La tarde de este miércoles, la Fiscalía de Imbabura realizó el reconocimiento del lugar y de las evidencias físicas recolectadas para investigar el asesinato de Diana Carolina Ramírez Reyes.

El hecho de sangre ocurrió el pasado 19 de enero cuando un venezolano, padre del bebé que llevaba en su vientre, la tomó como rehén y recorrió 12 cuadras amedrentándola con un cuchillo en el cuello.

A las 15:00, los peritos fueron posesionados para iniciar las diligencias en el patio de comidas donde trabajaba Diana para luego recorrer las calles céntricas de Ibarra, donde se registraron los hechos.

Minutos antes de las 16:00 llegaron al lugar donde la víctima fue apuñalada y luego se dirigieron a las bodegas de la Policía Judidicial, donde reconocieron las evidencias físicas como el cuchillo y los teléfonos móviles de la víctima y de su atacante, así también otras evidencias.

Mauricio Castro, tío político de la víctima, pidió justicia e hizo un llamado a las autoridades para que brinden ayuda a los dos hijos de Diana, de 4 y 6 años de edad.

«Ninguna autoridad se ha hecho presente hasta el momento, los niños necesitan ayuda y ahora es cuando», dijo Castro.

Durante estos once días transcurridos de los 30 días establecidos para la instrucción fiscal, el encargado de representar a la familia de la víctima explicó que están recopilando la información.

«Como parte acusadora particular estamos acompañando a la Fiscalía a la recopilación de pruebas para la investigación», dijo el abogado Andrés Castro.

Además, a esta diligencia llegó Fernando Balda y represententes de su estudio jurídico, quienes dijeron que colaborarán gratuitamente en la representación de la familia.

Marlon Jácome, uno de los abogados del estudio de Balda, señaló que solicitarán que se cumpla la reconstrucción de los hechos y que no descarta la existencia de otros delitos.

«Además del delito de femicidio, existe secuestro y omisión por parte de la Policía, delitos que demostraremos más adelante durante el proceso», enfatizó Jácome.

También señaló que no descartan la posible omisión no solo de la Policía sino también del Estado. (I)