Para los organismos internacionales defensores de derechos humanos no hay la menor duda de que en países como Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia no existe el debido proceso y menos independencia judicial. Basta recordar a un Chávez decretando detención de 30 años a la jueza María Afiuni, al liberar a detenido detestado por el mandatario. O a Rafael Correa asistir personalmente a juicio donde él pedía se condenara al diario El Universo por 40 millones de dólares por injuria, accediendo los amedrentados jueces a sus absurdas pretensiones.

Allá los jueces no son nombrados por su imparcialidad e independencia y menos por su preparación académica. En Ecuador se dice que la justicia tiene un nombre: Rafael Correa, alias Mashi Rafael; igual en Bolivia. En Nicaragua es el partido oficialista el que los designa.

El pasado 22 de septiembre la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Panamá atendió la extradición de Galo Lara, perseguido político ecuatoriano, acusado de un crimen que no cometió, pero que no es del caso discutir en Panamá. El 16 de septiembre de 2013 Ecuador, a través de Alerta Interpol pidió detención de Lara Yepes. Se pide cuando hay condena. No la había; la hubo el 20 de septiembre en un fallo no ejecutoriado, objeto de recurso de casación resuelto el 20 de noviembre. Con base en ese criterio de ilegalidad (y de mentira y falsedad del gobierno ecuatoriano), Panamá otorgó asilo a Lara Yepes el 13 de octubre 2013. Al darse el asilo, como consecuencia se negaba extradición.

Se pidió nueva extradición basados en nuevos hechos, probadamente falsos, fundamentados en los mismos planteados en primera solicitud. Se sentencia el viernes 16 de mayo de 2014 en tribunal a seis horas de Quito (Babahoyos) y ese sábado 17, día no laborable ni en Ecuador ni en Panamá, hace el siguiente recorrido: Corte Suprema del Ecuador, su Cancillería, que lo remite a Relaciones Exteriores de Panamá. ¿Había o no un interés de favorecer rápidamente la extradición de Lara Yepes? Ni Superman hubiese sido más diligente. Recordemos que para realizar esta operación destituyeron al canciller Núñez Fábrega, quien se negó a revocar el asilo concedido a Lara.

La Sala Penal, en votación de 2 a 1, señala en su decisión: “Para la Sala Penal es legítima la petición de evacuar (practicar) pruebas documentales, testimoniales o periciales en apoyo a los argumentos que se vayan a plantear en una audiencia”. Ese mismo argumento planteó el magistrado Harry Díaz en su salvamento de voto: “No se han podido evacuar pruebas al respecto para determinar si es un perseguido político”. Dicho magistrado definió lo que es un perseguido político, lo cual es retratar de cuerpo entero a Galo Lara Yepes. Entonces, ¿por qué pruebas no fueron practicadas? ¿Por qué derechos humanos fundamentales, como el derecho a la defensa, no fueron respetados?

Dice el magistrado Díaz para definir perseguido político: “Persona que critique o exponga a un gobierno al extremo de constituirse en un problema”. Galo Lara le descubrió públicamente al presidente Correa viajes del avión presidencial que transportaban dinero y drogas. Probó que el nombramiento de su primo Pedro Delgado como presidente del Banco Central era violatorio de la ley por falsificar título de economista; huyó del Ecuador. Como esas hubo más de 30 denuncias.

A pesar de que no se practicaron pruebas solicitadas, hecho aceptado por la misma Sala Penal y reprochado por el magistrado Díaz en su salvamento de voto, la decisión fue la de aprobar la extradición a tambor batiente. Curiosamente, la decisión de la Corte Suprema fue conocida en el diario Crítica un día antes de que fuera pública: ¿conexión directa entre la Sala Penal y uno de los periódicos de Ricardo Martinelli?

Le queda ahora al presidente Juan Carlos Varela la decisión de extraditar o no a Galo Lara. Lo tendrá que hacer frente a todas las incongruencias de un fallo absurdo y ajeno al derecho, que está pendiente de consideración por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que Dios lo ilumine. Si Lara regresa a Ecuador, Rafael Correa se encargará de eliminarlo.

*Abogado y político

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