Si lo vemos como un todo, en México el agua no escasea pero la distribución desigual del ha dado lugar a estrés hídrico significativo en varias partes del país. Hay infraestructura deficiente, contaminación y desperdicio debido a una gestión ineficiente y una población en crecimiento.

La Cámara de Diputados aprobó en comisiones el dictamen de la nueva Ley General de Aguas, con lo que se podría usar el agua en la técnica del fracking para extracción de gas shale, y le daría beneficios adicionales a la iniciativa privada.

El dictamen aprobado este miércoles no fue elaborado por los legisladores, sino que fue enviado directamente desde las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y fue distribuido a los legisladores de oposición apenas dos horas antes de que iniciara la reunión de las comisiones unidas.

Con 31 votos de los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), las comisiones unidas de Recursos Hidráulicos y Agua Potable y Alcantarillado

No hubo votos en contra ni abstenciones porque los supuestos partidos de izquierda abandonaron la sesión con el argumento de que no podían con este despojo a los mexicanos, porque era una ley privatizadora.

No incluyeron 10 puntos básicos que eran demandas de diversas organizaciones de la sociedad civil y defensoras de pueblos originarios:

* Reconocimiento de los derechos preferentes sobre el agua que tienen los pueblos y comunidades indígenas y el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.
*Garantizar la participación social amplia en todos los órganos y organismos de administración y gestión del agua.
*Garantizar el derecho humano al agua y sus mecanismos de exigibilidad.
*Contar con una política pública amplia e instrumentos de aplicación adecuados.
*Establecer las áreas de importancia sociohídricoambiental, particularmente la protección de los humedales.
*Incluir los dictámenes de impacto sociohídrico para obras y actividades hidráulicas, así como las evaluaciones de costo-beneficio sociohídricoambiental.
*Garantizar presupuesto anual destinado a la gestión y administración del agua, equivalente al 0.7% del PIB y 5% del presupuesto anual.
*Incluir el régimen de asignaciones aún vigente y limitar el régimen de concesiones.
*Prohibir las transferencias y otorgarlas sólo por cinco años prorrogables de acuerdo con la disponibilidad del agua y condiciones ambientales del entorno y cuando exista estrés hídrico se cancelarán las concesiones y permisos.
*Crear la Procuraduría de Justicia Hídrica y la Contraloría Social, limitar las atribuciones de la Conagua.

Según la agencia de inteligencia Stratfor, México se ve limitada por su geografía, que consiste en un territorio limitado núcleo situado en una meseta rodeada de de difícil control de montañas, desierto y selva. Y aunque no es un país con escasez de agua: Tiene 3.776 metros cúbicos de agua por persona por año, hay una inadecuada asignación geográfica.

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