La Veeduría Ciudadana que vigila el concurso público de selección y designación de 16 jueces para la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se queda sin diez miembros a menos de dos meses de la nueva fecha dispuesta para tener la lista oficial de quienes ocuparán un cargo en el más alto órgano de justicia del Ecuador, es decir, el 6 de febrero próximo.

La mañana de este martes, la veedora Ana Abril dio a conocer de la renuncia a conformar esta instancia que tomaron en estas últimas horas nueve integrantes y Gustavo Lemos, quien presentó su renuncia la semana pasada. Abril, subcoordinadora de la Comisión Jurídica de la Veeduría Ciudadana conformada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), explicó que dejan la veeduría porque no pueden seguir formando parte de un concurso en el que se ha perdido la objetividad y credibilidad por parte del ente que está organizando, es decir, el Consejo de la Judicatura (CJ).

Junto con Abril y Lemos renunciaron también a la veeduría Zoila Bustos, Dolores Caravedo, Manuel Calero, Delia Rosales, Gloria Ludeña, Luis Vargas y Nayo Vivanco

«Nosotros hemos venido poniendo de manifiesto varios defectos y falencias del concurso de jueces para la CNJ, sin embargo, no hemos tenido el eco necesario de las autoridades para que se resuelvan estas falencias o para que se rehaga el concurso tal como lo exhortó el CPCCS, el 25 de noviembre pasado», aseguró Abril, al tiempo de explicar que de los 64 veedores que fueron posesionados, hoy solo quedan 31 y a las reuniones asisten un promedio de 22 o 24 de los integrantes.

Las fallas y errores que habrían obligado a la renuncia de los diez veedores serían por vicios en el reglamento del concurso, porque fue expedido antes de que exista la veeduría. Para ellos, las faltas son que no hubo control social ni hubo publicidad ni transparencia en la etapa previa del concurso cuando también debía contarse en esta etapa con el control social.

Además, un sistema informático vulnerable; anomalías que se seguirían presentando porque es un reglamento complaciente, ya que permitiría que supuestamente el CJ haga cambios aun en el transcurso del proceso, cuando normalmente las reglas tienen que ser dadas de manera previa; novedades en el nombramiento de los Comités de Calificación y recalificación y en un banco de preguntas extremadamente cuestionado.

El lunes último, el pleno del CJ dio a conocer que el 6 de febrero próximo, un día antes de las elecciones, sería la nueva fecha dispuesta para que el concurso termine y exista la lista final de postulantes que ganaron uno de los 16 puestos que deberán tener un recambio en la Corte Nacional.

En esa reunión, frente a las críticas por posibles inconsistencias y errores en la selección, la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, defendió el proceso e insistió en que se trata de “un proceso transparente”, que no tiene comparación con los efectuados en administraciones anteriores.

Abril, en nombre de los veedores renunciantes, aclaró que no tienen ningún interés personal en juego sobre el concurso y que la única motivación que han mantenido es el interés ciudadano, la honestidad y la transparencia.

«Lo peor de este concurso es que puede haber derechos de los ciudadanos postulantes vulnerados y la segunda parte es que va a haber, de todas maneras, en los jueces que se nombre un hálito de sospecha. (…) Nosotros vemos difícil este concurso cuando tranquilamente lo podrían rehacer», concluyó la ahora exveedora Abril.

Un día antes, el veedor Washington Barragán afirmó que a pesar de ciertos errores detectados, el cronograma debe ser cumplido para evitar eventuales presiones políticas con el cambio de gobierno. (I)