia en investigación, como aquella que iniciara el ejército sobre el caso Ayotzinapa.

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