Contraloría abrió más de 200 auditorías a compras en los 89 días de pandemia
Las sospechas de actos de corrupción en las compras públicas motivaron 208 acciones de control de parte de la Contraloría General del Estado durante 83 días de la emergencia sanitaria por la propagación del COVID-19 en el Ecuador.
De acuerdo con reportes oficiales, la Contraloría inició auditorías en 87 hospitales de la red del Ministerio de Salud Pública (MSP), 31 hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 17 gobiernos provinciales, en 61 municipios y empresas públicas municipales, 2 gobiernos parroquiales, 9 entidades de la Función Ejecutiva y 1 en el Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil n.º 2.
Las acciones se dan a procesos de adquisición de compras de bienes, insumos, servicios, consultorías; insumos médicos o sanitarios, medicamentos, construcción de bóvedas para cementerios, tractores para desinfección, hasta repavimentaciones de calles, aceras, adoquinados y mejoramientos de calzada. En casi todos se argumenta que es para “atender la emergencia declarada por el COVID-19”.
Información del Portal de Compras Públicas (Sercop) registraba hasta ayer que, como parte de la emergencia, 897 entidades a nivel nacional contrataron por un monto que bordea los $190 551 574,61 en 5715 contrataciones. De estos números se han emitido 1568 resoluciones y 3749 informes.
En el marco de los informes aprobados con indicios de responsabilidad penal, la Contraloría General del Estado dio a conocer de dos nuevas conclusiones aprobadas el 4 de junio en compras realizadas por la Empresa Pública Metropolitana de Agua y Saneamiento de Quito (Epmaps).
Son dos contrataciones relacionadas con insumos para la desinfección de instalaciones y otra por la adquisición de equipo de protección. El equipo auditor observó que pese a que la Epmaps contaba con stock de productos químicos para la desinfección, como el hipoclorito de sodio, se decidió contratar el servicio y provisión del químico denominado PTDO2.
El requerimiento fue para tratar más de 693 000 metros cuadrados, pero se pagó “en exceso $0,59 por metro cuadrado lo que afectó, según el órgano de control, el presupuesto de la empresa en $409 312,46, lo que es equivalente al 269 % de diferencia no justificada”, detalló.
Se mencionan inconsistencias durante las cotizaciones, como por ejemplo, que la persona (cuyo nombre no se menciona) que se encargó de realizar el estudio de mercado obtuvo las proformas a través de un tercero, “al que auditoría no ha podido contactar”.
Se verificaron inconsistencias entre las fechas de suscripción del contrato y la ejecución, y que las actas de entrega-recepción no corresponden a “operaciones reales”.
Aunque la Contraloría no menciona ni identifica a la entidad contratante, en el Sercop consta el proceso de un servicio de desinfección a las instalaciones operativas y administrativas que asciende a $65 2124,93 con Latinkursa Proyectos Estratégicos.
En un segundo proceso se detectó que las compañías invitadas a participar en la compra de respiradores, monogafas y trajes de protección están “relacionadas entre sí comercialmente a través de sus accionistas”, reza el informe.
No se hizo una comparación de costos para determinar insumos a menores precios.
Por lo que, por cada mascarilla se cancelaron $4,76, por las monogafas $6,60 y $15 por los trajes de protección. “La diferencia entre el costo total del contrato y el estudio de mercado efectuado por una auditoría es de $73 544”.
En el Sercop –donde se registran estos dos contratos– se observa que la contratista es Silverti S. A., por $167 920.
Las irregularidades observadas en la Empresa hicieron que la Fiscalía detuviera a cinco personas, ahora investigadas por el delito de peculado. (I)
