La recién creada Unidad de Recuperación de Activos de la Procuraduría General del Estado (PGE) realizó, la tarde de este viernes, en el cantón El Empalme, provincia del Guayas, el embargo sobre los derechos y acciones en ocho solares que suman una superficie de 1 900 m2 que estaban a nombre de la excoordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), María Sol Larrea, y su esposo.

Los bienes, los cuales se ubican en el barrio Teca, cantón El Empalme, son recuperados dentro del proceso por enriquecimiento ilícito en el que fue sentenciada la exservidora pública. En la zona se conocía que en los lotes de terreno se pensaba construir una clínica privada.

En la misma causa, el martes pasado, se ejecutó el embargo de los derechos y acciones que Larrea tenía sobre un consultorio en el edificio Torre Médica 2, de Guayaquil.

Santiago Terán, jefe de la Unidad de Recuperación de Activos, lideró la diligencia. La unidad de la PGE fue creada con el objetivo de ejercer el patrocinio del Estado en los procesos de ejecución de las sentencias dictadas dentro de casos penales de corrupción que incluyen a exservidores públicos.

Según lo dispone el Código Orgánico General de Procesos, luego del embargo, el bien será valorado por un perito, como paso previo a su remate. El caso debe ya estar en fase de ejecución del fallo.

Mediante un comunicado, la PGE señaló que, en el ejercicio de la representación judicial del Estado ecuatoriano, agotará los mecanismos y ejercerá las acciones previstas en la Ley para que los sentenciados cumplan con lo dispuesto por los jueces y restituyan el daño ocasionado al país.

La madrugada del jueves último se suspendió en el Complejo Judicial Norte, en Quito, la audiencia de juzgamiento contra Larrea, dentro de la causa que investiga otro delito de lavado de activos. En ese caso son procesadas Larrea, Marcelo E., Carlos E. y siete personas jurídicas.

La diligencia inició la mañana del miércoles último y en más de 15 horas de diligencia, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha escuchó las teorías del caso por parte de las partes procesales y las pruebas de cargo que presentó la Fiscalía General del Estado.

En la audiencia, el fiscal del caso presentó la prueba testimonial, pericial y documental recabada durante la investigación, para demostrar la responsabilidad de los procesados. Se piensa que Larrea junto con su esposo y cuñado (Marcelo E. y Carlos E., respectivamente) obtuvieron contratos por aproximadamente $ 91.1 millones en el periodo 2008-2018, tiempo en el Larrea ocupó altos cargos públicos (entre 2008 y 2015). (I)